Día de la Madre: de Arequipa a Moquegua, estas son las regiones con los deudores morosos por alimentos más grandes del Perú

El Poder Judicial ha registrado a más de 18.000 personas como deudores alimentarios morosos en el sistema conocido como Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), una herramienta diseñada para sancionar a quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias.

Según informó Marlene Veramendi Oliva, funcionaria de la Subgerencia de Registros Judiciales, este registro incluye a aquellos que adeudan al menos tres cuotas, consecutivas o no, establecidas en sentencias judiciales o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada.

La inscripción en este sistema tiene consecuencias legales significativas, como la imposibilidad de ser contratado por el Estado, participar en procesos electorales, acceder a créditos o incluso salir del país.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Poder Judicial, el Distrito Judicial de Arequipa lidera la lista con 2.697 deudores inscritos, seguido por Huánuco con 1.964, Lambayeque con 1.942, Amazonas con 1.537, Tumbes con 1.540 y Lima con 1.417.

En contraste, las cortes superiores con menor cantidad de registros son Sullana, con solo 25 deudores, Moquegua y Cajamarca, ambas con 34, San Martín con 67 y Cañete con 78.

Este sistema permite un seguimiento judicial y social del cumplimiento de las obligaciones alimentarias, incentivando el pago oportuno para evitar sanciones legales, que pueden incluir penas de cárcel de hasta tres años.

El Redam, según explicó Veramendi Oliva, es una herramienta clave para garantizar los derechos de los menores de edad, asegurando recursos esenciales para su alimentación, salud y desarrollo integral.

Además, el sistema se actualiza constantemente y remite mensualmente la lista de deudores a entidades como la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP). Esto permite que dichas instituciones identifiquen a los deudores y exijan el pago de las deudas pendientes como requisito para acceder a empleos o servicios financieros.

En caso de no cancelar la deuda, los deudores pueden autorizar descuentos por planilla u otros medios de pago para saldar las pensiones alimentarias fijadas judicialmente.

El Poder Judicial también ha implementado un módulo de consulta pública y gratuita en su página web, donde cualquier persona puede verificar si alguien está registrado en el Redam.

Este sistema muestra información como el nombre completo del deudor, su domicilio, número de Documento Nacional de Identidad, fotografía, cantidad de cuotas en mora, monto pendiente, intereses acumulados y el órgano jurisdiccional que ordenó la inscripción.

En caso de que alguna inscripción sea omitida, los alimentistas pueden solicitar su inclusión adjuntando el mandato judicial correspondiente.

Para quienes necesiten un certificado oficial de deudor alimentario moroso, el trámite puede realizarse a través de la plataforma del Poder Judicial, con un costo de S/10,30, pagadero en el Banco de la Nación.

Este documento es requerido en diversas situaciones legales y administrativas, reforzando el impacto del Redam como un mecanismo de presión para el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

El Redam no solo busca sancionar a los deudores, sino también garantizar que los menores de edad reciban los recursos necesarios para su bienestar. Con más de 18.000 inscritos hasta la fecha, esta herramienta se consolida como un pilar en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país.

El incumplimiento en el pago de la asistencia familiar, establecido por un juez o jueza en un proceso judicial por alimentos, puede derivar en penas de prisión que oscilan entre dos días y tres años. Así lo establece el artículo 149° del Código Penal, que tipifica este delito como una infracción contra la familia. Este tipo de casos representa más del 50% de la carga procesal en el sistema de justicia, siendo el delito de omisión de asistencia familiar el más recurrente.

Este delito se configura cuando una persona, obligada legalmente a brindar apoyo económico a sus hijos, cónyuges o familiares dependientes, se niega a cumplir con dicha obligación, a pesar de existir una resolución judicial que lo ordena. En la mayoría de los casos, las demandas están relacionadas con la manutención de hijos, aunque también se presentan, en menor medida, entre cónyuges o familiares con responsabilidad alimentaria.

El proceso judicial por omisión de asistencia familiar tiene una etapa inicial en la que se interpone una demanda en el juzgado civil correspondiente. En esta instancia, se determina el monto de la pensión alimenticia que el obligado debe pagar. Una vez fijada esta cantidad, si el responsable no cumple con el pago, se emiten copias certificadas de la resolución judicial a la Fiscalía Penal, que inicia las investigaciones correspondientes. Anímese, pierda el miedo.