El juicio oral contra Samanta Joana Vilches, una expareja de un preso vinculado a la narcocriminalidad, comenzó ayer miércoles en Rosario. La mujer está acusada jugar un papel central en la gestión de las extorsiones perpetradas contra comerciantes en el primer semestre de 2022. Su novio era quien organizaba los ataques desde la cárcel, si no pagaban el dinero que les exigían.
Junto a ella, se juzga a Vanesa Luna y a Lucas Robay Romagnoli, también por su participación en la misma estructura.
Durante la apertura del juicio, el fiscal Pablo Socca focalizó el alegato en la sofisticación de los esquemas delictivos comandados desde las cárceles de Santa Fe, abordando la expansión de lo que denominó “pymes carcelarias”.
El funcionario señaló la implementación de sistemas de extorsión conocidos como “protección” a comerciantes y resaltó la falta de control o incluso la posible connivencia de autoridades penitenciarias, según informó el portal Rosario3.
Antes de la detención de Vilches en mayo de 2022, su vínculo personal con Fabio Giménez fue clave para el funcionamiento de una estructura que mezclaba extorsiones, amenazas y homicidios encargados desde la cárcel. Giménez, con múltiples condenas vigentes, articulaba estos delitos a través de familiares, parejas y menores de edad, funcionando desde una celda compartida en la prisión de Coronda.
A Vilches se le atribuye el rol de organizadora dentro de una asociación ilícita cuyo jefe máximo era Giménez. En la dinámica habitual, ella realizaba “tareas de inteligencia” como tomar fotografías o reunir datos sobre comerciantes, que luego eran trasladados a Giménez para la ejecución de mensajes intimidatorios o acciones directas.
Entre los episodios detallados en la acusación figura el caso de un empresario del sector de mudanzas y transportes, quien fue objeto de persecución sistemática y amenazas directas. De acuerdo con la instrucción judicial, Vilches identificó y recolectó información sobre el entorno familiar de la víctima, facilitando la extorsión.
Otro de los hechos más graves se refiere al dueño de un comercio en barrio Las Heras, quien tras recibir reiterados mensajes extorsivos sufrió un ataque armado sobre la fachada de su local. Las amenazas concluyeron con el pago de 280 mil pesos, según consta en los testimonios y pruebas presentadas.
El fiscal Socca argumentó que estas maniobras respondían a una lógica de mercado criminal instaurada desde 2021 en Rosario: el cobro de dinero a comerciantes bajo la excusa de ofrecer “protección” frente a eventuales ataques. “Protección de quién, si no de los mismos extorsionadores”, planteó Socca. Bastaba con dejar un cartel con un número de teléfono y, en ocasiones, disparar contra el local para instalar el miedo y activar el pago.
Para Vilches, la acusación es por dos extorsiones consumadas, dos en grado de tentativa, y por su papel como organizadora de la asociación ilícita. El pedido de condena del fiscal asciende a 20 años de prisión. Vanesa Luna, por otro lado, está imputada por dos casos de extorsión como partícipe primaria, para quien Socca solicitó una pena de 9 años. Lucas Robay Romagnoli, que compartía pabellón con Giménez, está acusado de tentativa de extorsión, con una solicitud de 6 años.
Giménez, principal referente de la banda, ya recibió una condena a prisión perpetua por un homicidio cuya víctima, Nicolás “Fino” Ocampo, estuvo vinculado a Esteban Alvarado. Además, un acuerdo abreviado le otorgó otros 15 años de prisión en concepto de múltiples extorsiones cometidas desde la cárcel, coordinadas con Vilches y otras parejas.
Las maniobras incluían tanto extorsiones directas como la disposición de mano de obra que ejecutaba los ataques, a menudo seleccionados entre sectores marginalizados y tercerizados. El celular como herramienta fundamental, ingresado de forma ilícita a los pabellones, fue el nexo entre el liderazgo carcelario y las calles rosarinas.
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