La ONG Súmate, fundada por María Corina Machado, denunció este sábado que la Justicia venezolana -alineada a la dictadura de Nicolás Maduro- ordenó iniciar el juicio contra su coordinadora, Nélida Sánchez, basándose en un acta “forjada”.
En un comunicado, difundido a 76 días de la detención de la activista por sus tareas en materia de formación ciudadana electoral, la organización señaló que la reciente decisión del juez del Tribunal Tercero de Control con Competencia en Terrorismo de dar curso al proceso y mantener “los cinco delitos” de los que se la acusa “violó los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso” de la opositora ya que se basa “en el acta policial del SEBIN, que incurre en el vicio de falso supuesto”.
Asimismo, acusaron al magistrado de haber “desestimado sin justificación los argumentos presentados por la defensa pública en cuanto a que el acta policial, que justifica la detención de nuestra Coordinadora, incurre en vicio de falso supuesto porque los hechos no se corresponden con la verdad” y exigieron que se declare “nula la prueba presentada, así como todos los actos procesales que tengan fundamento” en ella.
“Expresamos nuestro rechazo y repudio a esta nueva decisión judicial (...) ya que incrementa el desasosiego, la angustia y el dolor de nuestra compañera, que a la fecha cumple 76 días detenida y, por ende, el de su familia, que la acompaña en este viacrucis inmerecido e injusto”, insiste el comunicado.
“Insistimos que el Estado debe garantizarle a nuestra compañera el goce y el ejercicio de todos sus derechos como lo establece el artículo 19 de la Constitución de la República, entre ellos el de su libertad personal, ya que es una ciudadana ejemplar, lo cual se puede corroborar con su actuación de vida, en la que resalta su contribución a la formación ciudadana para el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos el de elegir y ser elegido, lo cual no es delito ni causa para ser enjuiciada”, concluye el texto.
Sánchez fue detenida el pasado 26 de agosto, en el marco de la represión post electoral desatada en Venezuela. Según informó la ONG, fue secuestrada por funcionarios del SEBIN, llevada a la sede regional del organismo en Los Teques y, posteriormente, trasladada al Helicoide. Todo ello transcurrió en un lapso de cuatro días en los que ni su familia ni su equipo de defensa fueron notificados al respecto.
Desde entonces, está recluida en condiciones que no son apropiadas para sus requerimientos de salud, dado que padece de enfermedades como una afección cardíaca, fibromialgia y asma, lo que podría representar un riesgo para su bienestar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares el 7 de septiembre y exigió a las autoridades que adopten “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” y revertir esta situación.
La opositora “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”, entre ellos “los derechos a la vida e integridad personal”, denunció la CIDH en un comunicado entonces y advirtió, a continuación, que su detención podría “tener por objeto intimidar a la propuesta beneficiaria, obstaculizando el ejercicio de sus labores de defensa de derechos humanos”.
(Con información de EFE)
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