Elmer Schialer evita opinar sobre salida de la Corte IDH, pero asegura que “la política exterior no puede estar desconectada del pueblo”

El debate sobre la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos volvió a instalarse en la agenda política. Pese a que es una decisión exclusiva del Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, propuso la creación de una comisión especial para estudiar esa posibilidad ante la representación nacional. Consultado como responsable de la política exterior, el canciller Elmer Schialer evitó dar una posición. No obstante, aseguró que deben priorizarse las urgencias del pueblo.

Ante la suspensión de la sesión parlamentaria, como parte del debate para otorgar el voto de confianza, Schialer fue abordado por los medios de comunicación. “No me voy a pronunciar sobre una pregunta hipotética”, dijo inicialmente. Sin embargo, ante la insistencia subrayó que la política exterior del Perú “se hace en función de los requerimientos, las necesidades, urgencias y posibilidades” del pueblo. Añadió que no puede estar “desconectada de las urgencias del pueblo”, evitando así definir una postura clara ante una propuesta que ha generado intensas discusiones entre especialistas, sectores políticos y de la sociedad civil.

Su posición dista de lo que dijo el titular del Ministerio de Salud, César Vásquez, quien incluso señaló que la población exige medidas drásticas contra la delincuencia y estas no se pueden ejecutar porque “nos limita esta Corte Interamericana de Derechos Humanos”. “Es una salida importante que está evaluando el Ejecutivo”, expresó Vásquez.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como el Pacto de San José. Su principal función consiste en garantizar la protección efectiva de los derechos humanos en los Estados que han suscrito dicho tratado y aceptado la competencia contenciosa de la Corte.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está formado tanto por la Corte IDH como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Comisión actúa como órgano principal de promoción y protección de los derechos humanos en el continente, recibiendo denuncias y realizando informes, mientras que la Corte juzga casos emblemáticos y emite sentencias vinculantes para los Estados miembros.

El Perú ha enfrentado casos fundamentales ante la Corte Interamericana, especialmente tras los años del conflicto armado interno y durante los gobiernos autoritarios en las décadas recientes. Gracias a la supervisión de este sistema, víctimas de violaciones graves han accedido a justicia y reparación cuando los mecanismos nacionales resultaron insuficientes o fallaron.

Entre los casos más conocidos se encuentran el de Barrios Altos, una sentencia clave que permitió investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Alberto Fujimori. La Corte IDH también ha intervenido en temas de derechos sexuales y reproductivos, tortura, desapariciones forzadas y libertad de expresión.

De acuerdo con el derecho internacional, ningún país puede abandonar de forma inmediata la jurisdicción de la Corte IDH. El primer paso es denunciar, es decir, retirar su consentimiento al tratado base, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto implica presentar un documento formal ante la Secretaría General de la OEA y esperar a que transcurra un periodo estipulado —normalmente de un año— para que la salida sea efectiva.

Durante ese periodo, el país sigue vinculado a las obligaciones y sentencias del sistema y, una vez concretada la denuncia, está obligado a cumplir con las decisiones emitidas antes de su retiro. En la historia reciente, solo Venezuela y Trinidad y Tobago han dejado la Corte IDH, experiencia que despertó fuertes críticas dentro y fuera de esos países por el retroceso en la protección de derechos básicos.