El directorio de Petroperú decidió cancelar el proceso internacional para la contratación del Servicio de Transformación Integral, luego de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N.º 010-2025, que encarga a ProInversión el diseño, conducción y ejecución integral del proceso de reorganización patrimonial de la empresa estatal.
La medida deja sin efecto el concurso internacional PCI-0002-2025-OFP, que había convocado a firmas globales especializadas en reestructuración y transformación operativa.
Un proceso internacional que nunca llegó a concretarse
El proceso internacional PCI-0002-2025-OFP se había iniciado en septiembre de 2025 bajo la presidencia de Alejandro Narváez, con el fin de adjudicar un servicio especializado de transformación integral a firmas globales con experiencia en reestructuración de deuda, negociación con acreedores y transformación operativa en hidrocarburos y energía.
El objetivo era que Petroperú pudiera, con apoyo técnico externo, diseñar una hoja de ruta para salir de su crisis financiera y operativa, de acuerdo con el directorio de ese entonces.
Sin embargo, el proceso enfrentó obstáculos desde el inicio: la primera convocatoria fue declarada desierta porque la única propuesta válida superó en un 17,3% el presupuesto referencial, y la segunda convocatoria, que atrajo a varios consorcios internacionales, quedó en suspenso ante el cambio de estrategia impulsado por el MEF.
De la auditoría forense a la parálisis gerencial
Mientras tanto, la gestión de Narváez avanzó en la adjudicación en noviembre de una auditoría forense a la firma Alvarez & Marsal por USD2,7 millones para investigar los sobrecostos y retrasos en la Nueva Refinería de Talara, que ya acumula sobrecostos superiores a USD6.000 millones.
Este esfuerzo de transparencia y control fue opacado por el giro político y la llegada de nuevas autoridades. Pero con el relevo de Narváez por Elba Rojas tras la designación de Denisse Miralles como ministra de Economía y Finanzas, la presión por privatizar Petroperú se intensificó.
El nuevo marco impuesto por el MEF y su agencia heredera de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI de los años noventa dejó en suspenso la estrategia de transformación interna y trasladó el control de la reorganización a un ente externo, marginando a la propia empresa y a sus técnicos.
Privatización encubierta y pérdida de autonomía
El Decreto de Urgencia N.º 010-2025, lanzado por el Ministerio de Economía y Finanzas poco antes de la medianoche del 1 de enero de 2026, marca un antes y un después, pues otorga a ProInversión “el diseño, conducción y ejecución integral” de la reorganización patrimonial de Petroperú.
Para críticos y analistas, esto no solo representa la cancelación de un proceso técnico internacional, sino el inicio de una “privatización encubierta” y la renuncia a cualquier posibilidad de modernización liderada por la propia empresa estatal.
La cancelación del proceso de transformación integral es vista como una falta de autonomía de Petroperú para definir su futuro y la subordinación de su destino a intereses externos y políticos. Así, la decisión se presenta como un paso más en la desarticulación de la gestión pública y el debilitamiento de la principal empresa estratégica del país.
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