Hace un año, vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, arquitectos, miembros de ONGs y organizaciones ambientales, sociales y políticas presentaron ante la Legislatura porteña un proyecto para construir un parque público en los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco.
La iniciativa popular está respaldada por 53.709 firmas, las cuales fueron convalidadas por el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, el proyecto que pide la derogación de la Ley N° 6.289 (que habilitó la venta de esos predios para construir torres de lujo) sigue sin ser tratado con la seriedad que se merece.
Frente a esta situación, desde el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, una de las organizaciones que está detrás de esta petición, apelaron a “la consciencia y responsabilidad de cada legislador para escuchar a la ciudadanía, respetar la Constitución y acompañar la iniciativa popular”.
En una carta abierta, hicieron hincapié en recuperar esas 32 hectáreas con un parque público de acceso libre y gratuito para el disfrute y el encuentro, que permita recomponer la relación de la ciudad con el río, incrementar los espacios verdes y potenciar el paisaje natural frente a la costa.
“Es la oportunidad concreta, posible e irrepetible, de construir una ciudad un poco más justa desde lo social y más sustentable desde lo ambiental. Queremos y debemos recuperar el Río de la Plata para las generaciones futuras”, señalaron las arquitectas, quienes alertaron sobre las consecuencias negativas que recaerán sobre las futuras generaciones “si no se mira la ciudad desde una perspectiva ambiental, sostenible e inclusiva”.
Insistieron en que la sociedad porteña necesita que se respete la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el Plan Urbano Ambiental, en cuanto al uso público y de libre acceso y circulación que deben tener la totalidad de los espacios que conforman el contorno ribereño.
A modo de ejemplo, remarcaron que el Plan Urbano Ambiental, aprobado en 1904 (ley marco a la que debe ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas), establece en su art. 9, inc. C ítem 4 que se debe “destinar a uso público los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas”.
En diálogo con Infobae, la arquitecta Bárbara Rossen, especialista en Proyectos Urbanos, responsable del área de Derechos Urbanos, Espacio Público y Ambiente en la Defensoría del Pueblo y una de las integrantes del Colectivo de Arquitectas en Defensa del Espacio Público, pidió que los legisladores “tengan la grandeza de escuchar a la ciudadanía”.
“La Ley 40, que es la de la iniciativa popular, establece que cumplidos los 11 meses sin que un proyecto haya pasado por Comisión tiene que tratarse en la siguiente sesión del recinto. Tenemos conocimiento de que los legisladores no lo trataron en la Comisión de Planeamiento Urbano para mandarlo este jueves directamente al recinto y archivarlo. Sabemos que el oficialismo tiene el número para hacerlo”, explicó Rossen, quien se preocupó por dejar bien en claro que no es una iniciativa política partidaria sino transversal del conjunto de la ciudadanía.
“Solicitamos una vez mas se escuche a la ciudadanía, se apruebe la iniciativa popular en primera lectura y nos den la oportunidad de expresarnos en la audiencia pública”, exigió la arquitecta. “Queremos que los legisladores tengan la grandeza de escucharnos presencialmente a quienes presentamos esta iniciativa. No pueden poner este tema en la grieta política porque es un proyecto motorizado por arquitectas, jóvenes y ambientalistas”, enfatizó. Y agregó: “Si nos dan la espalda a nosotros, le dan la espalda a la ciudadanía. Las tierras públicas no se pueden vender para negocios privados”.
Rossen enfatizó que el colectivo de arquitectas al que pertenece fue también el primero en alertar sobre la problemática de seguir construyendo edificios sobre la costa del río en un contexto de cambio climático y tras padecer una ola de calor histórica en CABA. “Es imprescindible que se reconozca el valor de la naturaleza en la ciudad. Como profesionales alertamos que la costa ribereña debería preservar sus suelos permeables que favorezcan el escurrimiento, la retención de agua y la regulación de las temperaturas”, explicó.
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Sin embargo, la ley que permite la construcción en altura en el 22,5% de los terrenos en Costa Salguero ya fue aprobada en diciembre de 2021. La rezonificación abarca terrenos de propiedad estatal que suman unas 17 hectáreas, en el caso de Costa Salguero, y otras 14 hectáreas de un predio lindante, separado por la desembocadura del colector del arroyo Maldonado, donde estuvo Punta Carrasco. Allí pretenden construir diez edificios que podrán alcanzar una altura máxima de 29 metros.
“Si bien el proyecto de cambio de norma para construir las torres fue aprobado en la Legislatura, el emprendimiento está frenado en la justicia porque el gobierno porteño no cumplió con el procedimiento que correspondía a la venta de tierras públicas”, recordó Rossen.
Eso ocurrió en octubre de 2021, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad estableció que “hasta la finalización de la causa judicial no se pueda comercializar el predio”.
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En su fallo, también advirtió que si la Legislatura decide subsanar la inconstitucionalidad del procedimiento de sanción de la ley que aprueba la venta de Costa Salguero, no debe tratarlo en la discusión actual que tiene por objeto autorizar un emprendimiento inmobiliario en dicho predio, sino en trámites diferentes.
“Queremos que los legisladores tomen conciencia de que les vamos a dejar a nuestros hijos una ciudad invivible que se está convirtiendo en reserva de valor para algunos grupos económicos. Está dejando de ser una ciudad para vivir para convertirse en una ciudad de servicios”, se lamentó Rossen.
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