El juicio por el caso Odebrecht en Panamá volvió a colocarse esta semana en el centro de la atención pública, tras reanudarse el miércoles 21 de enero luego de un receso procesal.
Sin embargo, la audiencia prevista para el viernes no pudo continuar por la ausencia de uno de los abogados defensores de los implicados, lo que llevó a la jueza a suspender la sesión y reprogramar el proceso para el lunes 26 de enero.
La pausa se dio en medio de un expediente marcado por objeciones cruzadas, acuerdos de pena, pruebas extraordinarias y un amplio listado de acusados que incluye a exfuncionarios de alto nivel y empresarios.
Desde que se retomaron las audiencias, el debate ha estado centrado en la admisión de pruebas extraordinarias presentadas por las defensas, así como en la respuesta del Ministerio Público a estas solicitudes.
Las defensas plantearon cerca de 50 pruebas adicionales, una maniobra que fue objetada por la Fiscalía al considerar que muchas de ellas no cumplen con los requisitos legales para ser incorporadas en esta etapa del proceso.
El tribunal deberá decidir si estas pruebas son admitidas o descartadas, una decisión que podría incidir directamente en la duración y el desenlace del juicio.
En paralelo, el Ministerio Público también presentó objeciones formales a algunas de las pruebas anunciadas por los abogados defensores, alegando que varias de ellas son impertinentes, repetitivas o buscan dilatar el proceso.
Este intercambio técnico ha ocupado buena parte de las sesiones más recientes y ha evidenciado la complejidad del expediente, uno de los más voluminosos y sensibles de la historia judicial reciente del país.
El juicio se desarrolla tras años de investigaciones relacionadas con los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para asegurar contratos de obras públicas en Panamá.
Según las investigaciones, la empresa habría distribuido millones de dólares en coimas a funcionarios y terceros para facilitar la adjudicación y ejecución de proyectos de infraestructura durante varios gobiernos.
Uno de los elementos que marcó la reanudación del juicio el miércoles pasado fue la referencia a acuerdos de pena alcanzados previamente con algunos implicados, los cuales han sido incorporados como parte del expediente.
El acuerdo implica una condena de 30 meses y la devolución de 1.9 millones de dólares. La legislación panameña permite que penas como la acordada pueda ser reemplazada por días multas o trabajo comunitario. Este es el tercer acuerdo de pena que se registra dentro del expediente Odebrecht.
Entre los nombres que siguen gravitando alrededor del caso se encuentra el del expresidente Ricardo Martinelli, señalado por el Ministerio Público como uno de los principales beneficiarios de sobornos vinculados a Odebrecht.
Martinelli, sin embargo, no está presente en este juicio, ya que actualmente se encuentra asilado en Colombia, una situación que ha impedido que enfrente este proceso en los tribunales panameños por ahora.
Además de Martinelli, el expediente también menciona al expresidente Juan Carlos Varela, así como a exministros, exfuncionarios y familiares del propio Martinelli.
No obstante, varios de estos señalados no están siendo juzgados en esta causa ordinaria, debido a que cuentan con inmunidad al formar parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
En esos casos, la competencia para juzgarlos recae en la Corte Suprema de Justicia, lo que ha fragmentado el tratamiento judicial del caso y ha generado críticas sobre la lentitud y la dispersión de responsabilidades.
La semana de audiencias también estuvo marcada por la discusión en torno a un testigo protegido presentado por el Ministerio Público, cuya participación fue objetada por varias defensas.
Los abogados argumentaron que su testimonio carece de garantías suficientes y que su incorporación vulnera derechos procesales de los acusados. La Fiscalía, por su parte, defendió la legalidad del testigo y la relevancia de su aporte para esclarecer la estructura de pagos ilegales.
El caso Odebrecht en Panamá se desarrolla en un contexto regional donde la constructora brasileña ha enfrentado procesos judiciales en varios países de América Latina, con sentencias, condenas y acuerdos de cooperación.
En Panamá, sin embargo, el proceso ha sido especialmente largo y complejo, tanto por la cantidad de acusados como por la diversidad de instancias judiciales involucradas.
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