
Panamá se incorporó a la lista de naciones que forman parte del pacto “Alimentación Primero”, por medio del cual la Asamblea Nacional asume el compromiso de impulsar una agenda legislativa en favor de la alimentación adecuada, supervisando que los recursos destinados a este fin sean bien utilizados.
Más de 200,000 personas en Panamá padecen hambre, lo que representa el 5,7% de la población, mientras que alrededor de 350 toneladas de alimentosse desechan cada día, según cifras de la Asamblea Nacional.
Por si fuera poco, el país presenta un 71.7% de exceso de peso en adultos, con más de 35% de obesidad, muy por encima de la prevalencia regional (29.9%) y mundial (15.8%), reportado en los más recientes informes.
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El pacto, que se alinea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en particular, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 2, insta a incorporar al poder Ejecutivo y a la sociedad civil en este esfuerzo, y obliga a presentar anualmente un informe sobre los avances alcanzados.
Chile, España, Guatemala, México y República Dominicana ya asumieron este compromiso, en el marco de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria.

Se explicó que este es un instrumento político central de dicha Alianza, conformada por los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación y la Alianza Parlamentaria Portuguesa por la Seguridad Alimentaria.
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Creada en 2024 con el respaldo del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, la Alianza cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mediante el programa Mesoamérica sin Hambre.
Esta es una iniciativa conjunta con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y el Programa España-FAO para América Latina y el Caribe, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre otros organismos internacionales.
La firma del pacto en la nación canalera se dio en medio de una sesión de planificación del Frente Parlamentario contra el Hambre de Panamá, coordinado por el diputado Ariel Vallarino.
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Los integrantes de este proyecto definieron las prioridades e iniciativas legislativas que impulsarán durante el siguiente periodo en materia de seguridad alimentaria y nutricional, con el acompañamiento técnico de la FAO a través del programa Mesoamérica sin Hambre.

Precisamente, el Frente Parlamentario panameño llega a este compromiso con trabajo legislativo adelantado, pues recientemente la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 396, que establece medidas para la prevención de pérdidas y el desperdicio de alimentos.
La iniciativa, que crea un marco regulatorio para que los alimentos aptos para el consumo lleguen a quienes más los necesitan en lugar de terminar en vertederos, fue elaborada con la participación de la Iglesia Católica, el Banco de Alimentos, el Ministerio de Salud y representantes del sector privado.
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El pacto “Alimentación Primero” se enmarca en un contexto regional que demanda acción sostenida. América Latina y el Caribe registra la dieta saludable más costosa entre todas las regiones del mundo: más de 181 millones de personas no pueden acceder a ella.
La inseguridad alimentaria, de acuerdo a informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, afecta a una de cada cuatro personas, con mayor impacto en las mujeres, y la obesidad en adultos roza el 30%, casi el doble del promedio mundial.
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