
Abrir la llave y ver agua transparente sigue siendo, para millones de personas, sinónimo de seguridad. Sin embargo, la calidad del agua no se limita a su color, olor o sabor. Existe un universo de contaminantes invisibles que circulan por ríos, acuíferos y redes de distribución sin que las autoridades los midan sistemáticamente y sin que la normativa los contemple plenamente.
Me refiero a lo que se conoce como contaminantes emergentes, como microplásticos, residuos de medicamentos, hormonas, pesticidas de nueva generación y sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), conocidas como “químicos eternos” por su permanencia prolongada en el ambiente.
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La Organización Mundial de la Salud reconoce que estos compuestos ya se detectan en fuentes de agua potable en distintas regiones del mundo, aunque todavía se está investigando sus efectos a largo plazo.
En México, la regulación de la calidad del agua sigue estancada en parámetros diseñados para otra época. La NOM-127-SSA1 se concentra en indicadores clásicos como bacterias coliformes, arsénico o flúor. Son variables indispensables, sin duda, pero claramente insuficientes frente a una realidad mucho más compleja.
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Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua documentó la presencia de fármacos, plaguicidas modernos y microplásticos en cuerpos de agua superficiales y subterráneos del país, sin que exista un programa nacional de monitoreo que permita dimensionar su impacto real. Lo que no se mide, simplemente no existe en la agenda pública y no se puede corregir.
En diciembre de 2025 se publicó la nueva Ley General de Aguas. Esta normativa reconoce de manera explícita que las Normas Oficiales Mexicanas deberán actualizarse para garantizar el derecho humano al agua. Esto supone una oportunidad para incorporar los avances científicos y las nuevas amenazas a la calidad del agua, sin embargo, la Ley habla de “calidad” de forma genérica y no establece criterios, listas de sustancias ni obligaciones concretas respecto a contaminantes emergentes. Al no especificar qué se entiende por agua segura en el contexto actual, el marco legal deja un amplio margen para la ambigüedad y la inacción regulatoria.
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El caso de los microplásticos es ilustrativo. Organismos internacionales, como la OMS y la UNESCO, han advertido en diversas publicaciones que estas partículas ya forman parte del ciclo hidrológico global y han sido detectadas incluso en agua embotellada y en la lluvia. Su tamaño microscópico les permite atravesar sistemas de tratamiento convencionales, diseñados para retener sólidos y patógenos, no polímeros sintéticos.

Algo similar ocurre con los residuos farmacéuticos como analgésicos, antibióticos y hormonas que llegan a ríos y presas a través de aguas residuales insuficientemente tratadas. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió que estos compuestos alteran ecosistemas acuáticos y favorecen la resistencia antimicrobiana.
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Tarde o temprano este será uno de los mayores retos de salud pública a nivel global.
La discusión no es técnica, sino política. Actualizar normas, invertir en monitoreo avanzado y modernizar plantas de tratamiento requiere recursos y voluntad. Es más cómodo seguir hablando de escasez que de contaminación silenciosa, de sequía que de calidad. Pero el acceso al agua no puede medirse sólo en litros disponibles, sino en litros seguros.
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El mayor riesgo del agua no siempre se ve, no huele ni se saborea. Puede cumplir con la norma vigente y, aun así, arrastrar sustancias que la regulación no especifica y el monitoreo no detecta. Mientras la ley siga hablando de “calidad” en abstracto y las normas no nombren aquello que ya contamina ríos, acuíferos y tuberías, la seguridad del agua seguirá siendo una promesa incompleta.
El agua puede ser incolora, inolora e insípida… y aun así estar contaminada. Reconocerlo no es alarmismo: es el primer paso para dejar de normalizar un riesgo que hoy fluye, silencioso, cada vez que abrimos la llave.
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* Ramiro López Aguirre. Vicepresidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación, “Agua en México”
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