Ley Chlimper 2.0 aprobada en primera votación por el Congreso: exoneran a la agroindustria con más de S/1.880 millones cada año

Con 35 votos a favor, 35 en contra y 15 en abstención, el Congreso de la República aprobó en primera votación la nueva Ley Agraria, denominada Ley Chlimper 2.0 (Proyectos de ley 2421, 3785, 3954, 5861, 7149 y 8924) por sus críticos, una propuesta que otorga beneficios tributarios significativos a las grandes empresas agroexportadoras. El proyecto aprobado será sometido a segunda votación transcurridos siete días calendario.

Según el análisis del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la medida impulsada por congresistas del norte del país -donde se concentran la maoría de grandes agroexportadoras- podría tener un impacto fiscal de más de S/1.880 millones cada año y, aproximadamente, S/20.000 millones solo entre 2025 y 2035, lo que ha generado una fuerte controversia entre sectores políticos, gremios laborales y especialistas económicos.

El predictamen de la Comisión Agraria plantea restablecer una serie de beneficios tributarios para el sector agroexportador, entre los que se incluyen una reducción del Impuesto a la Renta (IR) del 29,5% al 15%, créditos por reinversión, depreciación acelerada y recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV). Son tan pocas las empresas que verdaderamente se verán beneficiadas -menos de 20 a nivel nacional-, que se ha llegado a considerar desde Conveagro como una ley con nombre propio.

Además, se propone un régimen tributario especial para pequeñas empresas agrarias con ingresos anuales menores o iguales a 140 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Sin embargo, uno de los puntos más polémicos es la eliminación del límite de 10 años para estas exenciones fiscales, lo que convertiría estos beneficios en permanentes.

El impacto de esta propuesta no se limita al ámbito fiscal. Según el especialista Eduardo Zegarra, de Grade, la ley también debilitaría la capacidad de fiscalización laboral de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), priorizando la supervisión en “zonas informales”.

Esto, según Zegarra, afectaría aún más las condiciones laborales en un sector donde predominan el autoempleo y los trabajadores familiares no remunerados, segmentos que concentran altos niveles de pobreza. “Congreso se apresta hoy a aprobar Ley Chlimper 2.0 al caballazo”, dijo.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), junto con otras organizaciones como CONVEAGRO y federaciones de trabajadores de la agroindustria, ha expresado su rechazo a la iniciativa.

En un comunicado, la CGTP denunció que el proyecto responde a los intereses de grandes empresas agroexportadoras, señalando que estas han tenido históricamente vínculos con partidos políticos como Fuerza Popular.

Según el gremio, la ley perjudicaría a la agricultura familiar y los modelos asociativos, mientras que los beneficios se concentrarían en las grandes corporaciones.

El debate sobre la Ley Chlimper 2.0 se produce en un contexto de crecimiento sostenido del sector agroexportador peruano. Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), las agroexportaciones alcanzaron un récord histórico de US$12.784 millones en 2024, lo que representó un crecimiento del 22,1% respecto al año anterior.

En los primeros meses de 2025, las exportaciones agrarias ya superaron los US$2.233 millones, un incremento del 19,8% en comparación con el mismo periodo de 2024. Este desempeño ha sido impulsado, en parte, por políticas previas que otorgaron beneficios tributarios al sector.

Las críticas hacia la Ley Chlimper 2.0 también se fundamentan en experiencias pasadas. La Ley 31110, aprobada en diciembre de 2020, introdujo una regulación más estricta para el sector agrario, equiparando gradualmente los derechos laborales con los del régimen general y aumentando las tasas de aporte a EsSalud e impuesto a la renta.

Aunque esta ley fue inicialmente resistida por las agroexportadoras, los datos muestran que no afectó negativamente al sector. Entre 2020 y 2023, se crearon más de 42.000 empleos formales, se recaudaron S/79 millones adicionales de IR y S/115 millones extras por EsSalud, mientras que las utilidades de las empresas más grandes crecieron un 74%.

Por otro lado, el exviceministro de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Fernando Cuadros, ha señalado que los regímenes laborales especiales implementados en el pasado no lograron beneficiar a la mayoría de los trabajadores agrícolas, quienes continúan en condiciones de precariedad.

Según Cuadros, el autoempleo y el trabajo familiar no remunerado siguen siendo predominantes en el sector, lo que limita el impacto positivo de estas políticas en los segmentos más vulnerables.

La inclusión de la nueva Ley Chlimper 2.0 en la agenda del Pleno ha sido objeto de cuestionamientos por la forma en que se ha manejado el proceso legislativo.

Según denuncias de la congresista Sigrid Bazán, el proyecto fue bloqueado para que no regrese a la Comisión de Economía, donde podría haber sido sometido a un análisis más exhaustivo.

En su lugar, se ha priorizado su debate en el Pleno, lo que, según Bazán, responde a la “presión de lobbies empresariales y a la connivencia entre el fujimorismo y otros grupos parlamentarios”. Todo podría consumarse hoy.