
Luego de que el juez federal Ernesto Kreplak emitiera una resolución que avalaba a la modelo Sofía Clerici a blanquear los 600 mil dólares que le incautaron en la causa por presunto lavado de dinero —que también involucró al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde—, la Cámara Federal de La Plata anuló la autorización para que le devolvieran el monto mencionado.
El revés judicial se dio a conocer este martes, después de que la Unidad de Información Financiera (UIF) apelara al fallo emitido por Kreplak en octubre del 2024. En el escrito presentado por el fiscal titular de la UIF, Paul Starc, se argumentó que los fondos no deberían ser devueltos a la imputada, debido a que podrían derivar de actos ilícitos que continúan bajo investigación judicial.
De esta manera, la Cámara Federal de La Plata ordenó que el dinero permanezca embargado, luego de que el fallo señalara la necesidad de preservar los bienes que podrían estar vinculados al delito de corrupción. Asimismo, plantearon que esclarecer el origen de los fondos sería uno de los principales objetivos, ya que seguiría vigente la sospecha de que pudiera estar relacionado con la causa conocida como “Yategate”.
“Con el objeto de armonizar lo establecido en las normas que rigen la materia, la dirección que adoptó la pesquisa y la situación que en la misma atraviesa la solicitante, buscando, también, la estricta preservación de bienes que pueden estar ligados a presuntos hechos de corrupción, aparece conducente -de momento- revocar la decisión de transferir el dinero en dólares estadounidenses secuestrado a Sofía Clérici a una cuenta personal de la nombrada para acogerse a las previsiones de la Ley 27.743 “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, y ordenar el mantenimiento del mismo bajo la órbita del juzgado actuante hasta tanto se despejen las cuestiones aludidas en los apartados precedentes, esencialmente el origen de los fondos", sostuvieron los jueces de la Cámara Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin en su resolución a la que accedió Infobae.
El secuestro de los 569.911 dólares ocurrió el 25 de octubre de 2023, después de que Mola ordenara un allanamiento en la vivienda que Clerici posee en Nordelta. Una investigación que surgió de las fotos del viaje en yate que la modelo compartió con Insaurralde en Marbella, España, ese mismo año. Esta situación derivó en el desplazamiento del político de su cargo como jefe de Gabinete bonaerense.

Según la información a la que accedió Infobae, entre los elementos incautados también fue incluida documentación como dos pasaportes vencidos y dos vigentes, planillas de registros de visitas, un IPod con cámara, otra notebook marca Samsung y varios relojes que serían de firmas de lujo.
En la residencia de Clerici también se secuestró un iPhone 11 y un iPhone 13 PRO MAX, que siguen sin poder abrirse. La tarea se realiza con el programa UFED de Cellebrite, empresa israelí especializada en desbloqueo de dispositivos.
Sin embargo, adelantaron que una vez que Gendarmería acceda al contenido de los teléfonos, este deberá ser remitido al juzgado para su análisis, tras la solicitud presentada por la defensa de la modelo que pidió proteger su intimidad y evitar filtraciones de información.
Desde ese entonces, las pertenencias permanecen en manos de la Justicia Federal. No obstante, la medida blanqueo de dólares que fue impulsada por el Gobierno nacional el año pasado llevó a Clerici a presentar un recurso judicial, para que el monto le fuera devuelto y, así, poder blanquearlo.
Frente a esto, el juez Kreplak había permitido que dispusiera del dinero decomisado tras argumentar que el principio de inocencia debería permitirle participar del programa promovido por las autoridades nacionales.

En línea con esto, había aprobado la apertura de una Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA), la cual iba a ser utilizada como destino, si se hubiera concretado la devolución de los dólares. No obstante, la misma quedaría sin efecto producto de la resolución de la Cámara Federal platense.
En esa oportunidad, la defensa de la modelo también había solicitado el sobreseimiento en la causa judicial, tras mencionar que la acusada había señalado que se trataba de los frutos económicos que le habrían dado los emprendimientos que declaró poseer. No obstante, el juez Kreplak negó el pedido, lo que significaría que Clerici seguirá bajo investigación.
Previo a esto, la Cámara Federal de La Plata impuso una inhibición general de bienes, para evitar que los imputados pudieran vender las propiedades que poseen a su nombre durante el plazo que dure la investigación. Eso incluye casas, departamentos, autos y hasta embarcaciones.
La resolución también fue producto de una apelación presentada por el fiscal federal Sergio Mola luego de que buscara revertir la decisión de Kreplak de no inhibir los bienes de los investigados.
Anteriormente, el magistrado había ordenado el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal y bursátil sobre la situación de los implicados, además del que rige para la Unidad de Información Financiera. También solicitó informes a diversas entidades como la AFIP, AGIP, ARBA, la Caja de Valores, el Registro Automotor y el Registro de la Propiedad, y se enviaron exhortos a Estados Unidos, España y Uruguay.
El fallo del juez Kreplak que autorizó a Clerici a blanquear sus dólares fue apelado. Y ahora resultó revocado por la Justicia.
Los camaristas destacaron que actualmente “la investigación sigue profundizándose y la situación actual de Sofía Clerici frente a la misma no ha variado”, por lo que sigue imputada. “En los términos utilizados por el juez de grado al rechazar el sobreseimiento de la imputada, ´desde el punto de vista de la convicción provisoriamente generada, su situación resulta equiparable a la de una falta de mérito (art. 309, CPPN)´”, agregaron.
“Por otro lado, no puede perderse de vista que se la investiga en autos como interviniente, en algún grado, de la puesta en circulación en el mercado de fondos de origen ilícito con posible apariencia de licitud que habría llevado a cabo Martín Insaurralde, habiéndose originado esos fondos por un incremento patrimonial que, en principio, no encontraría justificación en los ingresos legítimos obtenidos en los distintos cargos de la función pública que desempeñó el nombrado de manera ininterrumpida en nuestro país desde el año 2009″, plantearon como otro argumento para revocar la decisión.
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