Crisis en Perú por ola de criminalidad: atentados, crímenes y corrupción se desbordan ante inacción del gobierno de Dina Boluarte

La indignación se han extendido en Perú ante una crisis caracterizada por una ola de criminalidad, escándalos de corrupción y una creciente percepción de inacción del gobierno de Dina Boluarte. En los últimos días, la violencia se ha manifestado de manera alarmante, mientras la desaprobación ciudadana hacia la presidenta y su gabinete supera el 90%. El país enfrenta un escenario de inestabilidad política y social, con llamados a la vacancia presidencial y protestas que amenazan con paralizar la nación.

La escalada de inseguridad se evidenció con el reciente tiroteo en el Círculo Militar de Chorrillos, en Lima, durante un evento masivo. La balacera generó pánico entre los asistentes y puso de manifiesto la vulnerabilidad de los espacios públicos. Este hecho se suma a una serie de atentados y episodios violentos que han incrementado la percepción de inseguridad en la capital y otras regiones del país. La ciudadanía, cada vez más alarmada, exige respuestas ante la sensación de que las extorsiones y sicariato se han desbordado y las autoridades no logran contenerla.

Paralelamente, el gobierno de Dina Boluarte enfrenta una sucesión de escándalos de corrupción que han debilitado su legitimidad. En dos años de gestión, la mandataria ha estado involucrada en casos como el denominado “Rolexgate”, la polémica sobre el “cofre presidencial” y la investigación por cirugías, que podría derivar en acusaciones penales por falsificación y omisión de funciones. Además, la situación se complica por los escándalos de corrupción que involucran a su hermano Nicanor, y por las muertes registradas durante protestas sociales bajo su administración. Estos episodios han alimentado el descontento y la desconfianza hacia el Ejecutivo.

La respuesta del gobierno de Dina Boluarte por la creciente ola criminal en el Perú ha sido percibida como insuficiente y poco eficaz. La desaprobación ciudadana hacia la mandataria peruana se mantiene por encima del 90% desde hace más de un año, de acuerdo con encuestas de Ipsos. La falta de medidas concretas para frenar la criminalidad y esclarecer los casos de corrupción ha reforzado la imagen de un gobierno incapaz de enfrentar la crisis. La percepción de parálisis institucional y la ausencia de liderazgo han profundizado el desgaste político de la presidenta y su entorno.

Diversas bancadas parlamentarias han impulsado mociones de vacancia presidencial por separado, argumentando la incapacidad de Boluarte para gobernar, mientras que organizaciones sociales han convocado a un paro nacional para el 15 de octubre en protesta contra el gobierno. El clima de rechazo se refleja también en el lenguaje utilizado por la ciudadanía para describir a la mandataria, con términos como “incapaz”, “corrupta” y “desastre” dominando el discurso público.

El reciente ataque armado contra el grupo musical de cumbia Agua Marina desbordó la tolerancia frente a un gobierno percibido como incapaz de contener la violencia. Como reacción, las bancadas de Renovación Popular, Juntos por el Perú - Bancada Socialista y Podemos Perú formalizaron el anuncio de nuevas mociones de vacancia presidencial contra Dina Boluarte, citando incapacidad para gobernar y falta de liderazgo en el Ejecutivo.

La parlamentaria Norma Yarrow sostuvo que la medida responde a la urgencia de enfrentar el clima de inseguridad y afirmó que el pedido no busca la desestabilización política. “Este pedido que vamos a hacer no lo hacemos por buscar un desequilibrio político, pero la bancada de Renovación Popular va a presentar el día de hoy la vacancia presidencial, la vacancia de Dina Boluarte”, sostuvo en conferencia de prensa. La moción requiere el respaldo de 87 legisladores, lo que ha puesto en marcha un llamado a la unidad en el Congreso.

Al mismo tiempo, varias voces parlamentarias han dirigido críticas a las respuestas del Ejecutivo frente a la criminalidad. El congresista Diego Bazán rechazó las recientes recomendaciones de la presidenta, de no contestar las llamadas de los extorsionadores, y calificó de “insostenible su permanencia en el cargo”.

Por su parte, José Luna Gálvez, vocero de Podemos Perú, sostuvo que su bancada impulsa la vacancia presidencial porque la población no tolera el avance de la violencia y las muertes. “Los ataques criminales están desestabilizando al país”, indicó y expresó que la salida de las actuales autoridades es necesaria ante la magnitud de la crisis. “No hay solución, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No hay plan contra la criminalidad nos vamos por la vacancia de Dina Boluarte”, concluyó.

Otras bancadas interpretaron que el fondo de la nueva moción tiene también componentes de estrategia electoral, aunque la ingobernabilidad y la pérdida de vidas humanas se presentan como los principales motivos invocados en el debate. El incremento de solicitudes de vacancia y la proliferación de sesiones de interpelación han intensificado el clima de tensión institucional y el desgaste del Ejecutivo.

Mientras se impulsaban nuevas mociones de vacancia en el Congreso y crecía el descontento social, Dina Boluarte participó en la ceremonia de suscripción de contratos del Proyecto Longitudinal de la Sierra Tramo 4 en Palacio de Gobierno, desde donde defendió su permanencia en la presidencia hasta el final de su mandato en 2026.

“Seguiremos trabajando hasta el último minuto del 28 de julio del 2026 para seguir otorgando a nuestra familia peruana un poquito de calidad de vida”, manifestó la mandataria, evitando pronunciarse sobre el reciente ataque al grupo Agua Marina, pese a tratarse de su primera actividad oficial tras el atentado.

Boluarte aseguró que su gobierno ofrece estabilidad económica y que continuará impulsando nuevas iniciativas para mejorar la calidad de vida de la población, comprometiéndose a trabajar hasta el final de su mandato, haciendo un llamado a la unidad nacional. “Por un Perú mejor, por un Perú unido, sin violencia, porque la violencia no es buena, venga de donde venga”, sostuvo.

Ante la creciente crisis de inseguridad y descontento social, el Pleno del Congreso decidió convocar para hoy al premier Eduardo Arana y a todos los ministros para que informen sobre las medidas adoptadas para enfrentar la violencia asociada a bandas criminales en el país.

Esta citación, aprobada tras el atentado en un concierto de Agua Marina en Chorrillos, busca que el gabinete detalle la reglamentación e implementación de las leyes sobre seguridad ciudadana aprobadas recientemente. La sesión se programó mientras la presión social y política por el incremento de la inseguridad volvía a ocupar el centro de la agenda parlamentaria.

Como respuesta a la citación, Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, señaló: “Las expresiones de control político que el Congreso efectúa, serán explicadas en su momento y exhortamos al Parlamento que hagan una reflexión, si corresponde unir esfuerzos o desunir”.

Dentro de Palacio de Gobierno corren voces que ya pidieron la renuncia a Arana con el objetivo de salvar la permanencia de Dina Boluarte. Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, considerados aliados no declarados de la presidenta, promovieron la invitación del gabinete al Pleno para reducir la presión de la censura.

Mientras la tensión escala dentro y fuera del Congreso, la incertidumbre sobre el rumbo político del país se agudiza. La inacción percibida del gobierno, sumada a la presión social, mantiene a Perú en un estado de alerta, con una ciudadanía expectante frente a los próximos pasos de la administración y del parlamento en un contexto donde la gobernabilidad parece cada vez más frágil.