Libertad educativa

En los últimos días empezó a circular un borrador de una nueva ley de Libertad Educativa que propone derogar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. Más allá de sus propuestas —mayor autonomía para escuelas y más protagonismo de las familias—, el proyecto se queda a mitad de camino en el tema medular: cómo generar incentivos para que mejore la gestión educativa.

El sistema educativo argentino funciona bajo un esquema federal y descentralizado. Esa fue la concepción original plasmada en la Constitución nacional y, desde las reformas de los años noventa, quedó establecido que la responsabilidad por la educación básica y la educación superior no universitaria está en manos de las provincias, mientras que el Estado nacional se concentró en las universidades. Esto generó una situación conocida: la Nación tiene más recursos que responsabilidades educativas y las provincias más responsabilidades que recursos.

Entre 2003 y 2006 se sancionaron varias leyes que no aportaron soluciones y agregaron nuevos problemas. Una de ellas fue la Ley de Educación Nacional 26.206, que estableció que Nación y provincias comparten la tarea de planificar, organizar y financiar el sistema educativo. Esto, por diversas vías, fomentó ineficiencias y diluyó responsabilidades. Cuando son muchos los responsables, en definitiva, nadie es responsable de los fracasos.

En materia de financiamiento, la ley fijó una meta ambiciosa: que la inversión consolidada en educación alcanzara, al menos, el 6% del PIB. Se dilapidaron muchos esfuerzos en fijar una meta que nunca se cumplió. Aun así, la inversión —sumando Nación y provincias— suele ubicarse alrededor del 5,3% del PIB, un valor que no es menor: está por arriba del promedio latinoamericano y en línea con recomendaciones internacionales.

El debate que falta: la gestión

Presionar para aumentar la inversión no se tradujo en mejoras en los aprendizajes. Es cierto que destinar más recursos da mayor margen de acción, pero el incremento del gasto por sí solo no garantiza que el sistema educativo mejore. Durante años el debate público se concentró casi exclusivamente en “cuánto” se invierte, cuando el principal problema es “cómo” se gestiona esa inversión.

Invertir más del 5% en educación no es poco, pero los resultados muestran que ese esfuerzo no es recompensado. Según las pruebas Aprender 2024, casi la mitad de los estudiantes de sexto grado no logra niveles satisfactorios en Matemática y un tercio tampoco lo hace en Lengua. La secundaria tampoco escapa a este diagnóstico: solo el 55% de los jóvenes termina a tiempo y las tasas de abandono son especialmente altas en el norte del país y entre los varones. Según Argentinos por la Educación, solo el 10% de los estudiantes en Argentina logra terminar la secundaria a tiempo y con los aprendizajes esperados en Lengua y Matemática.

La comparación internacional refuerza la misma idea. Aunque Argentina invierte una proporción del PIB similar a la de muchos países de la OCDE, los resultados en las pruebas PISA continúan muy por debajo. No es un problema de volumen, sino de eficiencia. La estructura del gasto ayuda a explicarlo: cerca del 90% se destina al pago de salarios, un nivel muy superior al promedio de los países de la OCDE —donde ronda el 58% del gasto educativo, con variaciones entre el 45% y el 75%— e incluso por encima de muchos sistemas latinoamericanos. Con tan poco margen para infraestructura escolar, innovación pedagógica, equipamiento o formación docente continua, el sistema queda atrapado en su propia inercia y sin capacidad real de transformarse.

¿Qué tiene que cambiar?

El punto de partida es reconocer que las provincias son las responsables de la educación básica y que, en gran medida, el desempeño del sistema depende de cómo ellas la administren. Las consecuencias de una gestión deficiente son enormes: el reciente estudio publicado por el Laboratorio de Educación de Idesa, Edulab, estima que la ineficiencia en la administración educativa puede costarle al país hasta 22,7% del PBI per cápita, un monto equivalente a casi todo lo que produce la provincia de Buenos Aires en un año. Por eso es indispensable construir incentivos que orienten las decisiones provinciales hacia la mejora de los aprendizajes y no hacia la mera administración de la inercia.

El gobierno nacional no puede obligar a las provincias a priorizar la educación ni suplir sus deficiencias. Pero sí puede darle a la ciudadanía herramientas para exigir mejoras. La clave es contar con información confiable y accesible sobre cómo están funcionando las escuelas. Sin datos transparentes, la presión social es débil y la capacidad de exigir rendición de cuentas inexistente.

En lugar de darles continuidad a los solapamientos entre niveles de gobierno —que son garantía de fracaso— se debería dejar establecido con claridad que el Estado nacional no se involucra en la gestión ni en el financiamiento de la educación básica, sino en producir y difundir información educativa de calidad. Son las provincias las que deben financiar, gestionar y responder por los resultados. Con roles claros, la gestión educativa puede tener un rumbo definido. Empoderando a la ciudadanía, los buenos resultados serán reconocidos y los malos tendrán consecuencias visibles para quienes toman decisiones.