Ley Chlimper 2.0: Perú Libre traiciona sus principios y vota a favor de privilegiar con menos impuestos a la agroindustria

El Pleno del Congreso de la República aprobó, con 75 votos a favor, 33 en contra y 1 abstención, el pedido para volver a votar la cuestión previa que envió el texto sustitutorio de la Ley Chlimper 2.0, rechazado por la Representación Nacional el pasado 15 de abril, para una evaluación que debía ser clave en la Comisión de Economía, por lo que regresará únicamente a Agricultura.

En otras palabras, la nueva Ley Agraria, que agrupa los proyectos de ley 2421, 3785, 3954, 5861, 7149 y 8924, tendrá un segundo aliento en el grupo que originalmente le dio luz verde para pasar al Pleno, gracias no solo al pedido de reconsideración del fujimorista César Revilla, sino también al voto plenario hoy de Perú Libre, otrora partido defensor de la agricultura familiar, que lo llevó al poder.

Perú Libre cuenta con 11 congresistas en actividad, de ellos, 8 votaron a favor: Waldemar Cerrón, Kelly Portalatino -quien, además, busca bloquear la ley que reserva las primeras 5 millas marinas para la pesca artesanal-, María Antonieta Agüero, Flavio Cruz, Américo Gonza, María Taipe Coronado, Isaac Mita Alanoca y Segundo Montalvo. Por supuesto, Fuerza Popular lideró el tablero con 16 votos.

La ley, que lleva por rótulo “Transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna”, propone reducir el Impuesto a la Renta (IR) de 29,5% al 15% a los agroexportadores, una medida que tendrá un costo fiscal de S/1.850 millones anuales, según el Ministerio de Ecomomía y Finanzas (MEF).

Pero no solo eso, pues también promueve el tráfico de terrenos, desplaza a toda forma asociativa de agricultura familiar, y reduce la capacidad de la Sunafil para inspeccionar el trabajo en los fundos de los agroexportadores. Estamos hablando de un beneficio que se aplicará durante un periodo de diez años, de 2025 a 2035.

La oposición del MEF se basa en que, en el Perú -con corte a la presentación de sus alegatos ante el Congreso, en 2023-, existen, al menos, 2,2 millones de unidades agropecuarias, pero solo 25.703 estan registradas ante la Sunat, de las cuales, apenas, 3.511 estan acogidas al Régimen Agrario de la Ley N° 31110, el actual marco que rige para el sector.

De estas últimas, 506 son medianas, mientras que los grandes agroexportadores concentran el 92% de los ingresos que se verán incrementados gracias al menor pago de impuestos, entre ellos Camposol, Virú y Danper. Son tan pocas las empresas que verdaderamente se verán beneficiadas -menos de 20 a nivel nacional-, que se ha llegado a considerar como una ley con nombre propio, sobre todo, porque es promovida por legisladores del norte, región que concentra el potencial agroindustrial del país.

¿Necesita la agroindustria mayores beneficios? Usted decida. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), así como están operando hoy en día las agroexportaciones peruanas tuvieron un notable crecimiento en el primer trimestre del año, alcanzando ventas por US$2.991 millones, lo que representa un aumento del 20,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento refleja la consolidación de los productos peruanos en mercados internacionales y el dinamismo del sector agrario del país.

De acuerdo con los datos proporcionados por el despacho del ministro Ángel Manero, ingeniero agroindustrial con una extensa trayectoria en la industria agropecuaria -por algo pasó por la azucarera Andahuasi-, las exportaciones agrarias se dividieron en dos categorías principales: las tradicionales, que generaron US$116 millones, y las no tradicionales, que sumaron US$2.874 millones. Este último segmento, el corazón del negocio agroexportador, experimentó un crecimiento del 24,8% en comparación con el año anterior, consolidándose como motor principal para la veintena de empresas antes citada.

Además, debe recordarse que el aporte a EsSalud de la agroindustria volvió a ser 6% en 2024 -gracias a la Ley 31969-, frente al 9% que pagan el resto de las industrias del país. Es decir, la atención en salud hoy de los trabajadores de la agroindustra es, en la práctica, subsidiada parcialmente por el resto de sectores económicos y contribuyentes. Se suponía que, desde este año 2025, debían nivelarse a ese 9%, después de subir anual y escalonadamente a partir de la extinción de la primera Ley Chlimper, en 2020. Pero no será así.

El cambio de discurso de Perú Libre, desde que la bancada llegó al Congreso gracias al discurso de izquierda del hoy investigado Pedro Castillo y del fugitivo Vladimir Cerrón, es claro. Su plan de gobierno original, aquel que llenó los ojos de los electores del denominado “voto rural”, mencionaba que “la política sectorial de la agricultura se ha ejecutado verticalmente de arriba hacia abajo, sustituyendo las iniciativas de los productores locales”.

“Lo que entendemos como segunda reforma agraria es el desarrollo rural agrario y participativo como una decisión política importante para la gestión de una agricultura con enfoque territorial y desde abajo; desde la participación movilizada de las organizaciones territoriales y locales de productores”, decían.

Pero no solo eso, pues el plan contenía estrategias para “concertar con gobiernos regionales y municipalidades, revisar el acaparamiento y monopolio de tierras, promover la reserva de tierras para pequeña y mediana agricultura, y que un porcentaje se destine a la producción de pan llevar”, además de “atención preferente a la agricultura, familiar y comunitaria, desde sus propias organizaciones territoriales; gestión de sus tierras y del agua”. Un plan que dio algunos pasos con el exministro Víctor Maita Frisancho, que enarboló el fracaso de la “segunda reforma agraria”, pero que terminó de desdibujarse con Óscar Zea.