Desde la sanción de la Ley 27.610/2020, de Interrupción Voluntaria del Embarazo, hasta enero de 2024 hubo 245.015 abortos oficiales en instituciones públicas; un número realmente preocupante ya que no sólo es indicador de una vida perdida, sino que también ilustra la manera en la que las políticas públicas promueven una visión específica de lo que vale la vida misma.
En 2020, inmediatamente después de ser aprobada la ley 27.610, también se aprobó la ley 27.611, de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que tiene como objetivo acompañar a todas las madres, y sus hijas o hijos, desde el nacimiento y hasta sus primeros dos años de vida. Sin embargo, mientras que una de estas leyes tuvo repercusión nacional, donde inmediatamente se llevaron a cabo los protocolos pertinentes para su aplicación, la otra se vió relegada a un segundo plano.
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La posibilidad de “elegir” deja de existir al momento en el que solamente se muestra un posible camino, y son miles las mujeres que desean ser madres pero atraviesan una situación de vulnerabilidad. El negarles la posibilidad de tener a sus bebés es una vil manipulación: se instala una agenda cuyos intereses ignoran la voluntad real de muchas mujeres. Se aprovechan de quienes atraviesan situaciones delicadas, y en vez de ofrecer la contención, información y el cuidado que necesitan, alzan banderas y toman una posición política.
La correcta instrumentación de la ley 27.611 debería ser urgente en todas las provincias, sobre todo teniendo en cuenta los números oficiales que muestran las instituciones públicas. El Día del Niño por Nacer es una oportunidad para que reflexionemos sobre qué clase de país queremos a futuro, y qué valores promovemos para nuestra nación.
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Hoy, más que nunca, es importante recordar que la defensa de la vida no termina en el momento del nacimiento; sino que requiere de un compromiso incesante, y que se desarrollen políticas públicas y programas que apoyen a las madres embarazadas, que brinden acceso a la atención médica y que promuevan la adopción como una posible alternativa.
Durante mi gestión como diputada nacional, hace ya 15 años, propuse una reforma en la ley de adopción: acortar los tiempos burocráticos que tienen las instituciones para que los niños no pierdan sus infancias en un hogar. Es su derecho tener una familia que les brinde el amor y la contención que merecen.
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En este 2024, “año de la defensa de la vida”, así como lo declaró el presidente de la República Argentina, Javier Milei, sigamos trabajando juntos en virtud del derecho humano más importante de todos. Insisto: cada vida cuenta, cada vida tiene valor y cada vida merece ser protegida.
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