El Monotributo no se mancha

El FMI propone acercar su carga a la del régimen general. Sería atacar una de las pocas herramientas tributarias razonables de la Argentina, fabricar más informalidad y cometer un error político que cualquier gobierno pagaría caro en las urnas.

Dentro del sistema tributario argentino, el Monotributo es Messi. Pero no el Messi de la Selección campeona del mundo, rodeado de un gran equipo. Es como si lo pusieran a jugar en la selección de Qatar: dentro de un esquema que no está a su altura y obligado a hacer milagros para que algo funcione.

A su alrededor juegan Ingresos Brutos, el impuesto al cheque, retenciones, percepciones, anticipos, tasas municipales, aportes de autónomos y saldos a favor que se acumulan durante años. Y, aun así, consigue algo extraordinario: que comerciantes, profesionales, técnicos, trabajadores independientes y pequeños prestadores puedan facturar y mantenerse dentro de la formalidad sin necesitar un departamento contable.

No es perfecto. Messi también erró algún penal. El régimen puede ser utilizado abusivamente por contribuyentes que, por su verdadera dimensión, deberían estar en el régimen general. Pero concluir que por eso hay que encarecerlo o reducir su alcance es tan razonable como sacar a Messi porque el resto del equipo juega mal.

Eso es, en esencia, lo que parece proponer el Fondo Monetario Internacional.

El organismo reconoce que el Monotributo simplifica el cumplimiento, promueve la formalización y amplía la cobertura de salud y previsional. Sin embargo, inmediatamente después le reprocha que su carga sea muy inferior a la del régimen general y recomienda acercar ambos sistemas.

La contradicción es evidente. El Monotributo formaliza precisamente porque es simple y accesible. Si se lo aproxima al costo del régimen general, deja de cumplir la función que el propio Fondo elogia.

Un gran acierto del Gobierno

Antes de criticar una posible reforma hay que reconocer lo que se hizo bien.

Una de las mejores decisiones tributarias del comienzo del gobierno de Javier Milei fue la reforma de 2024: amplió notoriamente los límites, extendió las categorías más altas a los prestadores de servicios, permitió el reingreso de numerosos excluidos y estableció una actualización periódica.

Durante años, la inflación había expulsado a personas que no habían crecido económicamente. Facturaban más pesos, pero no ganaban más en términos reales. El sistema las convertía artificialmente en grandes contribuyentes y las arrojaba al régimen general.

La reforma corrigió buena parte de esa distorsión y fue coherente con una filosofía de simplificación. Sería incomprensible que el mismo Gobierno que acertó al ampliar el régimen decidiera ahora desandar ese camino por recomendación de burócratas con escaso contacto con la realidad argentina.

Más aún cuando muchos funcionarios del propio FMI gozan, por el convenio constitutivo del organismo, de exenciones tributarias sobre sus remuneraciones. Siempre resulta más sencillo recomendarles impuestos más altos a los demás.

El Monotributo es uno de los regímenes especiales más razonables del país. No es un privilegio sectorial, una exención caprichosa ni un régimen promocional creado para beneficiar a un grupo con capacidad de lobby. Es un sistema general, sencillo y abierto a pequeños contribuyentes de actividades muy diversas.

La simplificación tampoco es una dádiva del Estado. Es política económica: reduce costos de cumplimiento, permite facturar, facilita la bancarización, abre la posibilidad de trabajar para empresas y mantiene dentro del radar fiscal a personas que, de otro modo, probablemente operarían por completo en la informalidad.

En lugar de reducirlo, habría que ampliarlo y perfeccionarlo.

El infierno que espera del otro lado

Desde Washington puede parecer que pasar del Monotributo al régimen general consiste simplemente en cambiar de categoría y presentar algunos formularios adicionales.

En la Argentina, convertirse en autónomo y responsable inscripto implica ingresar en otra dimensión.

No es solamente pagar IVA y Ganancias. Aparecen anticipos, aportes de autónomos, retenciones, percepciones, declaraciones juradas, mayores costos profesionales y saldos a favor que —cuando no desaparecen en las arcas públicas— inmovilizan capital durante años. A eso se suman Ingresos Brutos, sus violentos regímenes de recaudación y las salvajes tasas municipales.

El infierno del autónomo argentino no es solamente federal.

El impacto es especialmente grave para quienes facturan a consumidores finales. “Cuando una empresa recibe una factura con IVA, normalmente puede computarlo como crédito fiscal. Para un consumidor final, en cambio, ese impuesto es mayor precio.”

Un psicólogo, abogado, arquitecto, diseñador, técnico o cualquier prestador que venda su trabajo directamente a personas tiene dos alternativas: aumentar alrededor de un 21% su precio o absorber una parte sustancial del impuesto, reduciendo su propio ingreso.

Además, muchos profesionales tienen pocos créditos fiscales porque su principal insumo no es una materia prima, sino su propio conocimiento, trabajo y tiempo.

