En medio del paro de transportistas, vecinos de San Miguel realizaron un ‘cacerolazo’ en rechazo a la violencia y la inseguridad

Una protesta espontánea convocada por redes sociales unió a decenas de familias en un mismo clamor: frenar la violencia y las extorsiones que azotan a la capital

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Cacerolazo en San Miguel: vecinos se suman a la protesta nacional contra la inseguridad y las extorsiones. (Canal N)

La noche del lunes 6 de octubre, un sonido metálico rompió la rutina en el distrito de San Miguel. Ollas, sartenes y tapas chocaron una y otra vez, en un estruendo que se expandió desde los balcones y ventanas de los edificios. Cientos de vecinos se unieron en un ‘cacerolazo’ convocado a través de redes sociales, una manifestación improvisada pero cargada de un mensaje claro: basta de inseguridad.

La protesta coincidió con el paro de transportistas que ese mismo día paralizó gran parte de Lima y Callao. Lo que empezó como una medida gremial se transformó también en un llamado ciudadano por la vida. Los sanmiguelinos salieron a hacer ruido no solo para respaldar a los choferes que exigen protección, sino también para denunciar el miedo que se ha instalado en las calles.

En los últimos días, el temor se ha extendido entre los trabajadores del transporte urbano. Varios de ellos fueron víctimas de ataques armados, presuntamente vinculados a bandas que extorsionan a las empresas del rubro. Algunos casos, incluso, involucraron la muerte de menores de edad, un hecho que conmocionó a los vecinos y que motivó su protesta nocturna.

Una noche de protesta ciudadana

El cacerolazo resurge como forma
El cacerolazo resurge como forma de protesta ciudadana en Lima. (Composición: Infobae /captura de pantalla)

El ‘cacerolazo’ comenzó alrededor de las 8:30 de la noche y duró varios minutos. En los registros audiovisuales compartidos por los residentes se observa la participación de vecinos desde distintos pisos, quienes hicieron sonar sus utensilios domésticos al unísono. La medida fue descrita por los propios participantes como un acto simbólico de unión frente a la inseguridad.

A diferencia de otras manifestaciones, no hubo presencia de banderas ni grupos organizados, sino una convocatoria espontánea que se propagó por mensajes en WhatsApp y publicaciones en redes sociales.

La iniciativa, difundida durante el día, invitaba a los limeños a salir a sus balcones y ventanas para exigir mayores acciones contra la violencia. En los audios y textos compartidos, los ciudadanos pedían que las autoridades incrementen la vigilancia y enfrenten con firmeza a las redes de extorsión que afectan a las empresas de transporte.

Una forma de protesta que resurge

El ‘cacerolazo’, práctica nacida en Francia en el siglo XIX y adoptada luego en América Latina, volvió a escucharse en Lima como expresión del descontento ciudadano. Golpear cacerolas y ollas se ha convertido en un modo de hacer política desde los hogares, especialmente en tiempos donde el miedo paraliza las calles.

No es la primera vez que los limeños recurren a esta forma de protesta. En abril de 2022, miles de personas se manifestaron desde sus casas contra el toque de queda impuesto por el entonces presidente Pedro Castillo. Aquella noche, el sonido metálico recorrió distritos como Miraflores, San Isidro, Magdalena y La Molina. Ahora, tres años después, el eco de esas ollas vuelve a escucharse, pero esta vez contra el crimen y la extorsión.

El cacerolazo de San Miguel se desarrolló como apoyo al paro de transportistas en distintas zonas de la capital. Los gremios del sector reclaman mayor seguridad, luego de una serie de ataques que dejaron víctimas mortales. Uno de los casos más recientes ocurrió en San Juan de Lurigancho, donde un chofer de la empresa Santa Catalina fue baleado mientras transportaba pasajeros por la avenida El Sol.

Otro hecho que generó indignación fue el asesinato de Daniel José Cedeña Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa, ocurrido el sábado 4 de octubre en San Juan de Miraflores. Según la Policía Nacional del Perú, ambos ataques serían parte de una ola de extorsiones dirigidas contra empresas de transporte urbano.

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