Paro de transportistas: gremio exige renuncias de ministros y reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

El paro de transportistas de este lunes 6 de octubre continúa generando tensión en Lima y Callao. La medida, convocada en protesta por el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, ha provocado bloqueos de avenidas, enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP) y una drástica reducción del servicio urbano en la capital. En medio del caos vehicular y la suspensión de clases escolares, los gremios participantes exigen una respuesta política concreta del Ejecutivo y el Congreso ante la ola de violencia y extorsiones que golpea al sector.

Durante una entrevista con Exitosa, Miguel Ángel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú (CNT), confirmó que su organización presentó el pasado 15 de septiembre una solicitud formal que incluye la renuncia de ministros, la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. El dirigente explicó que el documento fue ingresado por mesa virtual al Parlamento y representa un pedido de reordenamiento para enfrentar un debilitamiento del sistema judicial frente al crimen organizado.

“Hemos presentado el día 15 de septiembre por la mesa virtual del Congreso, donde hemos pedido las renuncias de los ministros, las renuncias del poder de la Junta Nacional de Justicia y la reposición de la fiscal Delia Espinoza”, declaró Palomino. Según indicó, la exfiscal conocía los errores cometidos en la modificación del Código Penal aprobada por la mayoría parlamentaria, que, a su juicio, redujo las competencias de las instituciones del sistema judicial y dificultó las investigaciones sobre organizaciones criminales y casos de corrupción.

El dirigente transportista sostuvo además que la crisis de inseguridad se agrava porque “la Policía entrega a los delincuentes y los fiscales los sueltan". Mencionó fallos judiciales que, según su gremio, benefician a bandas dedicadas a la extorsión, el sicariato y los “Cuellos Blancos del Puerto” - jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) involucrados en casos de corrupción y tráfico de influencias.

Estas declaraciones se producen en el contexto del paro de transportistas que mantiene bloqueadas importantes vías de Lima Norte, San Juan de Lurigancho y la Panamericana, donde grupos de manifestantes impiden el tránsito de unidades que no acatan la protesta.

El paro de transportistas de este lunes 6 de octubre fue convocado tras el asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa, quien fue atacado a balazos mientras cumplía su ruta en San Juan de Miraflores. Su muerte desató la indignación del gremio y encendió las alarmas sobre la escalada de violencia y extorsiones que padecen los choferes y empresarios del transporte público en Lima y Callao.

Desde las primeras horas del día, el servicio urbano se redujo en más del 90% de las unidades, dejando a miles de ciudadanos varados en paraderos repletos o caminando largas distancias para llegar a sus trabajos. Los bloqueos de avenidas principales, como la Túpac Amaru, la Panamericana Norte y la avenida Próceres de la Independencia, generaron un colapso del tránsito y escenas de tensión entre los manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP).

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reportó además la suspensión temporal de rutas del Metropolitano y el Corredor Azul, mientras que el Ministerio Público desplegó fiscales en Lima Norte para prevenir enfrentamientos y garantizar el orden público. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte pidió “reflexión” a los transportistas, asegurando que “un paro de 24 horas no soluciona nada”, en medio de una jornada marcada por el caos, la frustración y la exigencia de seguridad por parte del sector.

Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha advertido que los bloqueos y disturbios constituyen delitos flagrantes, y el Ministerio del Interior calificó la jornada como una “intentona de paralización”, alegando que el “apagón de motores” fue reemplazado por acciones violentas en la vía pública. Pese a ello, los representantes del transporte urbano aseguran que continuarán con la medida hasta obtener una respuesta del Congreso y del Ejecutivo frente a sus demandas de seguridad y justicia.