El secreto de sus ojos

Quienes vieron la película El secreto de sus ojos probablemente recuerden una de sus reflexiones más memorables: una persona puede cambiar de apariencia, de entorno, de amistades o incluso de vida, pero difícilmente cambia aquello que constituye su verdadera pasión. La idea es sencilla: las circunstancias pueden modificarse, pero las convicciones suelen permanecer.

La política no es ajena a esa lógica.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, Roberto Sánchez presentó una nueva versión de su plan de gobierno. El documento muestra un tono considerablemente más moderado que el defendido durante la primera etapa de la campaña. Varias propuestas que despertaron preocupación entre empresarios, inversionistas y analistas económicos han sido suavizadas, mientras que el discurso busca transmitir mayor tranquilidad y previsibilidad.

No se trata de algo inusual. Las segundas vueltas suelen empujar a los candidatos hacia el centro político en busca de nuevos electores. Sin embargo, la pregunta relevante no es si un plan de gobierno puede cambiar. La verdadera pregunta es cuál de los dos documentos refleja mejor la visión de país que se pretende implementar.

Un político puede cambiar de asesores, de aliados, de estrategia comunicacional e incluso de plan de gobierno. Lo que resulta mucho más difícil es cambiar la ideología que inspira sus propuestas. Y esa ideología quedó claramente reflejada en el programa presentado originalmente por Juntos por el Perú.

Allí encontramos una mayor participación estatal en sectores considerados estratégicos, sustitución de importaciones, revisión de concesiones, mayores impuestos, expansión del rol empresarial del Estado y aumentos salariales impulsados desde la política. No son propuestas aisladas. Responden a una visión específica sobre el papel que debe desempeñar el Estado en la economía.

El problema es que América Latina ya ha recorrido caminos similares. Durante las últimas décadas, varios países apostaron por una creciente intervención estatal, expansión del gasto público, mayores controles sobre la actividad privada y un debilitamiento progresivo de los incentivos a la inversión. Los resultados fueron pérdida de competitividad, menor productividad y un crecimiento económico cada vez más frágil.

El caso venezolano constituye el ejemplo más dramático. La combinación de controles de precios, nacionalizaciones y creciente intervención estatal derivó en una profunda crisis económica y social. Millones de personas abandonaron el país y los niveles de pobreza alcanzaron cifras alarmantes.

Aunque el Perú enfrenta una realidad distinta, tampoco somos ajenos a experiencias similares. Durante los años ochenta convivimos con estatizaciones, controles de precios, manipulación de la política monetaria, escasez de productos e hiperinflación. Las consecuencias fueron devastadoras para millones de familias y empobrecieron al país.

Por supuesto, reconocer esos antecedentes no implica desconocer los problemas actuales. Persisten enormes brechas sociales, servicios públicos deficientes y un profundo descontento ciudadano. Pero precisamente por ello resulta fundamental no confundir el origen de los problemas con las soluciones.

El principal desafío del Perú no ha sido la falta de recursos, sino la incapacidad del Estado para administrarlos adecuadamente y convertirlos en bienestar para la población. Debilitar la inversión privada, incrementar la incertidumbre o ampliar indiscriminadamente el rol empresarial del Estado no corregirá esas deficiencias.

Los planes pueden cambiar. Los discursos también. Los asesores, las alianzas y hasta los símbolos de campaña. Pero, como sugiere aquella memorable reflexión cinematográfica, hay cosas que resultan mucho más difíciles de modificar. Y, en política, pocas son tan importantes como la ideología que da origen a un proyecto de gobierno.