La organización no gubernamental venezolana Provea informó que Eduardo Torres, abogado y miembro de su equipo, recibió “la primera visita de un familiar” el pasado jueves después de estar “casi cinco meses incomunicado” en prisión.
Provea calificó como “arbitraria” la detención de Torres y señaló que todavía “sigue pendiente” la realización de su “audiencia preliminar, que ha sido suspendida en tres oportunidades”.
El abogado permanece recluido en la cárcel de Yare II, ubicada en el estado Miranda, cerca de Caracas, según la organización.
“Eduardo Torres, al igual que todos los presos políticos, merece estar en libertad plena”, manifestó Provea.
El 13 de mayo, el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó el arresto del integrante de Provea y declaró que la detención está relacionada con una presunta participación en una trama para “generar violencia” en las elecciones regionales y legislativas celebradas el 25 de mayo.
Tres días antes del anuncio de Saab, Provea había reportado que se desconocía el paradero del abogado.
De acuerdo con el registro de la organización Foro Penal, al 29 de septiembre hay 838 presos políticos en Venezuela.
Madres de presos políticos pidieron una Navidad sin “detenidos injustamente”
Por su parte, un grupo de madres de jóvenes presos políticos en Venezuela pidió este miércoles una Navidad sin “detenidos injustamente”, para lo que entregó un documento al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el que solicita una audiencia con su presidenta, la chavista Caryslia Rodríguez, sobre la revisión de los casos de sus hijos.
Según una nota de prensa, se trata de la quinta comunicación que el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, agrupado por familiares de detenidos en el contexto de la crisis desatada tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, entrega al Supremo, tras no recibir respuesta a las presentadas los días 19 y 26 de febrero pasado, además del 18 de marzo y el 5 de agosto.
El grupo espera ser recibido por Rodríguez y también por la presidenta de la Sala Penal del TSJ, Elsa Gómez, para “conocer la situación del proceso de revisión de los casos planteado por el Ministerio Público” (MP, Fiscalía), que el pasado julio indicó que se había “solicitado más de doscientas revisiones de medidas relacionadas con los casos”, según el escrito.
Las madres aseguraron que, hasta la fecha, no tienen información sobre el avance de estas revisiones y que, mientras tanto, se suman “más días de prisión injusta sobre las personas arbitrariamente detenidas”.
Además, señalaron que el próximo mes se cumple un año del llamado de Nicolás Maduro a los fiscales y jueces del país a revisar las detenciones registradas luego de las presidenciales y los procesos judiciales respectivos, con el fin de “rectificar” en caso de que haya habido errores.
“Si bien desde ese momento se inició una serie de liberaciones escalonadas, desde el mes de marzo ese proceso se encuentra suspendido sin ninguna explicación”, señala la nota del comité de madres.
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