El “techo de cemento” de la política nacional

Argentina es la protagonista de una paradoja estadística que pocos se han detenido a observar. Si miramos las aulas universitarias, el futuro parece femenino. Las mujeres representan el 57 por ciento del alumnado y superan el 60 por ciento de los graduados totales. Somos, técnicamente, el segmento de la población con mayores credenciales académicas del país. Sin embargo, al cruzar la puerta de las instituciones públicas, ese capital intelectual se diluye en un sistema que todavía se rige por códigos y prácticas del siglo pasado.

El último Informe Global sobre la Brecha de Género del Foro Económico Mundial (2025) le puso números a esta realidad (que no es solo local). De las cuatro variables que mide (participación económica, educación, salud y empoderamiento político), la última es la dimensión con mayor retraso en todo el mundo; solo se ha cerrado el 22,5 por ciento de la brecha. Si bien mejora cada año, a este ritmo, el mundo va a tardar 123 años en alcanzar la paridad total en empoderamiento político entre varones y mujeres. Es decir, bajo la inercia actual, ninguna de las mujeres que hoy gestionan lo público llegará a ver un escenario de igualdad real, tampoco sus hijas.

En nuestro país, las leyes de paridad nos dieron un lugar en la foto, eso sí, pero no siempre en la mesa de decisiones. Las elecciones de 2023 fueron un recordatorio brutal de esto. Aunque las listas deben ser 50/50 por ley, existe una “sutil” barrera de diseño: solo el 26,7 por ciento de las listas nacionales fueron encabezadas por mujeres. El resultado es el esperado. Cuando las mujeres no encabezan las listas, acceden a menos bancas en juego.

Pero donde la paridad no es obligatoria, la brecha se convierte en un abismo. Luego de las últimas elecciones ejecutivas, ninguna provincia argentina es gobernada por una mujer, una situación que no ocurría desde hace casi 20 años. Las provincias, hoy lideradas exclusivamente por varones, han relegado a las mujeres al rol de “acompañantes”. Esto se ilustra bien en las vicegobernaciones, donde la representación femenina igual no tampoco alcanza el 50 por ciento.

El techo de cemento

En los gobiernos locales, la situación pasa de un “techo de cristal” a un “techo de cemento”. De los más de 2.300 municipios que tiene el país, menos del 15 por ciento son conducidos por intendentas. Y hay un sesgo de escala: cuanto mayor es el departamento y más presupuesto maneja, menos probable es que una mujer lo gobierne, según las estadísticas.

Ahora bien, incluso una vez que las mujeres logramos entrar en el juego político, la cultura que predomina en el sistema nos asigna tareas que replican los roles domésticos. Es lo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denomina segregación horizontal, cuando a las mujeres se las deriva a carteras de “cuidado” como las áreas de la Salud, Educación y Desarrollo Social, mientras que Hacienda, Obras Públicas o Seguridad -donde reside el músculo político y presupuestario- suelen estar ocupadas en más de un 80 por ciento por varones.

Esta disparidad se explica, en gran medida, por lo que se identifica como la “brecha de redes”. Mientras que el capital social masculino suele estructurarse en círculos de influencia informales y redes de lealtad orientadas al ascenso y la construcción de poder, el tejido de vínculos femeninos tiende a ser de carácter técnico. Los estudios indican que las mujeres tienden a la construcción de redes profesionales enfocadas en la resolución de problemas y la eficiencia de la gestión; una arquitectura de contactos sumamente valiosa para la operatividad de las instituciones, pero que rara vez funciona como plataforma de lanzamiento hacia los círculos donde se negocian las designaciones de máxima jerarquía.

A esta particular cultura política se le suma un factor más oscuro que es la violencia y la difamación personal. Cuando las mujeres ganamos voz pública alcanzando puestos de liderazgo, el escrutinio social se desplaza de nuestra gestión o propuestas, a nuestra moral o vida privada. Los datos de la organización Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) son contundentes. Este hostigamiento produce lo que la propia organización denomina un “efecto silenciador”. El 80 por ciento de las mujeres con voz pública reconoce haber reducido su perfil para proteger su salud mental frente a ataques que sus pares varones rara vez enfrentan.

La cuestión del género en el ámbito político no es solo un reclamo de equidad. También es un problema de calidad democrática y de eficiencia institucional. Una administración pública que no aprovecha a sus cuadros más formados -sus graduadas, especialistas y técnicas- es, por definición, una administración ineficiente que desperdicia parte de su capital humano más valioso.

No podemos confiar solo en que la tendencia es positiva en cuanto al avance de las mujeres en los roles de liderazgo público, -que lo es-, ni sentarnos a esperar 123 años para que el sistema se equilibre solo. Necesitamos hackear la cultura organizacional, desarmar los sesgos que confinan el talento femenino a las áreas de cuidado y, sobre todo, dotar a las mujeres que aspiran al liderazgo de herramientas estratégicas de negociación y redes de poder.

Cerrar la brecha política es, en última instancia, permitir que el país sea dirigido por quienes más se han preparado para hacerlo.

*Las autoras son consultoras en comunicación estratégica y gestión pública, y cofundadoras de Agencia Atenas