
Los años electorales son determinantes para la economía nacional. El comportamiento político domina la economía en pos de maximizar los resultados en los sufragios. A la luz de nuestro desempeño económico, las necesidades de la política divergen con los objetivos de una macroeconomía estable, más aún, son determinantes para la inestabilidad crónica de la economía argentina.
Este año no parece ser la excepción. Tras un 2020 determinado por la pandemia, con un aumento abrupto del gasto público y la emisión monetaria; desde el último trimestre del 2020 se evidenciaba un frente fiscal en recuperación casi natural tras el gasto por asistencia social. En efecto, luego de un déficit fiscal primario (base caja) en 2020 de 6,4% del PIB corriente, se estima un resultado primario negativo del 3,5% del PIB, una mejora de tres puntos porcentuales de recuperación de la posición fiscal nacional y, en consecuencia, menores necesidades de financiamiento del Banco Central.
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En ese sentido, la dinámica monetaria también acusa un mejor panorama. Los informes monetarios del BCRA mostraron una disminución de la base monetaria durante los primeros cinco meses del año, con una contracción en mayo de -24,4% interanual, una buena señal para el objetivo de desinflación. No obstante, en junio se registró una nueva expansión de 7,1% mensual, debido a las compras de divisas al sector privado, lo cual se traduce en una nueva creación de dinero.
vTodo indica que los factores fiscales y monetarios, que son tradicionalmente impulsores directos de desalineamientos nominales –como nivel de precios y tipo de cambio– se establecieron en una fase de incipiente estabilidad, al menos en el período enero-mayo 2021. Sin embargo, por el año electoral se presentarán restricciones y tensiones sobre la gestión económica dominada por la política.
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Desde esa perspectiva, puedan plantearse dos escenarios posibles. El primero puede ser la postergación de la resolución de los desequilibrios y su profundización. Las distorsiones que se generan en períodos largos de inflación en niveles medios y altos, esencialmente sobre los precios relativos, presentan mayores dificultades cuanto más extenso es el período inflacionario y requieren arreglos de política económica de mayor profundidad (el plan Austral de junio de 1985 es un caso testigo). Si bien la estructura económica argentina es inherente a las tensiones de precios, dado su grado de primarización y débil desarrollo productivo, las económicas no adecuadas agravan aún más el problema inflacionario y sus efectos negativos en la distribución del ingreso, con consecuente profundización de desequilibrios.
El segundo escenario sería la aplicación efectiva de un programa de estabilización donde las medidas de austeridad fiscal tendrán un sesgo contractivo. El ajuste fiscal, principalmente sobre el sector privado, tiene efectos negativos sobre la dinámica económica. Si bien la necesidad de generar una posición fiscal de mayor solidez es auspiciosa y cardinal para la sostenibilidad fiscal, en una fase de estancamiento económico de varios años, una contracción fiscal por menor gasto o mayor presión impositiva tiene efectos negativos directos sobre el ingreso disponible de los agentes económicos, implicando retracciones sobre la demanda agregada. No obstante, si la austeridad fiscal es acompañada con eficiencia sobre el gasto social como elemento compensatorio, las decisiones de consumo e inversión en un escenario de consecuente desinflación y estabilidad cambiaria, deberían alentar una reactivación, como lo observado en el segundo y tercer trimestre de 2019.
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En suma, si dependemos de la dominancia de la política sobre la economía, estaremos nuevamente ante un ciclo de evitar soluciones y profundizar dificultades. La aspiración de estabilidad económica es una de las grandes motivaciones del voto, pero las recetas mágicas electoralistas no sirven, y terminan constantemente perturbando ese equilibrio. Esperemos que esta vez sea distinto.
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