La amenaza invisible: los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en la Argentina

Ni tan bueno, ni tan malo

La versión oficial del Estado argentino, plasmada en los decretos 652/2022 y 653/2022, dictados por la anterior administración, sostiene que el país enfrenta un riesgo medio-bajo de financiación del terrorismo y un riesgo medio de lavado de activos, lo que de alguna manera parece justificar los escuetos resultados obtenidos al momento de medir el impacto de las sanciones penales que recayeron sobre los responsables de estos hechos punibles: el promedio anual entre enero de 2019 y marzo del 2024 es de ninguna condena para financistas de actos o actores terroristas, 17 condenas a pena de prisión para lavadores (varias de ellas, de carácter condicional) y cerca de 100 millones de pesos decomisados.

A fines del año pasado, el Grupo de Acción Financiera (FATF-GAFI), mecanismo intergubernamental que evalúa a nivel global la implementación de estándares en esta materia, manifestó su preocupación por las carencias existentes en el país en lo que se refiere al entendimiento del modus operandi de estas prácticas ilícitas. En particular, advirtió sobre la utilización indebida de servicios financieros informales y personas jurídicas opacas. Sin embargo, concluyó que el sistema nacional había mejorado la comprensión de los riesgos, en especial en los casos de lavado.

El mensaje que se desprende de estas normas y directivas, organizado con un lenguaje de aparente neutralidad técnica y un forzado espíritu de corrección política, es que la moderación es la pauta para abordar la probabilidad que aquí se lave dinero producto del delito o se financie el terrorismo: la paradoja es que -aun sin quererlo- con esta perspectiva se refuerza la propia invisibilidad intrínseca de estas amenazas. Se sabe que los lavadores y financistas actúan de manera clandestina, no dejan evidencias inmediatas, ni necesitan de la violencia para consumar sus operaciones. Aunque corroen el orden institucional en sus fundamentos, se trata de hechos que no producen un impacto rápidamente perceptible, ni generan alarma social.

Gracias a estos discursos oficiales formalizados se puede concluir que no hay demasiado de qué preocuparse: el status quo no debe ser alterado.

Sin embargo, en nuestra realidad concreta hay una serie de alarmas que se vienen prendiendo intermitentemente sobre eventos que no todos los ojos consiguen descifrar.

¿Hasta dónde llega la trama financiera y logística que permite que un buque cerealero arribe al puerto de San Lorenzo, en la Provincia de Santa Fe, con 469 kg de cocaína con destino a Europa -debidamente interceptada por la UIF y la fiscalía federal?

¿Qué plataforma de intereses económicos permitió que un juez federal de Rosario se convierta en un dispositivo de extorsión, manipulación y encubrimiento junto a otros personajes conocidos de la sociedad rosarina -contundentemente acusados por las fiscalías especializadas PROCELAC y PROCUNAR?

Asimismo, ¿Con qué alcance es que la organización terrorista Hezbollah está reorganizando su deteriorada base económica en el Líbano reconectando sus enclaves de financiación tradicionales, incluido el corredor del contrabando que caracteriza históricamente a la zona de la Triple Frontera -de acuerdo a los últimos informes producidos por especialistas y agencias confiables?

Por último, ¿Qué lazos económicos se articulan en la región de la Patagonia con la depredación de nuestros recursos ictícolas en los confines de nuestra plataforma marítima, considerando que -a pesar de la denuncia que formulan en soledad respetados estudiosos en la materia- ni siquiera estos hechos son clasificados como un riesgo?

Se mencionan como ejemplos solamente los acontecimientos y reacciones de estos últimos días que, observados con alguna atención, se encadenan en una trama densa y extensa de episodios que indican que los narcotraficantes, los contrabandistas, los terroristas y los depredadores ambientales son más ricos y poderosos de lo que pensó el progresismo globalista que evaluó estos riesgos.

Los estándares globales encapsulan la realidad con la ilusión de lograr una clarificación de alcance universal sobre los males a conjurar. Sin embargo, una amenaza es un potencial daño real a mi vida, al orden en el que apuesto a vivir con los demás. Por ello, el entendimiento cabal de lo que me pone en jaque no puede provenir nunca de un cálculo actuarial, ni de una formulación matemática, sino un abordaje y un posicionamiento puramente político. Esta es la única vía legitima para identificar los enemigos del bien común, desbaratar su poder corruptor y, finalmente, neutralizarlos a partir de aquello que más les duele: su economía ilícita.

Un Estado que deja esta tarea en manos de consultores o agencias internacionales, renuncia, en definitiva, a defender sus intereses nacionales más valiosos.

La incomprensión de los riesgos se genera también por seguir acríticamente programas de países con economías altamente reguladas y formalizadas, que los organismos internacionales gustan presentar como “modelos de integridad”, pero los narcos en Argentina utilizan las mismas estructuras jurídicas que usan los productores agrícolas para obtener créditos o cambiar cheques. La cueva de nuestra confianza también cambia divisas por pesos resultantes de la extorsión en la calle que llevan a cabo barras+narcos+sicarios. Las campañas políticas (nadie quiere decirlo en voz alta) se nutren de financiamiento de origen desconocido. Es una parte de la tragedia argentina.

