Víctor Zanabria, jefe de la PNP, desmiente hackeo a Inteligencia y apunta a filtración interna de datos

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, desmintió que se haya producido un hackeo en la base de datos de la Dirección de Inteligencia, conocido como ‘Dirin Leaks’, y aseguró que se trató de una filtración interna de información. El alto mando se refirió a la controversia tras la publicación de documentos sensibles que exponen datos sobre agentes y operativos, lo que puso en alerta a las autoridades de seguridad.

Durante una conferencia de prensa en Lima, Zanabria afirmó: "No ha habido hackeo y usted me vuelve a preguntar del hackeo. Lo hemos sustentado de manera técnica. Tenemos el informe de auditoría de la unidad que nos está dando Ciberseguridad. No ha habido un acceso mediante hackers", sostuvo el jefe policial. Detalló que, tras investigaciones internas, la información publicada provino de accesos autorizados, lo que constituye una filtración y no una irrupción cibernética externa.

El general explicó que la información extraída corresponde a documentos y trámites administrativos de uso restringido, pero que estaban bajo el resguardo del sistema interno y únicamente disponibles para agentes acreditados. “La información es de acceso a los usuarios, lo cual es una filtración, que es una mala costumbre que tenemos en todo el aparato estatal y es muy grave en la policía, porque muchos de ustedes publican la información que malos policías les hacen llegar de manera indebida”, mencionó el titular de la PNP.

Zanabria subrayó que la compañía encargada de la ciberseguridad del sistema confirmó que no se identificó un aumento anómalo en el tráfico de conexiones externas, sino un mayor volumen de consultas legítimas por parte de diferentes operadores policiales. “Lo que ha informado la compañía a cargo de la ciberseguridad es que se ha elevado el tráfico legal de consultas”, puntualizó.

El mando policial destacó que la Dirección de Inteligencia participa en la mayoría de las detenciones por armas de fuego, drogas y bandas criminales. “La Dirección de Inteligencia, con sus agentes operativos y sus equipos desplegados a nivel nacional, participa en casi el 80%o de las detenciones con detención de armas de fuego, drogas, bandas criminales”, explicó.

Ante la filtración, la Dirección de Ciberdelitos investiga la eventual responsabilidad de agentes que habrían accedido y divulgado la información. Por su parte, el área de tecnología de la policía realiza una auditoría para identificar a los usuarios responsables de las consultas indebidas, en coordinación con la Inspectoría General.

“La Dirección de Inteligencia, con nuestra Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, está haciendo la auditoría al detalle para determinar qué usuario policial es el que ha hecho estas consultas”, dijo Zanabria durante la conferencia.

Entre los documentos filtrados se encuentran actas de entrega de equipos y fichas de incorporación de personal, datos que corresponden a procesos administrativos internos. De acuerdo con los protocolos internos, una vez identificado el responsable directo o indirecto del acceso indebido, se procederá con sanciones administrativas que pueden implicar el retiro inmediato del agente involucrado.

Horas antes del pronunciamiento del comandante general Zanabria, la institución confirmó la filtración de documentos internos de la Dirección de Inteligencia (Dirin). Según la Policía Nacional, la División de Seguridad Digital había alertado sobre una posible vulneración de sus servidores, lo que motivó la activación de un plan de contingencia que incluyó la suspensión de servicios y la coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para proteger la infraestructura afectada.

La filtración conocida como “Dirin Leaks” ocurrió la noche del jueves 4 de septiembre y reveló información altamente sensible, incluyendo datos de agentes encubiertos, planes de seguridad de autoridades y reportes clasificados. El grupo de hackers Deface Perú reivindicó el ataque, asegurando haber obtenido identidades, códigos CIP, movimientos de ingreso y salida de personal, bases de datos internas, circulares, reportes clasificados e incluso credenciales de acceso.

La revisión de los archivos confirmó que entre los documentos filtrados se encuentran planes de protección de la presidenta Dina Boluarte y de expresidentes como Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Manuel Merino y Pedro Castillo, con detalles de amenazas y medidas de seguridad en eventos oficiales. La situación ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los sistemas estatales y motivó la apertura de investigaciones internas para determinar responsabilidades y reforzar la seguridad informática.