Más de 2 millones de m² de terrenos recuperados en siete regiones del Perú, entre ellas Lima, Áncash, Ica y Lambayeque

A través de un proceso de recuperación tanto judicial como extrajudicial, la SBN logró devolver 121 predios a la administración pública, con un enfoque en proteger los bienes nacionales

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En 2024, la Superintendencia Nacional
En 2024, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) ha logrado recuperar más de 2 millones de m² de terrenos ocupados ilegalmente en diversas regiones del Perú. (Andina)

La recuperación de terrenos estatales en diversas regiones del Perú marcó un significativo avance en el 2024. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), bajo la supervisión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), informó que se retomó el control de más de 2 millones de metros cuadrados (m²) que habían sido ocupados de manera ilegal. Estas acciones, llevadas a cabo tanto por vías judiciales como extrajudiciales, permitieron devolver los predios a la administración estatal.

Los terrenos recuperados, distribuidos en 121 predios ubicados en siete regiones del país, son una muestra del esfuerzo continuo por proteger el patrimonio estatal. “Las intervenciones son esenciales para garantizar que los bienes públicos sean destinados a proyectos de interés nacional y no sean aprovechados de manera indebida”, señaló la SBN. Este trabajo incluye una serie de acciones legales respaldadas por la Ley 30230, que permite al Estado actuar rápidamente frente a las invasiones y el tráfico de terrenos.

Regiones con mayores áreas recuperadas

Entre las regiones que concentran las mayores extensiones de terreno recuperado, Ica lideró con más de 800 mil m² distribuidos en 20 predios. Le siguió Áncash, donde se retomó el control de 547 mil 862 m² en 32 predios. En Lima, la recuperación alcanzó 364 mil 162 m², incluyendo terrenos ubicados en distritos de la capital como Carabayllo, Lince, Pucusana, Santa Rosa, Comas, Ate y Puente Piedra.

En la región Lambayeque se logró recuperar 166,666 m², mientras que en Piura se retomó el control de 154,443 m². En Arequipa, la recuperación incluyó más de 2.000 m², y en Tumbes, un predio de 14 m². Aunque las dimensiones varían, cada caso representa una acción concreta para frenar el avance de ocupaciones ilegales que afectan el desarrollo de proyectos de interés social.

Acciones legales y extrajudiciales

La recuperación extrajudicial de terrenos es una de las herramientas más efectivas empleadas por la SBN. Este mecanismo, respaldado por la Ley 30230, permite la actuación inmediata del Estado para salvaguardar los predios ocupados indebidamente. La entidad recordó que los delitos de usurpación y tráfico de terrenos estatales pueden ser sancionados con penas privativas de libertad de hasta 12 años, según lo establecido en el Código Penal.

La labor de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

La SBN tiene un rol clave en la administración y protección de los bienes inmuebles del Estado peruano. Como entidad descentralizada adscrita al MVCS, se encarga de normar, supervisar y ejecutar acciones relacionadas con la adquisición, disposición y registro de predios estatales. Además, brinda capacitación y orientación legal a las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Entre sus principales funciones se encuentran:

  • Adquisición y disposición de bienes: La SBN gestiona la compra y venta de inmuebles del Estado, incluyendo la organización de subastas públicas.
  • Administración y supervisión: Se asegura del mantenimiento y uso adecuado de los bienes estatales, asignándolos a entidades públicas según sus necesidades.
  • Registro y control: Lleva un registro detallado de los predios estatales para evitar usos indebidos o pérdidas.
  • Saneamiento físico-legal: Regulariza la situación jurídica de los inmuebles, facilitando su formalización.
  • Promoción de la inversión: Ofrece terrenos con potencial en sectores como el industrial, agrícola y comercial, fomentando la inversión privada.

La importancia de la SBN radica en su capacidad para garantizar que los bienes estatales sean utilizados de manera eficiente y conforme a las necesidades del país. Su trabajo incluye no solo la recuperación de terrenos, sino también la promoción de su aprovechamiento en proyectos que beneficien a la población.

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