SBS: fondos de inversión y empresas de factoring también serán investigados por lavado de activos en la Unidad de Inteligencia Financiera

El Gobierno del Perú ha emitido un nuevo Decreto Supremo, el Nº 008-2025-JUS, que amplía la lista de entidades obligadas a reportar información a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), con el objetivo de reforzar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDDHH), esta medida incluye a las Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión de Oferta Privada que no están bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y a las Empresas de Factoring que no se encuentran reguladas por la Ley N° 26702, conocida como la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.

De acuerdo con el decreto, publicado el 12 de mayo de 2025, estas entidades serán supervisadas por la UIF-Perú en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La medida responde a estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que recomienda que las instituciones financieras, incluidas aquellas que realizan actividades de préstamo y administración de fondos, estén sujetas a regulación y supervisión adecuadas. Según el documento, esta incorporación busca garantizar que dichas entidades implementen medidas eficaces para evitar ser utilizadas en actividades ilícitas.

Estas incluyen la implementación de sistemas de prevención que permitan detectar y reportar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Según el decreto, esta medida busca alinear al Perú con los estándares internacionales en la materia.

La Ley N° 27693, que creó la UIF-Perú, establece que esta unidad es responsable de recibir, analizar y transmitir información para detectar actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Posteriormente, la Ley N° 29038 incorporó la UIF-Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), definiendo a los sujetos obligados a reportar información y a implementar sistemas de prevención.

En este contexto, el nuevo decreto amplía la lista de sujetos obligados, conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley N° 29038.

El fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo no es un hecho aislado. En diciembre de 2024, el Congreso promulgó la Ley Nº 32209, que otorgó a la UIF-Perú la facultad de congelar cuentas o activos vinculados a actividades de extorsión.

Acto seguido, en marzo de 2025, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N.°004-2025-JUS, que incorporó como sujetos obligados a las empresas que prestan servicios de transporte y custodia de dinero y valores no supervisadas por la SBS.

Todas estas medidas forman parte de un esfuerzo continuo por cumplir con las recomendaciones del GAFI y fortalecer los mecanismos de control en sectores vulnerables.

También en marzo pasado, la SBS aprobó la difusión de un proyecto normativo dirigido a reforzar la prevención del lavado de activos en el sector de los juegos y apuestas deportivas a distancia. Este proyecto, enfocado en las empresas supervisadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), busca establecer controles más estrictos en un sector que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.

Finalmente, en abril de 2025, la SBS continuó con estas iniciativas al aprobar la Resolución SBS N.°01139-2025, que establece un instructivo para el envío del Registro de Operaciones (RO) del Órgano Centralizado de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (OCP LA/FT). Este instructivo regula la presentación de información sobre operaciones realizadas por notarios en todo el país, reforzando así los controles en otro sector clave.