Claro rechaza acusaciones y afirma que no respalda la venta de chips en canales informales

Claro Perú salió al frente tras las recientes declaraciones del presidente de Osiptel, Rafael Muente, quien señaló que las empresas operadoras tendrían interés en que continúe la comercialización de chips en la vía pública. Las afirmaciones del regulador reavivaron la discusión sobre la informalidad en la venta de líneas móviles y su impacto en la seguridad ciudadana.

La operadora negó de forma tajante cualquier intención de mantener esquemas de comercialización fuera de la ley y remarcó que la industria de telecomunicaciones es un aliado en la lucha contra la delincuencia. Además, sostuvo que atribuir a las empresas la promoción de estas prácticas desvía la atención del verdadero problema: la infiltración de mafias en distintas actividades económicas.

En su comunicado, la compañía afirmó que “no está a favor de la informalidad y niega tener intereses económicos por encima de la seguridad de los ciudadanos”. Asimismo, rechazó las versiones que buscan vincular a los operadores con la comisión de delitos y reiteró que, al cerrarse los canales informales, la demanda se orienta de manera natural hacia los puntos de venta autorizados.

La empresa también recordó que desde 2019 ha impulsado mecanismos para desalentar la venta informal de chips y que ha presentado propuestas legales para fortalecer el control. Aseguró que mantiene un trabajo constante para impedir la infiltración de mafias en su cadena comercial y que seguirá colaborando con las autoridades dentro de sus competencias.

Durante una entrevista a RPP, el presidente de Osiptel afirmó que “existe un interés claro de las empresas en que las ventas en las calles sigan ocurriendo”, y cuestionó que algunas operadoras mantengan procesos judiciales contra normas que prohíben la venta de chips en la vía pública. Según explicó, estas acciones legales contradicen los discursos públicos que aseguran apoyar el retiro de la informalidad.

Muente señaló que el fenómeno se denuncia desde 2019 y que, pese a las prohibiciones vigentes, aún se comercializan chips sin verificar la identidad de los compradores. También indicó que el mercado informal representa el 75% de las ventas de líneas prepago, lo que facilita su uso para actividades delictivas, especialmente extorsiones.

El presidente del regulador sostuvo que las debilidades en los sistemas de verificación de identidad han permitido que la informalidad se mantenga. Debido a ello, insistió en que la eliminación de la venta callejera sería un golpe significativo para la estructura de ingresos de algunas empresas, lo que explicaría —según su versión— la resistencia a los cambios normativos.

Claro, por su parte, enfatizó que las telecomunicaciones son esenciales para el desarrollo del país y una herramienta clave para combatir el crimen. La empresa invocó a las autoridades y a otros sectores afectados a coordinar esfuerzos para implementar medidas efectivas que cierren espacios a organizaciones ilícitas y refuercen la seguridad ciudadana.

En el ejercicio de sus funciones de control y penalización, Osiptel comunicó que ha aplicado sanciones superiores a S/ 184 millones a las principales operadoras del país debido a faltas vinculadas con la comercialización informal de tarjetas SIM y con el desacato de disposiciones asociadas al Registro Nacional de Equipos Móviles para la Seguridad (Renteseg). Este tipo de prácticas, especialmente la venta callejera de chips, se considera uno de los factores que alimentan el aumento de extorsiones y estafas telefónicas en el Perú.

Según detalló el regulador, entre el 2020 y octubre del 2025 se realizaron cerca de 25 acciones de supervisión que derivaron en multas definitivas para compañías como Claro y Entel, por un total de 24.993 UIT, equivalentes a S/ 125.010 millones. A ello se suman otras penalidades relacionadas con el Renteseg, que ascienden a 11.895 UIT, monto que representa S/ 59,15 millones para los cuatro operadores involucrados.