El crecimiento de las estafas telefónicas ha impulsado la aparición de diversas estrategias para enfrentarlas. Una de ellas es el ‘scambaiting’, una práctica en la que personas simulan ser víctimas de estafas con el fin de exponer a quienes las realizan, interrumpir su actividad o recopilar información sobre sus métodos.
El término ‘scambaiting’ combina las palabras en inglés ‘scam’ (estafa) y ‘bait’ (cebo). Su ejecución consiste en responder llamadas de estafadores, aparentar interés en sus ofrecimientos y mantenerlos en línea mediante interacciones simuladas.
Esta práctica es realizada por individuos o grupos que, en algunos casos, graban y difunden los resultados a través de internet. No existen organizaciones reguladoras de esta actividad ni protocolos oficiales que definan sus límites, por lo que sus formas de operación son diversas.
Durante una sesión de ‘scambaiting’, el interlocutor actúa como una persona desprevenida, dispuesta a entregar información personal, datos financieros o permitir el acceso remoto a su dispositivo.
Para ello, se utilizan sistemas como máquinas virtuales, que permiten aislar el entorno digital real del usuario para evitar daños y documentar la actividad del estafador.
El objetivo no siempre es frustrar el fraude en curso. En muchos casos, los participantes buscan obtener detalles técnicos, registrar patrones de comportamiento o identificar elementos que puedan servir para rastrear la infraestructura usada en las estafas.
Algunos también usan estas sesiones para ocupar el tiempo de los estafadores y disminuir su capacidad de contactar a nuevas víctimas.
Los resultados de estas acciones se suelen publicar en plataformas digitales. En estos materiales, se muestran fragmentos de llamadas reales donde los estafadores explican los supuestos pasos para resolver problemas inexistentes, como errores bancarios o alertas de seguridad en dispositivos.
En algunas ocasiones, se logra que los estafadores compartan datos de sus operaciones, como direcciones IP o nombres de empresas desde las que se hacen pasar.
Las llamadas se realizan a través de sistemas de voz por internet (VoIP), lo que permite falsificar la identidad del número emisor y dificultar su rastreo. Algunos ‘scambaiters’ analizan estos detalles técnicos para intentar ubicar a los responsables o compartir los datos con proveedores de servicios digitales.
¿Es legal hacer scambaiting?
La legalidad del scambaiting depende del país. Grabar llamadas sin consentimiento o acceder a sistemas ajenos, aunque sea con fines de investigación, puede contradecir normativas locales.
Por esta razón, muchas de las personas que participan en esta práctica operan de forma anónima o bajo seudónimos. A nivel internacional, no existe un consenso sobre los límites legales de esta actividad.
El impacto del ‘scambaiting’ no se limita a las interacciones individuales. Su divulgación ha contribuido a que más personas reconozcan las señales comunes de una estafa: urgencia para actuar, amenazas encubiertas, promesas de premios inexistentes, instrucciones para instalar software de control remoto o solicitudes de transferencias rápidas de dinero.
Estos elementos, que se repiten en distintos formatos de fraude, son señalados en los contenidos generados por quienes realizan esta práctica.
A pesar de no ser un método institucional, el ‘scambaiting’ ha funcionado como una forma de resistencia digital frente a las estafas masivas. Su efectividad depende del conocimiento técnico de quienes lo ejecutan, así como de su capacidad para mantenerse dentro de los márgenes legales.
En algunos casos, se ha informado que los datos obtenidos han sido entregados a las autoridades competentes, aunque no siempre se logra una respuesta oficial.
En América Latina, donde las estafas telefónicas son frecuentes y adoptan múltiples formatos, esta práctica aún no es ampliamente difundida. Sin embargo, algunos contenidos en redes sociales muestran adaptaciones locales de esta estrategia.
El crecimiento de su uso en la región dependerá de factores como el acceso a herramientas digitales, la capacitación en ciberseguridad y la coordinación con iniciativas de prevención impulsadas por gobiernos o empresas tecnológicas.
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