La defensa del pastor evangelista acusado de explotación laboral agravada, ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre y maltrato animal, solicitó la absolución y liberación inmediata en la última jornada del juicio ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, durante una presentación que duró más de tres horas.
El abogado Mauricio Varela presentó los argumentos para sostener la inocencia de su defendido, Roberto Tagliabué, a quien se lo acusa de haber cometido los hechos mencionados, entre el año 2001 y 2022 en la iglesia El Shaddai y el establecimiento denominado Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones (PCRA).
Durante su presentación, el letrado manifestó que la acusación se origina en una denuncia presentada por un hombre a quien calificó como “adicto” y que, según la defensa, formuló sus dichos para justificar un robo previo en el que habría intentado sustraer pertenencias del propio acusado. “Esto se trata de una denuncia falsa de un hombre que era un adicto y que para justificar un robo dio la versión de que había sido explotado por el pastor”, argumentó. En declaraciones recogidas por el diario La Capital, el defensor sumó que “el origen de esta causa es una declaración prestada por alguien imputado en una causa por robo agravado por el uso de armas, causa que se tramitó en la justicia provincial. En ese contexto, ejerciendo su derecho de defensa, intentó justificar su conducta inventando que había sido víctima de explotación laboral”, se extendió.
El caso se encuentra en su etapa definitiva al aguardo de que el juez Roberto Falcone comunique el veredicto en la audiencia del próximo lunes 13. La fiscal federal Laura Mazzaferri —quien integra el cuerpo junto a las auxiliares María Eugenia Montero y Diana Arias, y del PROTEX Victoria Sassola—, pidió 14 años de prisión tras más de tres años de preventiva que viene cumpliendo Tagliabué. Además, solicitó la inhabilitación especial perpetua para “el ejercicio de toda actividad vinculada a la medicina, psicología, acompañamiento terapéutico, dirección de centros de tratamiento de adicciones o programas comunitarios de salud y también de actividades relacionadas con el desempeño del culto, por el máximo legal, como medida de protección de la salud pública y de prevención especial”.
Durante sus alegatos, Varela insistió con que “no hubo maltrato ni ejercicio ilegal de la medicina, ya que la asistencia brindada era espiritual, no médica”.
El abogado refutó de esta manera los elementos principales del expediente al sostener que ningún testimonio demostró privación de la libertad ni actos coercitivos. “No hubo encierros ni coacción, que nadie fue retenido contra su voluntad. No hubo explotación. No hubo beneficio económico”, explicó la defensa sobre los hechos que están siendo juzgados desde mayo pasado, cuando comenzó el juicio. En tanto, desde el Ministerio Público Fiscal subrayaron: “Se han comprobado cabalmente durante el debate aquellos indicadores que permiten acreditar que las víctimas resultaban explotadas con fines laborales a través de la reducción a la servidumbre, como práctica análoga a la esclavitud”. La gran mayoría de las personas que llegaban al centro, padecían antecedentes de adicciones, dificultades económicas y conflictos judiciales.
Explicaron además que el programa que promocionaba el religioso exigía a los asistentes el pago de gastos por alimentación, alojamiento y el aporte de un diezmo mensual, mientras se retenían fondos provenientes de ayudas sociales o pensiones por discapacidad pertenecientes a las víctimas. El régimen interno contemplaba el uso de multas económicas y vales entregados solo para adquirir productos en el minimercado interno, según describieron. Por tal razón, Mazzaferri incluyó en su solicitud el otorgamiento de una indemnización de aproximadamente 136 millones de pesos para las víctimas. Además, reclamó que se disponga el secuestro de cinco vehículos y dos motocicletas vinculados a la investigación, el decomiso de dos propiedades situadas en la calle Génova que habrían sido empleadas para captar o alojar a los afectados y la confiscación del terreno donde funciona la iglesia.
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