El veto al crecimiento

Hay muchas maneras de impedir que una economía crezca. Una es adoptar malas políticas. Otra, menos visible pero igualmente dañina, es impedir sistemáticamente que las buenas reformas siquiera tengan oportunidad de intentarse. Eso es lo que está en juego en la discusión sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

La propuesta original del Gobierno estaba lejos de ser perfecta. Contenía materias demasiado amplias, algunas insuficientemente delimitadas y otras que justificaban una discusión más profunda en el Congreso. El propio Ejecutivo ya había reducido la ambición de varios planteamientos respecto de sus versiones iniciales. Correspondía, por tanto, precisar, poner límites, introducir salvaguardas y retirar aquello que no justificara una delegación.

Pero una cosa es controlar al Ejecutivo y otra convertir el control en un veto a la reforma. El texto sustitutorio aprobado en comisión reduce la delegación a 90 días y la circunscribe esencialmente a seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. En el camino quedan fuera materias vinculadas con formalización, empleo juvenil, regulación laboral y tributaria, barreras burocráticas, calidad regulatoria, minería, servicio civil, integridad pública, infraestructura y energía; mientras otras, como APP y liberación de interferencias, sobreviven parcialmente.

El problema no es solo legislativo. Es también de economía política. Las reformas suelen generar beneficios amplios pero graduales, mientras sus costos son inmediatos y recaen sobre grupos concretos, que tienen mayores incentivos para oponerse. De allí el conocido sesgo hacia el statu quo. Por eso las ventanas de oportunidad política importan. Al inicio de un gobierno existe mayor capital para impulsar cambios y enfrentar resistencias. Esa oportunidad dura poco: cuanto más se postergan las reformas, más difícil resulta llevarlas adelante. Un estudio muy interesantes del Fondo Monetario del 2019, que analizaba el costo político de las reformas, encontraba precisamente que el sesgo hacia el statu quo disminuye durante el primer año de gobierno y que aumenta la probabilidad de reformas importantes.

Y en el Perú llevamos demasiado tiempo pagándolo. Nuestro problema de crecimiento ya no es fundamentalmente macroeconómico. Conservamos fortalezas importantes en inflación, reservas, deuda pública y estabilidad monetaria. Nuestro cuello de botella es cada vez más microeconómico e institucional: baja productividad, informalidad, regulación deficiente, infraestructura insuficiente, escasa capacidad estatal y dificultades para transformar inversión potencial en inversión efectiva.

Es sumamente preocupante ver como la productividad del país se ha ido al subsuelo. De acuerdo a las estimaciones Banco Central, está se encuentra en terreno negativo desde hace más de un quinquenio, lo cual golpea fuertemente al bienestar ciudadano.

Tomemos la informalidad. Las microempresas representan el 93,8% de las empresas formales y concentran buena parte del empleo privado, pero presentan niveles extraordinariamente bajos de productividad. En 2025, el 89,7% de sus trabajadores era informal. El Ejecutivo solicitó facultades para simplificar la formalización de las MYPE y revisar elementos del régimen laboral y tributario. Las facultades específicas fueron retiradas.

Esto no es una discusión abstracta. La OCDE identifica precisamente la informalidad como uno de los mayores obstáculos al crecimiento peruano y recomienda combinar simplificación de regulaciones laborales y empresariales, reducción de costos no salariales, mejoras de capacidades, fiscalización y una reforma del sistema tributario para las empresas pequeñas.

Algo parecido ocurre con los jóvenes. El 84,8% de los trabajadores entre 14 y 24 años está en la informalidad, mientras el desempleo juvenil prácticamente duplica el promedio nacional. La solicitud planteaba medidas de empleo, empleabilidad, formación y autoempleo juvenil. También fueron excluidas.

O miremos la regulación. Entre noviembre de 2017 y junio de 2026, la PCM evaluó 1.787 proyectos normativos y 830 correspondían a nuevos procedimientos administrativos. El Estado intenta simplificar mientras continúa creando trámites. Se solicitaron facultades sobre barreras burocráticas y calidad regulatoria. Tampoco sobrevivieron al recorte.

Y quizá el ejemplo más paradójico sea la minería. El Perú atraviesa términos de intercambio extraordinariamente favorables y dispone de una cartera minera de alrededor de US$64 mil millones que, según el FMI, podría elevar nuestro crecimiento potencial entre 0,5 y 1 punto porcentual. Sin embargo, buena parte de esa cartera lleva años paralizada por complejidad burocrática y conflictos sociales. La actualización de la regulación minera solicitada por el Ejecutivo tampoco fue incluida.

Se puede discrepar con alguna de las propuestas. Pero descartarlas prácticamente en bloque revela un problema mayor: frente al riesgo de reformar mal, estamos escogiendo la aparente seguridad de no reformar. Y no reformar también es una decisión de política económica. Tiene costos enormes para el Perú.

Aquí aparece otra enseñanza importante de la literatura: las reformas funcionan mejor como paquetes coherentes que como intervenciones aisladas. Formalización sin reforma tributaria sirve poco. Simplificación sin mejor capacidad estatal también. Promover inversión sin acelerar permisos y eliminar interferencias deja intacto el cuello de botella. Mejorar infraestructura sin proteger adecuadamente la capacidad de decisión de los funcionarios vuelve a producir parálisis.

Las complementariedades importan. Cuando se desmonta una agenda pieza por pieza, puede terminar sobreviviendo muy poco de su capacidad transformadora. La magnitud de lo que está en juego tampoco es menor. La OCDE estimó recientemente para el Perú que un paquete ambicioso de reformas que eleve productividad, reduzca informalidad y mejore instituciones podría llevar el PBI per cápita hacia 2070 a alrededor del 65% del promedio de la OCDE. Bajo las políticas actuales, llegaría aproximadamente al 45%. Veinte puntos porcentuales de diferencia no son una discusión para economistas. Son salarios. Son empleos formales. Son recursos fiscales. Son mejores servicios públicos. Son oportunidades para nuestros hijos.

Por supuesto que la inseguridad es urgente. Y por supuesto que debemos prepararnos para El Niño. Pero hay una confusión peligrosa en la oposición a este gobierno, que ha recortado horrorosamente las facultades, en pensar que solo constituye una emergencia aquello que explota mañana. Una economía que pierde productividad durante años también es una emergencia. Una generación de jóvenes entrando mayoritariamente por la puerta de la informalidad también lo es. Una inversión minera que tarda décadas en materializarse también. Un Estado incapaz de ejecutar proyectos a tiempo también.

La urgencia no es solamente evitar la próxima inundación o enfrentar al próximo delincuente. También es conseguir que dentro de diez años los peruanos sean sustancialmente más productivos y vivan mejor. El Congreso tiene todo el derecho —y la obligación— de poner límites a las facultades delegadas. Debe exigir precisión, preservar derechos y evitar cheques en blanco. Pero control no significa inmovilismo. Después de más de una década postergando reformas, el mayor riesgo quizá ya no sea equivocarnos al cambiar. Es seguir encontrando razones para no hacerlo. Eso tiene un nombre: veto al crecimiento. Y es sumamente irresponsable e indolente para con un país que necesita urgentemente el progreso.