Cómo fue el accionar de Nicolás Payarola, el abogado procesado por estafa millonaria en perjuicio de Gonzalo Montiel

El juez Santiago Carlos Bignone, al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó un embargo de hasta 810 millones de pesos sobre el dinero y los bienes de Nicolás Payarola. La medida responde a una investigación que señala al ex abogado de Gonzalo Montiel como principal responsable de una defraudación estimada en cerca de 700 mil dólares, en perjuicio del reconocido futbolista de River Plate.

Aunque el juez Bignone dictó el procesamiento de Payarola por administración infiel, la resolución no incluyó prisión preventiva. La acusación, según el fallo, apunta a una administración irregular de los fondos de Montiel por parte de su ahora ex representante legal, lo que derivó en este medida cautelar y la continuidad de la instancia judicial.

Entre marzo y octubre de 2023, Nicolás Agustín Payarola —abogado y residente en Nordelta, Tigre— fue el nexo principal entre la familia del futbolista Gonzalo Montiel y una serie de maniobras que culminaron en la apropiación de una suma cercana a 834.000 dólares, según los datos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 39.

Montiel, lateral derecho e integrante de la Selección Argentina y de River Plate, se convirtió en la víctima central de una causa que avanzó rápidamente en los tribunales federales de Buenos Aires durante este año. El juez Santiago Bignone procesó a Payarola por el delito de defraudación por administración infiel y dictó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir 810 millones de pesos, en función de los perjuicios detectados y el daño económico causado.

El proceso judicial revela una sucesión de hechos en los que las víctimas, afectadas por su desconocimiento en materia financiera e inmobiliaria, depositaron su confianza en el profesional a cargo de la defensa de Montiel en una causa penal previa. Esta cercanía fue el punto de partida para que el abogado sugiriera la creación de M&A Desarrollos Inmobiliarios, sociedad integrada por familiares directos del jugador.

A lo largo de varios meses, según los testimonios y documentos evaluados en el expediente, se registraron extracciones sucesivas de cuentas bancarias de Montiel en el Banco Credicoop, transferencias directas e inversiones en moneda extranjera bajo promesas y argumentos que, más tarde, carecieron de justificación comprobable.

El expediente judicial detalla que Payarola, valiéndose de la confianza adquirida con la familia Montiel, gestionó reuniones, redactó documentos y recibió fondos por etapas, garantizando con promesas el avance de un proyecto inmobiliario que nunca llegó a ejecutarse. El dinero, destinado a la integración del capital social, la compra de un terreno y supuestas inversiones en dólar MEP, fue entregado en distintas oportunidades por integrantes de la familia, bajo instrucciones directas del abogado.

“Una vez recibido ese dinero, Payarola les comunicó que la sociedad (aún no conformada) no tenía una cuenta bancaria, por lo que él se quedaría con el dinero para su resguardo, pero nunca lo reintegró a la sociedad pese a serle notificada posteriormente la apertura de la cuenta bancaria ante el Banco Santander“, indica el expediente. El caso detalla que, tras la conformación societaria, la familia Montiel fue convencida por el letrado para entregar, en efectivo y a través de transferencias, distintas sumas. Por ejemplo, el 14 de julio de 2023, Juan Marcelo Montiel —padre del futbolista y apoderado de la cuenta bancaria— entregó a Payarola 200.000 dólares, supuestamente destinados a una “carta oferta” por un campo cuya adquisición nunca se concretó. Francisco Fischer, titular del terreno en cuestión, confirmó ante la justicia no haber recibido ninguna suma de parte de Payarola o integrantes de la familia.

Otra entrega, de 47.000 dólares, fue realizada previamente para la integración del capital inicial de la sociedad, justificada a instancias de Payarola como un paso necesario para cumplir con requisitos administrativos. Entre agosto y octubre de 2023, la operatoria se extendió a inversiones en “dólar MEP”. Payarola sostuvo ante la familia la necesidad de proteger sus activos de la depreciación, logrando que le entregaran 160.000 dólares en tres operaciones distintas (28.800, 66.200 y 65.000 dólares, los días 4, 11 y 22 de agosto respectivamente). Aunque firmó un recibo por la última entrega, el destino de esos fondos permaneció sin aclararse posteriormente. Además, al requerir nuevas sumas en septiembre de ese año, el abogado y su entorno presionaron a los Montiel para avanzar en el supuesto proyecto y fortalecer la “capacidad técnica y financiera” de la sociedad, alegando la necesidad de acreditar fondos ante el Registro de la Propiedad Inmueble.

