La Fiscalía española ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que absolvió al futbolista brasileño Dani Alves del delito de agresión sexual.
El Ministerio Público argumenta que la resolución del TSJC es “arbitraria” y “no racional”, y que vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva al introducir hechos no probados y omitir la valoración de pruebas clave.
El caso se remonta a la noche del 31 de diciembre de 2022, cuando una joven denunció haber sido agredida sexualmente por Alves en el baño de una discoteca en Barcelona. En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona condenó al exjugador a cuatro años y medio de prisión, basándose en el testimonio de la víctima, informes forenses y periciales, y testimonios de testigos presenciales.
Sin embargo, en marzo de 2025, el TSJC revocó la condena y absolvió a Alves, alegando “insuficiencia probatoria” y señalando contradicciones en el relato de la víctima. El tribunal también interpretó que la presencia de ADN del acusado en la boca de la denunciante indicaba la existencia de una felación previa, lo que, según el TSJC, contradecía la versión de la joven.
Surgen dudas sobre los señalamientos hacia Dani Alves
La Fiscalía cuestiona esta interpretación, calificándola de “arbitraria” y “cruel” con la víctima. Argumenta que la presencia de ADN en la boca de la joven podría deberse a otras causas, como un beso o el intercambio de bebidas, y que no necesariamente implica una felación. Además, sostiene que el TSJC introdujo un hecho no probado al afirmar la existencia de dicha práctica sexual, lo que descalificó la credibilidad de la víctima y derrumbó el conjunto de pruebas que la respaldaban.
El recurso también critica que el TSJC omitió valorar otros elementos de prueba, como las secuelas psicológicas de la víctima, los informes forenses y los testimonios de los Mossos d’Esquadra y de las amigas de la denunciante. La Fiscalía considera que estas pruebas corroboran la existencia de una agresión sexual y que su omisión en la sentencia absolutoria constituye una vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva.
En su escrito, el Ministerio Público solicita al Tribunal Supremo que anule la sentencia del TSJC y dicte una nueva condenatoria, o que devuelva el caso al tribunal de apelación para que sea revisado por una sala diferente. La Fiscalía insiste en que la resolución del TSJC es “extraordinariamente injusta” para la víctima y que revive concepciones anticuadas sobre el consentimiento sexual.
Por su parte, la defensa de Dani Alves ha manifestado su confianza en la sentencia absolutoria y ha anunciado que presentará alegaciones contra el recurso de la Fiscalía. El futbolista, quien pasó 14 meses en prisión preventiva, fue liberado bajo fianza en marzo de 2024 y actualmente se encuentra en libertad provisional.
El caso continúa generando un intenso debate en la sociedad española sobre la valoración de pruebas en casos de agresión sexual y la protección de los derechos de las víctimas. El Tribunal Supremo deberá decidir en los próximos meses si admite el recurso de la Fiscalía y, en su caso, si revoca la absolución de Dani Alves.
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