Relatora de la ONU se reúne con José Domingo Pérez y expresa “seria preocupación” por acoso a fiscales y periodistas en Perú

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su “profunda preocupación” por los riesgos y actos de intimidación que enfrentan fiscales y periodistas que investigan casos de corrupción en el país. La funcionaria internacional sostuvo un encuentro en persona con el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, el pasado viernes 3 de octubre, para conocer de primera mano su situación actual y las presuntas represalias que habría recibido por su labor.

En su comunicado, difundido a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Satterthwaite recordó que en julio de 2024 envió una comunicación formal al Gobierno en la que manifestaba su alarma por los reportes de acoso, estigmatización e intimidación judicial contra el fiscal Pérez, su colega Rafael Vela y el periodista Gustavo Gorriti, a quienes se habría intentado hostigar por su papel en la investigación del caso Odebrecht y otros procesos vinculados al lavado de activos. La relatora sostuvo que se mantiene “profundamente preocupada” por la seguridad de los operadores de justicia que impulsan estos casos de alto impacto.

“El viernes tuve el placer de reunirme en persona con el fiscal José Domingo Pérez, de Perú, para recibir una actualización sobre su situación”, señaló la relatora en su publicación. “En julio de 2024 envié una comunicación al Gobierno del Perú expresando una seria preocupación por los informes de acoso, estigmatización e intimidación judicial contra el señor Pérez, su colega Rafael Vela y el periodista Gustavo Gorriti, en aparente represalia por sus esfuerzos para exponer y enjuiciar la corrupción”, agregó.

A través del mismo mensaje, Satterthwaite instó al Estado a garantizar la protección e independencia del trabajo que realizan los fiscales y periodistas que investigan la corrupción. “Sigo profundamente preocupada por los riesgos continuos que enfrentan los fiscales y periodistas independientes que buscan la rendición de cuentas en casos importantes de corrupción. Su trabajo es vital para fortalecer el Estado de derecho, y es esencial que su independencia y protección estén plenamente garantizadas”, subrayó.

Las declaraciones de la relatora se enmarcan en el seguimiento a la comunicación AL PER 5/2024, enviada al Gobierno el año pasado, en la que se pedía información sobre las medidas adoptadas para salvaguardar la labor de los fiscales del Equipo Especial. La funcionaria reiteró que la independencia judicial y la protección de quienes luchan contra la corrupción son pilares fundamentales para el fortalecimiento democrático.

Cabe recordar que, en septiembre de este año, otro alto funcionario de la ONU, el alto comisionado Volker Türk, también se refirió a la situación del país durante la 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la que expresó su preocupación por la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso. Türk advirtió entonces que esta norma “constituye un retroceso para la justicia y para la verdad” y pidió al Estado garantizar el respeto de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo, en abril de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) manifestó su preocupación sobre la modificatoria a la ley APCI. Según el pronunciamiento, esta legislación otorga al Gobierno un mayor control sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben fondos de cooperación internacional, lo que podría limitar el espacio cívico y restringir el trabajo de defensa de los derechos humanos.

El alto comisionado Volker Türk advirtió que la norma podría “afectar gravemente el trabajo de las organizaciones que defienden los derechos humanos”, especialmente aquellas que brindan asistencia legal a víctimas de violaciones cometidas por el propio Estado. La ley impone multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) —equivalentes a más de 2 millones de soles— y permite la suspensión o cancelación del registro de las ONG que utilicen recursos internacionales para litigar contra el Estado. Además, obliga a las organizaciones a obtener autorización previa de la APCI para ejecutar proyectos, lo que, según críticos, reduce su autonomía e independencia operativa.