El expediente también detalla operaciones documentales apócrifas, como certificaciones de ingresos y poderes otorgados en escribanías, que Payarola diseñó o impulsó para justificar movimientos de dinero y supuestas inversiones. Por ejemplo, se confeccionaron declaraciones juradas y se falsificaron documentos para bancos y organismos de control, simulando ingresos y movimientos inexistentes en la operatoria real de la sociedad ya constituida por la familia. Otra maniobra relevante incluyó la intervención de la empresa Campos de la Virgen de Luján, a la cual Gonzalo Montiel transfirió directamente 140.000 dólares el 27 de septiembre de 2023, tras la presión ejercida por Payarola.

Esa suma fue justificada, sin documentación sólida, como parte de operaciones vinculadas al frustrado emprendimiento inmobiliario. Poco después, la familia entregó en mano otros 150.000 dólares a Marina Lema, empleada del estudio jurídico presidido por Payarola. Además, la causa acredita la apropiación de 137.000 dólares originados en cheques otorgados a Gonzalo Montiel por la Asociación del Fútbol Argentino como premio por su consagración en el Mundial de Qatar 2022. El propio abogado convenció a los Montiel de invertir ese dinero en la mecánica financiera ya utilizada para el resto de las erogaciones, aprovechando los premios obtenidos por el futbolista.

Frente a la imposibilidad de obtener avances en el supuesto proyecto inmobiliario, la familia Montiel comenzó a reclamar la restitución de los fondos entregados. En algunos casos, Payarola devolvió montos parciales y procuró firmar acuerdos con los perjudicados para que reconocieran su accionar como un incumplimiento contractual, no como una maniobra delictiva. La justicia documentó devoluciones que apenas alcanzaron los 148.800 dólares en tres pagos (28.800, 100.000 y 20.000 dólares), mientras la mayor parte de los fondos permanece sin justificación comprobada acerca de su destino.

El fallo judicial sostiene que, si bien no se halló un mandato escrito otorgado por la familia Montiel para la concreción de cada negocio, la relación de confianza y administración patrimonial depositada en Payarola queda demostrada a partir de la secuencia de hechos, testimonios y documentos presentados. En este sentido, “la valoración del caso se enfocará en los hechos y conductas que demuestran que el abogado Payarola asumió un rol de administrador y gestor de los bienes e intereses patrimoniales de la familia Montiel, que responde al contexto de confianza personal que existía entre las partes, y a raíz de esa posición logró que los damnificados le confiaran importantes sumas de dinero en efectivo sin tomar elementales recaudos de seguridad”, señala el escrito.

Al analizar las pruebas, el juez Bignone destaca la coherencia entre las denuncias, los movimientos bancarios y los testimonios de terceros, entre ellos el escribano Hernán Gervasutti, el testimonio clave de Brahim López —pareja de Jacqueline Aguirre— y el propio Francisco Fischer, propietario del terreno. Todos ellos coinciden en que la mayoría de las sumas entregadas nunca fueron depositadas en cuentas formales de la sociedad ni transferidas al vendedor del predio. Además, la figura de Armando Jorge Catroppa, inicialmente investigado por su participación como asesor en una reunión técnica, quedó descartada como relevante penalmente, y su sobreseimiento fue dictado, quedando fuera de la imputación.

En cuanto a la medida cautelar económica, la justicia ordenó un embargo sobre el patrimonio de Payarola por 810 millones de pesos, suma considerada suficiente para cubrir la posible indemnización, honorarios de futuros peritos y abogados, daño moral y otros gastos legales, a valores de cotización informados por el Banco de la Nación Argentina. Mientras la causa avanza en la esfera penal y civil, el caso de Nicolás Agustín Payarola se consolida entre los más resonantes de administración infiel en perjuicio de una figura pública vinculada al deporte profesional argentino.

El expediente sigue su curso y la familia Montiel, representada legalmente por sus nuevos abogados, continúa reclamando la restitución integral de los fondos extraídos bajo confianza y en violación de los deberes profesionales imputados al acusado.