Las máquinas de contar plata de La Salada y las obscenas escuchas del caso

Este último miércoles, 300 personas cortaron el Camino Negro. Eran puesteros de La Salada, la feria clandestina más grande de Latinoamérica, clausurada por orden de la Justicia federal. Querían trabajar, decían. Luego, se dirigieron hacia la fiscalía de la principal investigadora del caso, Cecilia Incardona, para protestar todavía más.

La Salada da trabajo, ciertamente. Es una economía en sí misma. La megaferia ubicada en Ingeniero Budge, con más de 7 mil puestos, que engloba las ferias Punta Mogote, Ocean y Urkupiña, atrae tours de compras de todo el país, así como de Brasil o Chile, en un complejo entramado de ropa falsificada y negocios barrabravas a la feria del Riachuelo. El 2024 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy, un documento elaborado por Office of the United States Trade Representative, la detalla como uno de los grandes nodos de material pirata del cono sur.

Pero aquí, la ropa es solo un detalle.

La semana pasada, tras más de dos años de investigación, la fiscal Incardona ordenó a la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA más de 60 allanamientos a objetivos como las oficinas de la feria misma y a la mansión en Open Door de Jorge Castillo, el máximo jefe de La Salada, que terminó detenido.

Aldo Presa, histórico administrador del lugar, también está preso. Enrique Antequera, al que los puesteros llamaban “un buen hombre”, jefe de la feria Urkupiña y tercer jugador en el tridente, se encuentra prófugo con un pedido de captura.

El viernes último, Manuel Castillo, el hijo de 21 años de “El Rey de la Salada”, se entregó en la central de la PFA en la calle Moreno. Afuera, en las calles que rodeaban al edificio de Montserrat, 45 autos incautados a los sospechosos -la gran mayoría de altísima gama- esperaban ser enviados a un depósito. Un BMW blanco, modelo 2024, sobresalía entre la multitud.

Las capturas continúan: había 18 detenidos hasta el cierre de esta nota. Quedan cuatro prófugos por caer, entre ellos, el mismo Antequera.

Durante más de 15 años, la Justicia federal intentó colocarle el cascabel al tigre de la feria. La fiscal Incardona tal vez lo logre. En 2017, Castillo fue allanado y detenido por la Policía Bonaerense. Mucho más belicoso en aquel entonces, tomó una escopeta al oír al ariete, romper su puerta y le disparó a un efectivo. La bala astilló su escudo de tropa de asalto y le hirió el ojo derecho. Irónicamente, esperaba en libertad ir a juicio por este ataque, sin siquiera una declaración de prisión domiciliaria y una tobillera que lo controle. Según la acusación que pesa en su contra, en todos los años que siguieron, “El Rey de la Salada” nunca dejó de facturar.

Incardona, precisamente, investiga una posible asociación ilícita que supuestamente encabeza Castillo por los delitos de lavado de dinero y evasión impositiva. En total, la Policía Federal incautó en sus allanamientos 429 millones de pesos y 2,5 millones de dólares en efectivo, además de siete máquinas de contar billetes.

De ese monto, 48 millones de pesos corresponden a la célula supuestamente encabezada por Antequera, que contaba también con un local de venta de baterías de autos ubicada en la calle Pardo, zona de Bella Vista, que funcionaba como base contable.

La Salada siempre fue una mezcla de ilegalidad y negocios en blanco, por otra parte. Incardona detectó movimientos bancarios, depósitos en efectivo en cuentas de las tres firmas principales, entre ellas Punta Mogote SCA. El número global: más de $33 mil millones de pesos desde enero 2021 hasta abril de 2025. En 2015, de acuerdo a una causa penal previa, Punta Mogote SCA había evadido, por sí misma, 268 millones de pesos en impuestos.

Así y todo, a pesar de este mega holding a la vera del Riachuelo, La Salada es una historia, en el fondo, netamente familiar.

Alan y Lucas, hijos de Antequera, están presos. Lo mismo Guadalupe, hija de Aldo Presa, con arresto domiciliario por su embarazo de doce semanas. “Como contadora, se encarga de manejar la información contable y los balances de las sociedades. Es decir, Guadalupe Presa ocupa dentro de la estructura delictiva un rol de lavadora/organizadora”, asegura Incardona en su imputación. Hay escuchas telefónicas entre ella y su padre. Aldo le pregunta por UNIFAP, la segunda firma en magnitud en el holding. “Sobraron 42 millones este mes”, le dice ella.

“También, se obtuvieron conversaciones entre Aldo y Guadalupe de sumo interés sobre la creación de algún tipo de estructura societaria en los Estados Unidos de América; al respecto Guadalupe habría conformado a fines de 2023 y/o inicio de 2024 un trust -en principio fideicomiso- ubicado en los estados de Wyoming y/o Dakota del Sur”, continúa la imputación. “Lo que quedó es que cerró en Wyoming”, le explicaba Guadalupe a su padre en enero de 2024.

Natalia Paola Luengo, pareja de Castillo, también está detenida por su parte en el negocio, tal como Manuel Castillo. Le imputan a Natalia una serie de compras millonarias hechas con supuesta plata de La Salada: casas, lotes en barrios privados, hasta un tractor de 800 mil dólares. Se sospecha que hasta, incluso, compró un colegio privado de Luján.

También hubo vacaciones de lujo. Incardona detectó la compra de un paquete turístico hacia Dubai y las Islas Maldivas para siete personas: Castillo, su pareja, su suegra, Nilda Arrieta, y sus cuatro hijos, entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de 2025, con vuelos de la empresa Emirates.

Nilda Arrieta también fue detenida la semana pasada. Su rol, cree la fiscal, es preponderante.

“En primer lugar, formalmente Arrieta es directora suplente de la empresa Paseo de Compras Mogote S.A., firma que explota comercialmente el paseo de compras Mogote Factory, y cuya presidencia detenta Manuel Jorge Castillo”, aseguró Incardona. Habría tenido un rol, por ejemplo, en el negocio del colegio privado en Luján.

“A su vez, de las conversaciones sostenidas con su hija Natalia, reseñadas más arriba, surge su pleno conocimiento del accionar desplegado por esta y su yerno, Jorge Castillo; pero además participaba de la actividad ilícita de los nombrados. Algunas conversaciones dan cuenta que Arrieta es propietaria de algunos locales en la feria Punta Mogote, y recibe sumas de dinero por el alquiler de los mismos”, sintetizó.

Más allá del conflicto que puede provocar el cierre de la megaferia, en donde miles de personas trabajan diariamente, la Justicia avanza con pruebas que parecen contundentes y que podrían, por primera vez, cerrar el cerco sobre Jorge Castillo, el famoso “Rey de la Salada” que nunca dejó de facturar.