San Salvador, 30 sep (EFE).- El exministro de Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde (2016-2019), dijo este lunes que espera un fallo absolutorio en un juicio que enfrenta junto a otras 18 personas por la supuesta malversación de fondos.
"Lo que podemos decir con toda seguridad es que acá lo único que podemos esperar es un fallo absolutorio y confiamos en que la autoridad judicial va actuar con apego a la legalidad" para "tener la libertad definitiva muy pronto", apuntó el policía de carrera a periodistas.
Ramírez Landaverde y Ramón Roque, exinspector general de la Dirección de Centros Penales, junto a 17 personas más enfrentan un juicio por la supuesta malversación de cerca de medio millón de dólares, aunque en un inicio se les acusó públicamente por 14 millones de fondos de tiendas que fueron instaladas dentro de las cárceles del país.
Apuntó que a lo largo del juicio, que se encuentra en su etapa final, "no ha surgido ningún elemento que venga a confirmar la acusación".
"Todos los testigos, toda la prueba confirma lo que nosotros hemos sostenido: no hubo ninguna desviación de fondos, mucho menos algo que se pueda llamar sustracción o apropiación".
Añadió que "todos los fondos se utilizaron para lo que la misma ley establece, lo programas de los privados de libertad y las necesidades de la Dirección General de Centros Penales".
El pasado 25 de septiembre, la organización no gubernamental Cristosal señaló en un comunicado que las particularidades del juicio que enfrenta el exministro Ramírez Landaverde y otras personas "permiten considerar que se trata de una persecución política".
"Las particularidades de este caso permiten considerar que se trata de una persecución política, a través de prácticas que violentan los principios que deben regir la investigación y el ejercicio responsable de la acción penal", indicó la entidad.
Ramírez Landaverde fue nombrado ministro de Justicia en enero de 2016, en el Gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Antes se había desempeñado como director general de la Policía Nacional Civil de 2014 a 2016 y como subdirector de esa entidad entre 2012 a 2014.
El exfuncionario, quien enfrenta el proceso penal en libertad condicional, fue capturado en septiembre de 2021 por supuestamente estar involucrado en malversación de fondos durante la Administración de Sánchez Cerén.
De acuerdo con la Fiscalía General, el Ejecutivo de Sánchez Cerén permitió que la Asociación Yo Cambio (Asocambio) administrara las tiendas en el interior de las cárceles "sin ningún control del Estado", lo que "dio pie para crear un mecanismo para poder lucrarse".EFE
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