Expertos de América Latina proponen ampliar el uso de pruebas rápidas para infecciones respiratorias agudas

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “los virus respiratorios como la influenza, el SARS-CoV-2, el virus sincicial respiratorio y otros plantean importantes retos para la salud pública en todo el mundo".

En ese sentido, recientemente, un grupo de especialistas de América Latina presentó un consenso regional sobre el uso de pruebas rápidas para el diagnóstico de, justamente, infecciones respiratorias agudas (IRA) como COVID-19, influenza y VRS.

La moción pone el foco en los centros de atención médica y busca fortalecer la respuesta sanitaria ante enfermedades que, aún fuera del contexto de emergencia, siguen afectando a millones de personas.

El consenso elaborado por siete especialistas de la región plantea que las pruebas rápidas resultan fundamentales para enfrentar las infecciones respiratorias agudas en centros de atención médica. Basado en evidencia reunida en Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú, el documento analiza los aspectos técnicos y operativos necesarios para su implementación amplia, en un contexto donde América Latina avanza hacia una etapa posterior a la pandemia.

Hasta finales de 2023, América acumuló el 42,7 % de las muertes confirmadas por COVID-19 a nivel global, según divulgaron estos expertos. También plantearon que, en paralelo, los costos asociados al tratamiento de infecciones respiratorias agudas en Sudamérica alcanzaron los 834 millones de dólares en 2019. Con estos antecedentes, el consenso promueve el uso de herramientas diagnósticas en el punto de atención como mecanismo para mejorar la detección, seguimiento y tratamiento de pacientes.

Las variantes emergentes y la posibilidad de secuelas como el COVID prolongado o la influenza mantienen vigente la necesidad de un diagnóstico temprano y una gestión adecuada de las infecciones respiratorias agudas, incluso en un escenario con campañas de vacunación en marcha, de acuerdo a los especialistas que impulsaron el consenso.

“El documento se basa en una revisión de literatura y políticas, así como en un proceso de validación y retroalimentación por parte de un grupo de siete expertos de Latinoamérica (LATAM). Se recopiló evidencia para comprender las perspectivas científicas y políticas sobre el diagnóstico diferencial de las IRA y las pruebas rápidas en el punto de atención, con especial atención en siete países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú”, escribieron los especialistas.

Y ampliaron: “Si bien la OMS declaró el fin de la COVID-19 como una emergencia de salud pública, esto no significa que la COVID-19 ya no sea una amenaza global; solo ha terminado la fase aguda de la pandemia. (...) Mientras los países hacen la transición hacia un escenario pospandémico, los esfuerzos contra la COVID-19, incluidas las pruebas y la vigilancia, deben continuar como una prioridad”.

En el documento, los especialistas desarrollaron una descripción “de las pruebas rápidas en el punto de atención (POC), dónde (en qué entornos) se puede implementar esta estrategia y los beneficios que esta estrategia podría aportar”.

Y en esa línea apuntaron que las pruebas en el POC implican realizar una prueba fuera de las condiciones del laboratorio, “más cerca del lugar de atención del paciente, buscando identificar o gestionar mejor las enfermedades crónicas y las infecciones agudas. Las pruebas en el POC pueden ser realizadas e interpretadas por el personal sanitario o por la persona, un familiar o un cuidador de la persona que se va a realizar la prueba. En el contexto de las IRA, las pruebas en el POC se pueden utilizar para diagnosticar o detectar infecciones actuales o pasadas por SARS-CoV-2, influenza y VRS”.

Una de las voces que respaldó el documento fue la de Elsa Baumeister, exjefa de Servicios de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS). En el marco del consenso, Baumeister afirmó: “Las pruebas rápidas en los centros de atención médica son herramienta invaluable para mejorar los resultados de salud pública en toda la región”. Además, subrayó que “las pruebas en el punto de atención, precisas y oportunas, son particularmente críticas para los grupos de alto riesgo, donde la detección temprana puede guiar mejores decisiones de tratamiento, salvar vidas y reducir el riesgo de complicaciones graves o secuelas a largo plazo”.

El informe detalla una serie de beneficios asociados al uso extendido de estos test. En primer lugar, los diagnósticos rápidos permiten identificar si se trata de COVID-19, influenza o VRS, lo que facilita el inicio de tratamientos específicos y oportunos, sobre todo en personas con factores de riesgo. También señalan que estas pruebas ayudan a reducir el uso innecesario de antibióticos, práctica común cuando no se identifica de manera clara el origen de los síntomas. Esa confusión diagnóstica, señalan, puede contribuir a la resistencia a los antibióticos, según los expertos.

Pero hay más. Las pruebas rápidas aplicadas en el punto de atención permiten reducir el tiempo de hospitalización y acortar la permanencia en servicios de urgencia, lo que contribuye a descomprimir los sistemas de salud y disminuye la probabilidad de infecciones asociadas a la atención médica. Al mismo tiempo, ofrecen una herramienta clave para monitorear en tiempo real la circulación de virus respiratorios, lo que facilita intervenciones más eficaces y una mejor asignación de recursos, sobre todo en zonas rurales o de difícil acceso, de acuerdo al documento.

Claro que no todo es automático. El consenso también identifica una serie de barreras para la implementación generalizada de estas pruebas, entre ellas, los marcos regulatorios dispares entre países, la infraestructura limitada y la falta de coordinación regional. Frente a ese panorama, los especialistas proponen tres líneas de acción.

Primero, abogan por establecer marcos regulatorios estandarizados, con procesos de aprobación armonizados y acuerdos de reconocimiento mutuo entre países. Segundo, promueven una mayor inversión en innovación diagnóstica, que permita responder con eficacia ante nuevas variantes con mayor capacidad de transmisión o evasión inmunológica. Y tercero, destacan la necesidad de desarrollar iniciativas educativas, tanto para profesionales de la salud como para la población general, con el objetivo de garantizar un uso adecuado de las pruebas y mejorar las conductas de prevención.

Por su parte, Oscar Guerra, director médico de Abbott, afirmó: “Las pruebas rápidas en el punto de atención cambian las reglas del juego para el tratamiento de las infecciones respiratorias en América Latina”. Según expresó, “con la capacidad de identificar de forma rápida y precisa infecciones como la influenza, el COVID-19 y el VSR, podemos mejorar los resultados de los pacientes, reducir el uso innecesario de antibióticos y aliviar la presión sobre nuestros sistemas sanitarios. Al priorizar estos esfuerzos, estamos construyendo un panorama sanitario más resiliente para las futuras generaciones”.

El consenso, así, hace con un llamado a la cooperación entre sectores públicos y privados para garantizar que toda persona, sin importar su ubicación geográfica, acceda a diagnósticos rápidos, seguros y eficaces.