El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Rafael Vela Barba, fiscal superior y coordinador del equipo especial Lava Jato; la procuradora ad hoc Silvana Carrión y su antecesor Jorge Ramírez Ramírez, por presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento real en el marco del caso Odebrecht.
La investigación ha sido encargada al fiscal supremo provisional José Fernando Timarchi Meléndez, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El objetivo es determinar si los fiscales y procuradores mencionados encubrieron a la constructora brasileña mediante el acuerdo de colaboración eficaz firmado en 2019.
Denuncias y acusaciones
El proceso se inició tras la denuncia de los abogados José Luis Francia y Luis Alberto Pacheco Mandujano, representantes de Gonzalo Monteverde, empresario vinculado al caso Odebrecht y actualmente prófugo.
Además de Vela, Carrión y Ramírez, la denuncia también menciona a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, y a los fiscales provinciales José Domingo Pérez y Diana Canchihuamán, miembros del equipo especial.
Según la acusación, los funcionarios habrían concedido inmunidad procesal a Odebrecht y sus directivos a cambio de no asumir responsabilidades en diversos casos. También se señala que habrían cometido irregularidades en las investigaciones contra figuras como el expresidente Ollanta Humala, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el empresario Gonzalo Monteverde.
El fiscal Timarchi estableció un plazo de 90 días para la investigación preliminar. Durante este periodo, se tomarán declaraciones a los denunciados entre el 14 y el 20 de febrero, mientras que los abogados denunciantes serán interrogados el 11 de febrero.
Reacciones y próximas diligencias
Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, evitó pronunciarse, argumentando que no tiene autorización de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Además, la procuradora Silvana Carrión calificó la denuncia como “mal planteada” y sostuvo que busca perjudicar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Según Carrión, los abogados denunciantes tienen un interés directo en que dicho acuerdo sea cuestionado.
El caso se mantiene en investigación, y el Ministerio Público deberá determinar si existen elementos suficientes para formalizar una acusación o si la denuncia será archivada.
Posibles irregularidades en compra de inmuebles
A mediados de enero, el Ministerio Público examinó si existen indicios suficientes para abrir una investigación preliminar contra los fiscales Rafael Vela y Marita Barreto, en respuesta a denuncias periodísticas que apuntan a supuestas irregularidades en la adquisición de bienes inmuebles. Según reportajes emitidos por el canal de televisión Willax, las propiedades adquiridas por ambos magistrados no se corresponderían con los ingresos que perciben oficialmente.
Esta situación ha llevado a la Fiscalía de la Nación, a través de su Secretaría General, a remitir los casos a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios para su debida evaluación.
En esa fecha, la Secretaría tomó acción respecto a cada caso de manera separada: primero trasladó una denuncia que involucra a Barreto, quien habría adquirido una propiedad en el distrito de Asia, además de otros bienes; y, pocos días después, hizo lo mismo con una denuncia contra Vela, relacionada con la compra de una vivienda en la urbanización El Sol de La Molina, cuyo valor se estima en aproximadamente 490 mil dólares.
En el informe del mencionado medio, sobre Marita Barreto, se muestra cómo la fiscal pone a la venta una propiedad frente al mar por un precio negociable de 500 mil dólares. Dicho inmueble, según los reportes, fue inicialmente adquirido entre 2017 y 2018 por 60 mil dólares, en un terreno de 409 metros cuadrados sobre el que actualmente se encuentra construida una casa de dos pisos con patio y piscina.
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