En el marco de las investigaciones sobre el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, cuyo protagonista es Nicanor Boluarte, el hermano prófugo de la presidenta de Dina Boluarte, el Ministerio Público informó hoy, jueves 9 de enero, el hallazgo de documentos clave que apuntan a presuntas designaciones irregulares de subprefectos en la región San Martín.
Los documentos fueron encontrados durante una diligencia ejecutada por el equipo de investigación de la Fiscalía en las instalaciones de la Subprefectura Provincial de Tarapoto, que está bajo la responsabilidad de Mery Pinchi Ramírez, subprefecta provincial.
Según las autoridades, estas pruebas estarían relacionadas con designaciones irregulares de subprefectos en la región, lo que podría constituir un nuevo indicio en el caso.
La Fiscalía señaló que esta diligencia es parte de una investigación más amplia sobre la organización criminal denominada ‘Los Waykis en la Sombra’, la cual se encuentra bajo escrutinio por presuntos actos de corrupción dentro del aparato estatal.
Hasta el cierre de esta nota, no se habían informado mayores detalles sobre los documentos encontrados o las posibles implicancias legales para las personas involucradas.
¿Quiénes son ‘Los Waykis en la Sombra’?
El caso ‘Los Waykis en la Sombra’ es una investigación abierta por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en mayo de 2024. Este proceso busca desmantelar una presunta red de corrupción formada por funcionarios públicos y operadores políticos, quienes habrían utilizado sus cargos para manipular la designación de prefectos y subprefectos en varias regiones del país y facilitar la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú. Según la Fiscalía, estas designaciones irregulares respondían a intereses personales y políticos de los implicados.
Entre los principales investigados se encuentra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien es acusado de liderar esta organización. La Fiscalía sostiene que Nicanor coordinaba la colocación de autoridades en puestos clave, utilizando su influencia para garantizar favores políticos y económicos. En mayo de 2024, Nicanor Boluarte fue detenido de manera preliminar, pero quedó libre al poco tiempo. Actualmente, se encuentra prófugo de la justicia, y el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
El caso también salpica a la presidenta Dina Boluarte. Aunque no está acusada de formar parte de la red, las investigaciones buscan determinar si tuvo conocimiento o participación indirecta en los actos de corrupción.
La red habría operado a través de una estrategia simple pero efectiva: sus miembros aseguraban la designación de prefectos y subprefectos leales a la organización en posiciones estratégicas. Estos funcionarios, a cambio, facilitaban la realización de actos ilícitos o favorecían intereses políticos específicos.
La investigación, que ha sido declarada compleja, busca identificar y sancionar a todos los responsables de estas irregularidades. Mientras tanto, el caso continúa generando un impacto político significativo, dada la relación familiar entre uno de los principales investigados y la presidenta del país.
Entre los investigados también figuran: Mateo Castañeda, Jorge Luis Ortiz Marreros, Zenovia Griselda Herrera Vásquez y Jorge y Noriel Chingay Salazar.
Adrianzén justifica ausencia de Nicanor Boluarte en la lista de los más buscados
El último miércoles, el primer ministro del Perú, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la ausencia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en la lista de los más buscados por la justicia, a pesar de que lleva más de un mes prófugo. Según el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la decisión responde a criterios establecidos por las autoridades competentes y no a una omisión deliberada.
Subrayó, sin ahondar en detalles, que la inclusión de una persona en la lista de los más buscados debe cumplir con una serie de requisitos específicos, los cuales, según él, no se han cumplido en este caso.
Por otro lado, el primer ministro insistió en que el proceso para agregar a un individuo a la lista de los más buscados no depende de una sola persona, sino de una evaluación técnica y jurídica llevada a cabo por la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
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