El cibercrimen ya es la tercera economía del mundo y amenaza con golpear con fuerza a Latinoamérica

El cibercrimen dejó de ser un asunto técnico para transformarse en un fenómeno económico global. Según estimaciones internacionales, este negocio ilícito mueve más de 10,5 billones de dólares al año, lo que lo convierte en la tercera economía mundial, solo detrás de Estados Unidos y China. En este contexto, América Latina enfrenta un panorama especialmente preocupante, con un aumento sostenido de ataques informáticos y una grave escasez de profesionales en seguridad digital.

Los expertos coinciden en que la región no está preparada para hacer frente a una industria criminal que evoluciona con gran velocidad. A pesar del crecimiento de la digitalización y la dependencia tecnológica, el nivel de protección sigue siendo bajo y la inversión insuficiente. En la mayoría de los casos, las empresas carecen de políticas robustas y de líderes especializados que orienten su estrategia de ciberseguridad.

Esta falta de preparación ha convertido a Latinoamérica en uno de los blancos preferidos por los ciberdelincuentes. Las organizaciones públicas y privadas se enfrentan a amenazas que van desde el robo de información hasta la paralización total de sus sistemas. En este escenario, especialistas subrayan la necesidad de adoptar una cultura de ciberresiliencia que combine prevención, detección, respuesta y recuperación ante los incidentes digitales.

El negocio del cibercrimen avanza a un ritmo que supera la capacidad de defensa de gobiernos y empresas. Según Sergio Oróña, CEO de Sparkfound, “estamos frente a un negocio criminal que crece más rápido que las capacidades de protección. Si no se actúa con rapidez, el impacto económico y social será devastador”.

En Argentina, por ejemplo, solo el 20% de las grandes compañías dispone de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) activo, mientras que entre las pequeñas y medianas empresas esa cifra cae a apenas el 5%. En el resto de la región, las cifras no son muy diferentes: apenas el 2% de las organizaciones cuenta con un CISO (Chief Information Security Officer) que lidere su estrategia de protección digital.

Esta falta de liderazgo deja a miles de empresas vulnerables frente a ataques cada vez más sofisticados, como el ransomware, el phishing o las intrusiones dirigidas. Cuando un sistema no está protegido, los delincuentes pueden acceder a información sensible, paralizar operaciones o exigir rescates millonarios en cuestión de minutos.

Mientras los ataques digitales se multiplican, la cantidad de especialistas formados no crece al mismo ritmo. En América Latina existe un déficit de profesionales en ciberseguridad que se estima en cientos de miles. La brecha se amplía cada año y limita la capacidad de respuesta de las empresas y los gobiernos.

Los expertos señalan tres ejes clave para revertir esta situación. En primer lugar, fortalecer la formación y reconversión profesional, creando programas de capacitación accesibles en universidades, institutos técnicos e iniciativas de reskilling. Muchos trabajadores del sector tecnológico cuentan con los conocimientos básicos, pero necesitan entrenamiento específico y certificaciones que los habiliten para roles críticos.

En segundo lugar, fomentar la colaboración público-privada, mediante incentivos y políticas conjuntas que promuevan el desarrollo de talento especializado. Los países que avanzaron en esta dirección han logrado reducir significativamente la brecha.

Por último, recurrir a la tecnología como aliada a través de servicios de ciberseguridad administrada, como SOC, SIEM y SOAR, que permiten acceder a herramientas avanzadas sin depender de grandes inversiones iniciales.

El desafío para América Latina no se limita a proteger los datos de las empresas: también está en juego la confianza digital de sus ciudadanos y la estabilidad económica de la región. La ciberseguridad debe asumirse como una prioridad estratégica y no solo como un asunto técnico.

El futuro dependerá de la capacidad para actuar con rapidez. Si los gobiernos, las instituciones educativas y el sector privado trabajan en conjunto, podrán crear un ecosistema seguro y resiliente. De lo contrario, el cibercrimen continuará expandiéndose como una de las industrias más rentables del mundo, dejando a la región cada vez más expuesta a un enemigo que no descansa.