El costo administrativo también funciona como un impuesto. Las horas destinadas a declaraciones juradas, regímenes de información, retenciones mal aplicadas y reclamos por saldos acumulados son horas que no se utilizan para producir.

Por eso, imaginar que quien sea expulsado del Monotributo se convertirá prolijamente en responsable inscripto, seguirá facturando igual y pagará con una sonrisa la diferencia es una ficción de laboratorio.

Algunos pasarán al régimen general. Otros —me atrevo a sostener que una gran mayoría— reducirán su facturación declarada, cobrarán más en efectivo, postergarán actividades, cerrarán o abandonarán la formalidad.

No se combate la informalidad haciendo más caro ser formal.

El punto del PBI que sólo existe en una planilla

El FMI estima que acercar el Monotributo al régimen general permitiría obtener alrededor de un punto del PBI.

La cifra impresiona, pero debe tomarse con enormes reservas.

El cálculo parece comparar cuánto pagan hoy los monotributistas con lo que teóricamente pagarían en el régimen general. Presupone que, después de aumentarles significativamente la carga, todos seguirán trabajando, facturando y cumpliendo del mismo modo.

Es una hipótesis ostensiblemente infantil.

Los contribuyentes modifican su conducta cuando cambian los impuestos. Mucho más en un país con alta informalidad, uso extendido del efectivo y un régimen general de costos desproporcionados.

Ese punto del PBI no es una bolsa de dinero escondida que el Estado pueda recoger modificando una ley.“Una parte importante podría evaporarse mediante menor facturación formal, cierres, reorganizaciones, deducciones de gastos y migración hacia la informalidad.”

También es discutible considerar “gasto tributario” a toda diferencia entre el Monotributo y el régimen general. Esa mirada supone que el Estado pierde dinero cada vez que no aplica la máxima carga concebible.

El Monotributo no es una exención. Es otro sistema, diseñado para otra realidad económica y para contribuyentes con una capacidad administrativa distinta.

La subfacturación existe, pero puede controlarse

El principal argumento atendible contra el régimen es que incentiva a algunos contribuyentes a mantenerse artificialmente pequeños. Se frena la facturación, se dividen actividades o se utilizan distintos sujetos para no superar los límites.

El enanismo fiscal existe. Negarlo sería absurdo.

Pero el FMI confunde la causa con la consecuencia. Los contribuyentes no dejan de crecer por amor al Monotributo. Intentan no cruzar la línea porque del otro lado hay un precipicio.

La respuesta no es elevar el piso para acercarlo al precipicio. Es ampliar el régimen, suavizar la transición y, sobre todo, bajar la carga del sistema general.

Además, hoy controlar los abusos es mucho más sencillo que hace veinte años.

ARCA dispone de facturación electrónica, movimientos bancarios, consumos con tarjetas, información patrimonial, plataformas digitales y datos de terceros.

Con análisis de riesgo e inteligencia artificial puede detectar inconsistencias entre lo declarado y la verdadera capacidad económica. No será un control perfecto, porque ninguno lo es, pero permite identificar con bastante facilidad los casos groseros.

No tiene sentido perjudicar a millones de pequeños contribuyentes porque una minoría abusa del sistema. Se controla el abuso; no se destruye la herramienta.

La propia política del Gobierno reconoce que la recaudación está extraordinariamente concentrada: apenas 10.000 grandes contribuyentes explicaron el 80% de lo recaudado en 2024.

Es razonable que ARCA concentre sus mejores recursos humanos en los sujetos de mayor capacidad económica, complejidad y relevancia fiscal, y aplique controles automatizados sobre el universo pequeño.

Pretender obtener una recaudación masiva del “chiquitaje” es no entender dónde está el dinero ni cómo subsiste una parte enorme de la sociedad argentina.

No hay que pedirle a Messi que arregle la jubilación

Otro cuestionamiento se vincula con el componente previsional. Se sostiene que los aportes son bajos frente al acceso a la obra social y a una futura jubilación.

El debate puede ser válido. Pero es un problema previsional y sanitario, no una razón para romper una buena herramienta impositiva.

El sistema jubilatorio argentino tiene desequilibrios mucho más amplios: trabajadores autónomos y dependientes, regímenes especiales, moratorias, prestaciones no contributivas, informalidad y décadas de inestabilidad.

A muchos monotributistas les interesa especialmente acceder a una obra social y acumular años de aportes. Otros necesitan, ante todo, una vía sencilla para facturar y cumplir. Podrían pensarse aportes diferenciados, mecanismos graduales o prestaciones proporcionales.

Lo que no tiene sentido es destruir el componente tributario del Monotributo para reparar los agujeros del sistema previsional.

De hecho, el informe del Fondo señala que los cambios en las contribuciones sociales deberían integrar una reforma previsional general, pero luego recomienda alinearlas con las del régimen común. “Ni siquiera dentro del propio documento parece estar claro qué problema se pretende resolver.”

Más Monotributo, no menos

La discusión no debería limitarse a defender el régimen actual. La Argentina debería extender su lógica a otros sectores.

