Para muestra, un botón, dicen. Se llama Jorge V., tiene 55 años, y se asentó en la localidad bonaerense de Caseros y en la Ciudad de Buenos Aires después de haber dejado su Tierra del Fuego natal. Registrado como autónomo en la venta al por mayor de metales y minerales metalíferos hizo de su profesión una ‘empresa’ millonaria: en promedio, en los últimos tres años, 11 meses y un día, los investigadores descubrieron que depositó a razón de 15.238 dólares diarios. Claro, el origen del dinero era poco santo y hoy está preso.
Jorge V. es uno de los nueve empresarios acusados de haber contrabandeado bronce, cobre y materiales ferrosos en toneladas y lavar el dinero proveniente de la ilegalidad en financieras. Todo con la ayuda de funcionarios públicos y agentes de seguridad que son investigados por recibir sobornos para mirar para otro lado.
Así, la banda lograba sacar camiones y camiones por la frontera rumbo a Paraguay y Bolivia. Luego, el cargamento llegaba a Perú y desde allí se vendía a Europa, EE. UU. y China. Y el retorno en dinero cada cual lo lavaba a su manera. En el caso de Jorge V., hacía depósitos cripto.
Eso fue lo que descubrió la justicia, en una megacausa que investiga la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, secretaría única de Fernando Vallone.
En ese expediente, en los registros de la Unidad Analítica Digital de la Policía Federal Argentina (PFA) se divisó que Jorge V. poseía una cuenta de criptoactivos en el proveedor Binance.
El dato más violento sobre este detenido al que accedió Infobae es que entre el 26 de abril de 2021 y el 22 de marzo de 2025, recibió 413 depósitos en USDT equivalentes a 21.806.316,57 dólares, y retiró un total de 21.682.615,39 USDT en 425 operaciones.
“Le incautaron 44.090 USDT en criptoactivos“, explicaron fuentes del caso a este medio. Durante un allanamiento en su casa del barrio porteño de Flores, a una cuadra de Caballito, le secuestraron tres autos: un Citroën C3, un Ford Mondeo y un Audi A3.
No fue el botín más cuantioso el que encontraron en la casa de Jorge V. En uno de los domicilios a un implicado le secuestraron 4 millones de dólares en efectivo: “Les ofreció a los funcionarios que estaban en el procedimiento lo que quisieran de esa pila de plata para que lo dejen ir”. Y quedó también imputado por cohecho.
No fue el único: hay varios funcionarios públicos y agentes de seguridad en la mira de la Justicia por haber colaborado con facturas faltas, avisos y por haber simplemente hecho la vista gorda. “A uno le pagaron con una transferencia a su billetera virtual”, habían ejemplificado las fuentes del caso para dar cuenta de la impunidad con la que se manejaban.
“La complicidad de los funcionarios públicos y de seguridad es evidente y es materia de investigación”, explicaron y dijeron que, por eso, en un punto del caso, hubo secreto de sumario en el expediente.
“Contrabandeaban cantidades y cantidades industriales de insumos críticos. Y luego recibían millones de dólares y criptos que inyectaban en el mercado negro. Básicamente, saqueaban al país con la complicidad de funcionarios y agentes de seguridad”, le había dicho uno de los investigadores a este medio para graficar el volumen obsceno de la maniobra.
La investigación se originó a partir de un desprendimiento de la denominada “Operación Comando Crypto”, instruida en septiembre de 2023, vinculada a cuevas financieras y al lavado de dinero de organizaciones criminales con base en Brasil, como el Primer Comando Capital (PCC).
En ese contexto, la declaración de un imputado colaborador aportó información relevante sobre este grupo de empresarios argentinos que realizaban operaciones de contrabando de materiales ferrosos y que ahora están presos.
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