Por tanto, al aceptar que se procura proteger una economía estable y transparente -ignorando deliberadamente que el 25% se encuentra sumergida en la informalidad-, la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo perdió completamente su realismo. Esto significaría admitir objetivos menos ambiciosos: hay riesgos que se erradican, pero hay otros que se toleran, con el solo objetivo de mantener ciertos niveles aceptables de convivencia social, apropiados al contexto argentino (no de Suiza).

La identificación, mensura y evaluación de actividades de lavado de dinero y financiación del terrorismo en esta materia oscila entre considerar estos hechos como un riesgo (una amenaza que tiene probbilidades de prosperar por las vulnerabilidades del sistema dado y así producir un impacto) y, a la vez, un delito (una acción injusta y culpable). Es el propio estándar global el que produce un “ruido sistémico” en los organismos estatales responsables de tratar estas actividades como sospechosas y/o como delictivas. En la Argentina un sistema nacional complejo, que cuenta con sujetos obligados del sector privado y un organismo productor de inteligencia financiera, termina simplificándose absurdamente en la búsqueda de una respuesta punitiva.

El resultado no podría ser peor: el instrumental con el que trabajan jueces y fiscales apenas es apto para investigar y juzgar delitos convencionales. Para llegar a un pronunciamiento basado en investigaciones financieras paralelas y que logre desmantelar organizaciones criminales significativas, habrá que esperar no menos de diez años.

No se aplica un método criminológico adecuado para medir la dimensión del beneficio que genera la comercialización de estupefacientes en un área crítica como la que conforma el corredor geográfico que existe entre la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, por un lado, y la ciudad de Rosario y su puerto, por otro, aún cuando existen evidencias manifiestas que es allí donde el narcotráfico genera sus mayores dividendos.

Lo mismo ocurre con el contrabando de bienes que caracteriza a Ciudad del Este con impacto en las ciudades de Iguazú y Foz de Iguazú. No existen estimaciones actuales acerca de los valores que son remitidos por la comunidad siria-libanesa de la zona a organizaciones religiosas chiitas que cooperan con los líderes de Hezbollah para asegurar la continuidad de su influencia en Medio Oriente

Tampoco existen mediciones precisas sobre los resultados económicos de la escandalosa explotación de los recursos naturales en la plataforma continental marítima, donde buques extranjeros chinos, británicos, españoles y de otras naciones, operan sin fiscalización suficiente, más allá de la milla 200, amparándose falsamente en el criterio de que el mar abierto es libre y así depredar ejemplares nacidos y desarrollados en nuestra zona económica exclusiva.

La escasa utilización de imágenes satelitales y filmaciones a través de drones, herramientas indispensables para calcular una parte significativa de los movimientos de bienes de comercialización prohibida, evidencia la enorme vulnerabilidad de nuestro Estado. Este déficit tecnológico añade un factor clave que obstaculiza la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Frente a la amenaza que representan las economías clandestinas, los miembros de la casta política -en este campo ninguna otra denominación es más adecuada-, suelen asumir el papel de “almas bellas”: ensayan enjundiosos discursos sobre la inseguridad, pero se excusan de intervenir sobre las empresas espurias, alegando que esto es una tarea de la justicia penal que es la que debe determinar las acciones a seguir.

Aunque la seguridad es una obligación esencial del poder administrador, eluden así implementar acciones disruptivas que pongan fin sin más a los negocios ilícitos. Se aseguran, así, no pagar los costos sectoriales que le hacen sentir aquellos que administran las extendidas e influyentes redes de circulación de activos clandestinos que han penetrado en el propio corazón del Estado.

Si en las nuevas evaluaciones de riesgos, ya desprendidas del lastre de la ideología del progresismo globalista, no se consideran seriamente algunos de los ejes aquí apuntados, el resultado continuará siendo el mismo: un sistema nacional que pretende combatir riesgos severos a la seguridad, sin comprenderlos, continuará siendo inefectivo.

Sin embargo, echar luz sobre la amenaza que representa la utilización instrumental de dinero vinculado a configuraciones ilícitas críticas no es solo una tarea de óptica física, sino más bien un ejercicio de ética política. Ello requiere nada menos que la confluencia coordinada de las cuatro virtudes cardinales como vectores ordenativos del funcionamiento del sistema nacional antilavado de activos y contrafinanciación del terrorismo: prudencia, justicia, fortaleza, templanza.

Es posible que así podríamos estar verdaderamente a salvo, lo que implica esperanza, una virtud que, en verdad, no explica las miserias del mundo terrenal, sino la bienaventuranza divina que alienta únicamente a los espíritus creyentes.