En Argentina, más de 12 millones de personas demandan algún tipo de cuidado, de las cuales el 20% son adultos y ancianos que requieren asistencia especial debido a limitaciones o dificultades, según un reciente relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.
Estas cifras obligan a reflexionar acerca del impacto económico y sociocultural de las tareas de cuidado, tan imprescindibles como invisibilizadas y escasamente reconocidas, tanto por las políticas públicas, el sistema de salud e incluso el sector privado, que tiene una deuda pendiente en términos de iniciativas de soporte específicas, desde licencias extendidas y esquemas de flexibilidad horaria hasta beneficios como servicios de cuidados a domicilio o durante la permanencia en internación hospitalaria o geriátrica.
Según datos del último censo nacional, 1 de cada 3 mujeres mayores de 50 años dedica parte importante de su día al cuidado de padres, parejas o suegros, sin remuneración ni reconocimiento formal.
Mujeres profesionales que se ven obligadas a pausar sus carreras para asistir a sus mayores, emprendedoras que no acceden a licencias de cuidado, trabajadoras independientes que deben reorganizar sus jornadas sin ningún tipo de cobertura para asistir a un familiar dependiente, hijas que viven lejos y asumen la logística del cuidado a distancia… Se trata de una realidad compleja y profundamente humana, que profundiza desigualdades económicas y de salud a largo plazo.
El reporte ¿Por qué Argentina necesita un sistema nacional integral de cuidados?, elaborado por Unicef y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), señala tensiones entre estas necesidades crecientes de la sociedad y las cada vez mayores dificultades de las familias para afrontarlas, junto con un déficit en la provisión de los servicios públicos y privados. A este contexto se añade un aumento de los hogares monoparentales/parentales (12% en 1986 a 19% en 2018), lo que supone desafíos especialmente difíciles para la conciliación del trabajo productivo y reproductivo.
A su vez, dentro del universo de quienes sí tienen derecho a las licencias pueden existir disparidades, según la rama de actividad, el sector económico, la localización geográfica, el tipo o régimen de empleo, entre otras variables. El resultado es un esquema fragmentado, que no incluye a todos los formatos de familias ni contempla todas las necesidades de cuidado.
El envejecimiento de la población es otro factor que agrava este panorama. Hoy, cerca del 12% de los argentinos tiene más de 65 años. A medida que la esperanza de vida crece y las tasas de natalidad caen, menos personas deben cuidar de más adultos mayores. La ecuación, entonces, resulta insostenible si no se generan nuevas respuestas.
Organismos internacionales, como Naciones Unidas, insisten en la necesidad de transformar los sistemas de cuidado bajo cinco principios: reconocer, reducir, redistribuir, representar y remunerar. Esto implica visibilizar su valor, disminuir su sobrecarga, compartir responsabilidades entre el Estado y el sector privado, las comunidades y los hogares, y garantizar condiciones dignas para todas las partes.
En un contexto de creciente longevidad, donde más personas vivirán más años y necesitarán apoyo durante más tiempo, poner al cuidado en el centro de la agenda pública es una condición para construir una sociedad sostenible, justa y cohesionada. Se trata de reconocer que cuidar no puede seguir siendo una carga individual, silenciosa e invisible, sino una tarea compartida, respaldada y valorada por todos los sectores.
El ámbito privado tiene un rol decisivo en esta transformación. Más allá de las políticas públicas, las empresas y emprendimientos pueden innovar con respuestas concretas que faciliten la vida de quienes cuidan: desde alianzas con servicios de atención domiciliaria, al diseño de beneficios que contemplen el cuidado como una dimensión legítima del bienestar de las personas. Invertir en soluciones de esta índole no solo es una forma de acompañar a sus equipos y clientes en un momento crucial de sus vidas, también es una apuesta estratégica por una sociedad más equitativa, con más salud, más productividad y más futuro.
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