Amantes furtivos, apostadores de caballos, pescadores rebeldes, novios que se extrañan, amigos con ganas de jugar un partido de fútbol o familias que se juntan a comer un asado. Las excusas para justificar la violación de la cuarentena obligatoria muchas veces resultan sorprendentes y son varios los que aún no toman conciencia de que esta desobediencia no solo implica un peligro para la propagación del virus sino que también acarrea una denuncia penal.
En la ciudad puntana de Villa Mercedes, el incumplimiento del aislamiento social por parte de una joven de 23 años que volvió al país en medio de la pandemia por coronavirus e ingresó de manera ilegal a San Luis trajo consecuencias inimaginales: un embargo por $500 mil y un pueblo que se sintió damnificado por su irresponsable accionar.
María Carolina Mauri había viajado en avión a Brasil el 14 de febrero, donde permaneció alrededor de un mes. Su modalidad de regreso, en cambio, se produjo vía terrestre a través del paso fronterizo Foz Iguazú. Según los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, la joven ingresó a las 23.58 del 20 marzo -el mismo día que empezó a regir la cuarentena- y se dirigió hacia Córdoba.
“Vino incumpliendo el DNU nacional desde Foz de Iguazú hasta Córdoba, ciudad en la que estuvo hasta el 20 de abril para después dirigirse hacia San Luis, donde también incumplió un disposición provincial. Pero como Córdoba no es nuestra jurisdicción, eso quedó fuera de mi investigación”, precisó a Infobae la fiscal Verónica Alonso del Juzgado Correcional N°3 de Villa Mercedes.
Al igual que en la Ciudad de Buenos Aires, todas las personas que vienen del exterior o pretenden radicarse por un tiempo en San Luis deben informar de su llegada y realizar un aislamiento obligatorio de 14 días en un alojamiento que es costeado por el gobierno provincial. “El protocolo consiste en pedirle un permiso al Comité de Crisis, integrado por funcionarios de Seguridad y Salud, a través de una página web oficial”, detalló la fiscal.
En el expediente consta que María Carolina hizo la solicitud en dos oportunidades para que le permitieran trasladarse hasta San Luis. “La primera vez le fue denegado porque ella vive en Córdoba y posee departamento allá. Lo inicia en una segunda oportunidad, el 17 de abril, tres días antes de partir. Y cuando le pidieron que informara qué la motivaba a volver, dónde permanecería después de la cuarentena y quién la traería no lo llega a completar”, reveló la funcionaria judicial.
Con un trámite a medias y sin contar con el permiso oficial, la joven se tomó un remis hasta Río Cuarto y luego -según lo que declaró en primera instancia- hizo dedo en la ruta y se subió a un camión que se dirigía hasta Villa Mercedes.
“El remis le salió 7 mil pesos y si tenemos en cuenta que de Río Cuarto hasta Villa Mercedes hay 137 km estamos hablando de aproximadamente 3 mil más. Ella dijo que paró al camión porque se había quedado sin plata pero después constatamos que se trataba de un camión que pertenece a su familia. Sin autorización, ingresó escondida en la cabina del camión y se dirigió hacia la casa de su mamá”, relató la fiscal, quien fue advertida por una denuncia que radicó un vecino.
La joven no solo fue imputada por violar la cuarentena nacional sino también por desobedecer las medidas complementarias establecidas en el decreto provincial de necesidad y urgencia 297/2020 y sus prórrogas.
La jueza Antonella Panero Magnano consideró que incumplió los artículos 205, 239 y 54 del Código Penal por “violación de medidas anti epidémicas y desobediencia a una orden emanada de funcionario público en perjuicio de la sociedad, en concurso ideal”.
A su vez, la Fiscalía de Estado -que actúa en este tipo de contravenciones- se presentó como particular damnificado por todos los gastos que le generó al Fisco llevar adelante este caso y pidió un embargo de 500 mil pesos, que finalmente fue aprobado por la magistrada.
“Hasta el momento, la defensa no ha apelado la medida y una vez que la sentencia quede firme se dará inicio al debate oral. Los delitos que se imputan prevén una pena de hasta dos años de prisión, por lo que sería de cumplimiento en suspenso y seguramente termine haciendo tareas comunitarias”, opinó la fiscal Alonso.
María Carolina permaneció 8 días con prisión domiciliaria, sin saber que tras darse a conocer el fallo aún faltaba lo peor. Sus vecinos la acusaron de haber impedido la apertura paulatina de la economía ya que dos días antes el gobernador había anunciado la habilitación de algunas actividades comerciales y tras el revuelo ocasionado por su caso decidió dar marcha atrás.
En San Luis, la epidemia está bastante controlada. No registra víctimas fatales desde el 20 de marzo, no posee circulación comunitaria y desde hace más de una semana no se registran nuevos infectados por COVID-19.
“Esta situación generó un enorme impacto en la sociedad villamercedina. La psicosis desatada hizo que la gente comenzara a insultarla y escracharla en las redes sociales y su padre tuvo que salir a hablar para calmar los ánimos”, recordó la fiscal.
Si bien el nombre de la joven se mantuvo bajo estricto secreto de sumario por parte de la justicia, cuando su padre, Jorge Mauri, brindó una entrevista radial para pedirle disculpas a la comunidad, la joven cobró notoriedad pública.
"Pido disculpas a la sociedad de Villa Mercedes en nombre de mi hija por el error cometido, es lo único que puedo hacer, ella está bien, no tiene síntomas. Hace 10 días que está y la justicia sabrá lo que hace y me hago cargo. Ella es una chica de 23 años que se desesperó por ver a su familia, asumimos el error y pedimos disculpas”, dijo al ser entrevistado en FM La Bomba.
Más allá de que la imputada dio negativo en el test que le practicaron, la fiscal precisó que si llegaba a estar infectada se iba a sumar en la causa un delito aún más grave, que consiste en la propagación del virus y contempla la prisión preventiva.
“La chica vivió una verdadero odisea desde que volvió de Brasil. Acumulaba mucha carga emocional y era entendible que quisiera reencontrarse con su familia. Pero solo era cuestión de cumplir con los protocolos, nada más”, concluyó la fiscal.
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