El Estado se queda, a través de los impuestos recaudados por los diferentes niveles de gobierno, con $61,50 de cada $100 de renta agrícola. Es el resultado del informe trimestral de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que detalla que la renta es lo que le queda al productor cuando a los ingresos se le restan los costos de producir. “Sobre eso que le queda, el Estado se lleva casi dos tercios”, explicó Nicolle Pisani Claro, Economista Jefe de FADA.
FADA midió la participación del Estado en la renta agrícola al mes de septiembre de 2024 y develó que de todos los tributos que se cobran, el 64,5% son nacionales no coparticipables, el 30% son nacionales coparticipables, el 4,9% son provinciales y el 0,6% son municipales. “Esta actividad se desarrolla a lo largo y ancho del país, pero la mayoría de los impuestos que afronta quedan en Nación y no vuelven a las regiones”, advirtió Natalia Ariño, Economista de la Fundación.
Si se compara el actual Índice FADA con el anterior (elaborado en junio de 2024) se observa una diferencia negativa de 1,6%, que es consecuencia de los actuales precios de los granos, que se ubican por debajo de los valores de los últimos cinco años (2019-2024). De hecho, la caída de los precios implica una reducción del valor bruto de la producción.
Precios en baja, costos estables o en alza
Al considerar los precios se observa que, en el caso de trigo sufrió una caída del 12,7% en el disponible en dólares respecto de junio de este año; mientras que, en soja y maíz, la baja es del 3%.
En cuanto a los costos de insumos, medidos en dólares oficiales, se muestran valores estables, con algunas bajas de precio en fertilizantes y fitosanitarios.
En el caso de las labores agrícolas como costos de siembra y cosecha entre otros, al compararlo con septiembre 2023 se encuentran entre 200% a 250% más caros, por encima de la inflación interanual (cercana al 236,7%). En dólares, en cambio, presentan una tendencia a la baja frente a la medición de junio 2024 que se ubica en el 6,2%; pero en la comparación interanual se registra un incremento del 40% en promedio.
Costos dolarizados
El informe de FADA analiza, además, la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados: 44% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 56% está pesificado; mientras que, en el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la oleaginosa, los costos dolarizados ascienden al 47% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 53%.
Si se considera el costo de la tierra dolarizado dentro del esquema, para la soja asciende al 59% y para el maíz al 55%, destalla el reporte.
Los impuestos se quedan con el 65,6% de la renta de la soja
Mientras que en el promedio ponderado la participación del Estado en la renta de los cultivos a nivel nacional es de 61,5%, en el caso de la soja se incrementa al 65,6%. En tanto, en el maíz es del 56,6%; en el trigo, del 54,4%; y en el girasol, del 56,6%.
¿Qué provincias tienen mayor participación en la renta agrícola?
El informe elaborado por FADA explica que, el porcentaje de participación del Estado varía, a su vez, según las diferentes provincias analizadas: Córdoba registra un 62%, Buenos Aires 58,4%, Santa Fe 57,8%, La Pampa 59,9%, Entre Ríos 60,8% y San Luis 58,4%.
“Esto no quiere decir necesariamente que la provincia que tiene un índice más alto sea la que abona más impuestos, sino que ese número conjuga, además de los impuestos provinciales y locales, los rindes y los costos de producir en ese lugar, así como también los fletes según la distancia al puerto. Es un conjunto de factores que determina cuál es la participación del Estado en la renta en esa provincia”, aclaró Pisani Claro.
En todas las provincias analizadas se paga el impuesto inmobiliario rural y el impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En tanto, cada una tiene luego otra serie de tributos diferenciados tales como Ingresos Brutos, tasas municipales, guías cerealeras y hasta impuestos “al estilo de aduanas internas”, destaca el análisis.
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