Centros de datos agravan crisis de agua en Querétaro, acusan colectivos

Colectivos y activistas de Querétaro acusaron que la expansión de los centros de datos en la entidad afectan el suministro de agua en los poblados cercanos a las instalaciones también conocidas como data centers.

Los centros de datos son instalaciones que concentran servidores y requieren energía constante, sistemas de enfriamiento y medidas de seguridad para garantizar la operación ininterrumpida.

En su cuenta de Instagram, el colectivo estudiantil ‘UEMAS’ sostiene que la proliferación de data centers en Querétaro no representa un avance en modernización, sino una nueva forma de extractivismo.

De acuerdo con su denuncia, el funcionamiento de la inteligencia artificial a escala global depende de sacrificar suelo, saturar la red eléctrica y agotar el agua local.

En la misma publicación, afirmó que el gobierno estatal proyecta instalar 1.3 gigawatts de capacidad para estos centros hacia 2030, lo que, según estimaciones de la UAQ citadas por UEMAS, podría requerir entre 7 mil y 9 mil millones de litros de agua al año en un estado donde la sequía es recurrente.

Consumo hídrico y competencia con las comunidades

El colectivo resalta que entrenar y mantener modelos de inteligencia artificial demanda recursos finitos en un contexto de estrés hídrico. Si bien las empresas prometen sistemas sostenibles de circuito cerrado, UEMAS advierte que, en sus documentos técnicos, corporaciones como Microsoft reconocen que dependen de sistemas de enfriamiento evaporativo cuando la temperatura supera los 28 °C, condición que, según análisis climatológicos incluidos en la denuncia, se presenta en promedio 663 horas al año en Colón, especialmente durante la primavera, la época de mayor sequía.

El uso de agua en estos sistemas es consuntivo: se evapora y no regresa a las comunidades, lo que genera una competencia directa con el abasto de agua potable en periodos críticos.

Opacidad en concesiones y regulaciones

El colectivo señala que, en octubre de 2023, Microsoft obtuvo una concesión para extraer 25 millones de litros de agua anuales en Colón.

A escasos 500 metros de su complejo, existe otro pozo de 575 millones de litros a nombre de una inmobiliaria.

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), citados por UEMAS, el acuífero del Valle de Amazcala presenta una disponibilidad anual negativa de -22.16 millones de metros cúbicos.

Para el colectivo, el uso de empresas pantalla dificulta conocer el consumo real de las tecnológicas.

Comentó que en 2022, el Congreso local aprobó la denominada “Ley Kuri”, que permite otorgar concesiones de agua a privados hasta por 40 años y faculta a las empresas a suspender el suministro a familias que no puedan pagar.

Según la denuncia, esta ley clasifica a los data centers como “empresas de servicios”, lo que las exime de presentar manifestaciones de impacto ambiental y facilita cambios de uso de suelo en beneficio de intereses inmobiliarios.

Efectos sociales y ambientales

UEMAS denuncia que el proyecto de CloudHQ demanda 900 megawatts, equivalente a la energía de una ciudad mediana.

En ausencia de suficiente energía eléctrica, se han instalado turbinas de gas metano que, según el colectivo, emiten contaminantes asociados al asma y al cáncer. Además, los data centers generan islas de calor que pueden elevar la temperatura local en más de 2 °C.

En comunidades como La Esperanza, habitantes reportan cortes constantes de agua y apagones desde la llegada de Microsoft; en Viborillas, el abasto solo ocurre unas horas, tres días por semana, y el agua llega con sedimentos.

En este sentido, según el colectivo, los residentes deben limitar el tiempo de baño y reciclar cada gota, mientras que las instalaciones tecnológicas reciben millones de litros de agua purificada para sus sistemas de enfriamiento.

Movilización y exigencia de transparencia

Según UEMAS, la crisis hídrica recae principalmente sobre las mujeres, quienes asumen la carga del cuidado y la gestión del agua en los hogares. Organizaciones como Voceras de la Madre Tierra y otros colectivos enfrentan amenazas y agresiones por documentar el problema y exigir transparencia.

El movimiento ha recurrido a amparos y solicitudes de información pública, apelando al Acuerdo de Escazú y a tribunales federales, donde sostienen que las leyes de privatización violan derechos humanos y tratados internacionales.

En marzo pasado, una publicación de Presencia Universitaria UAQ citó a Teresa Roldán, integrante de Voceras de la Madre Tierra, quien señala que en Querétaro los centros de datos no están obligados a presentar manifestaciones de impacto ambiental, lo que impide conocer el consumo energético e hídrico real.

Roldán aseguró a dicho medio que, bajo el argumento de “prestar un servicio”, el Estado otorga agua a estas empresas para operar globalmente, aunque la población local enfrente restricciones y desabasto.

De acuerdo con Artículo 19, Querétaro es el epicentro nacional de data centers: actualmente operan 15, hay 16 en construcción y se han anunciado seis más.

Teresa Roldán estima que hacia 2030 podrían existir hasta 40 instalaciones en la entidad.

Finalemente, UEMAS calificó “No es sequía, es saqueo”, y exige transparencia total sobre los volúmenes de agua utilizados, la revocación de leyes privatizadoras y el fin de exenciones ambientales para las tecnológicas.