Una oportunidad aparece con el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, que pretende incorporar o potenciar estructuras más sencillas, flexibles y digitales.

La dirección es correcta. Pero la simplificación societaria debe ir acompañada por una simplificación tributaria.

“De nada sirve crear una sociedad en 24 horas si al día siguiente la mandamos al infierno fiscal.”

Podría establecerse una suerte de Monotributo Pyme para sociedades nuevas y de reducida dimensión económica, especialmente para los tipos simples contemplados por la reforma.

La idea es elemental: una sociedad fácil de constituir, fácil de administrar y también fácil de tributar.

El régimen podría ser optativo y organizarse mediante parámetros objetivos: facturación, activos, cantidad de empleados, actividad y ausencia de vinculaciones con grandes grupos económicos. También debería exigir plena identificación de socios y beneficiarios finales y contener reglas contra la fragmentación artificial.

No se trataría de otorgar un beneficio sólo por elegir determinado ropaje jurídico. La forma societaria sería la puerta de entrada; la permanencia dependería de la verdadera dimensión del negocio.

En el ámbito federal podría consistir en una cuota o alícuota integrada, pocas declaraciones juradas, contabilidad simplificada y una transición gradual hacia el régimen general. Las provincias podrían incorporarse para sustituir también Ingresos Brutos.

Para que esa simplificación no sea una ficción, las cuentas bancarias de estas sociedades deberían quedar excluidas —o sujetas a topes razonables— de retenciones y percepciones. El BCRA podría impedir que los bancos aplicaran sobre ellas SIRCREB y otros mecanismos automáticos de recaudación. Simplificar el impuesto y mantener intacta la máquina de cobrar por anticipado sería cambiar todo para que nada cambie.

Un Monotributo Pyme sería especialmente útil para nuevos emprendimientos, empresas familiares, profesionales asociados, pequeños comercios y prestadores que necesitan separar patrimonios, sumar socios, contratar personal o reinvertir, pero cuya dimensión no justifica todo el despliegue fiscal y administrativo del régimen general.

Además, el crecimiento no debería castigarse. La salida tendría que ser gradual y permitir que parte de lo pagado se compute contra los impuestos generales.

La nueva ley societaria puede aportar un envase moderno. Pero el mejor envase no sirve de nada si se lo llena con el mismo veneno tributario de siempre.

La misma lógica podría utilizarse para crear un régimen sencillo y competitivo para pequeñas sociedades argentinas destinadas a canalizar inversiones y negocios en otros países.

No se trata de promover opacidad ni secreto. El sistema debería exigir transparencia, identificación de beneficiarios finales, sustancia económica y cumplimiento de las normas contra el lavado y el intercambio de información.

Pero transparencia no tiene por qué significar confiscación, burocracia o complejidad absurda.

Un vehículo argentino de inversión internacional, sujeto a una carga razonable y previsible, podría atraer empresarios, inversores y contribuyentes regionales que hoy ni siquiera consideran utilizar una estructura local.

Durante décadas, la Argentina se especializó en expulsar capital, residentes y contribuyentes. Sería una novedad saludable empezar a competir para atraerlos.

Tal vez estos regímenes no deban llamarse técnicamente “Monotributo”. Pero la filosofía es la misma: una puerta sencilla para ingresar, una carga soportable para permanecer y una transición razonable cuando el negocio crece.

La enseñanza del Monotributo no es que algunos contribuyentes pagan demasiado poco. Es que, “cuando el Estado establece reglas comprensibles y razonables, las personas prefieren cumplir.”

Un error que se pagaría en las urnas

Por ahora, el informe del FMI no es una ley ni existe una propuesta concreta del Gobierno. No hay razones para anunciar una catástrofe inmediata.

Pero sí corresponde advertir sobre el enorme error que significaría avanzar agresivamente contra el Monotributo.

No se afectaría sólo a profesionales acomodados o contribuyentes de categorías altas. El universo comprende comerciantes, técnicos, emprendedores, prestadores de servicios y trabajadores independientes de muy distintos estratos sociales.

Personas que, en muchos casos, no eligieron el trabajo autónomo como una sofisticada estrategia tributaria. Subsisten como pueden.

Estoy convencido de que cualquier gobierno que se meta seriamente con el Monotributo lo pagará muy caro en las urnas. Mucho más uno que llegó al poder prometiendo reducir impuestos, eliminar regulaciones y simplificarle la vida al sector privado.

El Gobierno hizo extraordinariamente bien en ampliar el régimen. Ahora debería resistir las recomendaciones que apuntan en la dirección contraria y extender su filosofía a las pequeñas empresas y a nuevos vehículos capaces de atraer contribuyentes, capital y actividad.

La Argentina no necesita menos Monotributo. Necesita actualización automática, reglas simples, transición gradual, controles inteligentes sobre los abusos y nuevos regímenes para quienes hoy ni siquiera consideran ingresar al sistema argentino.

El autor es tributarista y socio de Expansión