De “El Vicentillo” a Iván Archivaldo: la descendencia de los capos mexicanos que no quisieron morir presos en EEUU

Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se presentará el lunes 1 de diciembre de 2025 ante la Corte del Distrito Norte de Illinois para oficializar un acuerdo de culpabilidad por al menos uno de los cargos que enfrenta por tráfico de drogas, asociación delictuosa y posesión de armas.

Documentos judiciales señalan que la audiencia está programada para las 13:30 horas y será el momento procesal en el que Guzmán López modifique su postura inicial frente a la acusación formal que contempla un total de cinco cargos federales.

Fuentes cercanas al procedimiento han señalado que la admisión de culpabilidad implicaría la negociación de beneficios penales a cambio de cooperación con autoridades estadounidenses. Esto podría incluir información sobre rutas de trasiego, operadores, estructuras financieras y conexiones políticas o policiales vinculadas al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el especialista David Saucedo, Guzmán López ha sostenido conversaciones con autoridades estadounidenses que alteran la dinámica criminal en México y obligan a las facciones internas del cártel a anticiparse a posibles cambios estructurales.

Sobre ello, Saucedo explica que la colaboración ocurre bajo una lógica interna: antes de proporcionar información, Guzmán López notifica a sus hermanos para evitar la caída de operadores clave, lo que ha generado ajustes dentro de la organización.

La tendencia criminal se repite: otros hijos de capos que se declararon culpables

La estrategia legal que ahora adopta “El Güero” refleja un patrón creciente. En la última década, varios hijos de líderes históricos del narcotráfico mexicano han optado por acuerdos de culpabilidad y cooperación judicial. Entre los casos más relevantes destacan:

Ovidio Guzmán López: “El Ratón”

En este mismo patrón destaca uno de los hijos más reconocidos de “El Chapo”. Tras su extradición, Ovidio Guzmán se declaró culpable en 2025 por delitos de narcotráfico y conspiración relacionados principalmente con tráfico de fentanilo. Su cambio de postura judicial abrió la puerta a una ruta de sentencia reducida y el resguardo de su familia más cercana en territorio estadounidense, condicionados a colaboración sostenida con fiscales estadounidenses.

Eso también llevó a que la aceptación modificara la dinámica interna del grupo criminal al reubicar liderazgo operativo entre Los Chapitos con los hermanos Guzmán Salazar.

Ismael Zambada Imperial: “El Mayito Gordo”

El caso más documentado en el entorno es Ismael Zambada Imperial, “El Mayito Gordo” e hijo de Ismael “El Mayo” Zambada. Tras ser extraditado, aceptó cargos en 2021 y recibió una sentencia de poco más de nueve años, misma que concluyó con su liberación posterior.

Su resolución judicial suele citarse como evidencia de cómo las declaraciones de culpabilidad pueden acelerar la salida penitenciaria de los llamados narco-junior, incluso en cortes federales con expedientes robustos.

Serafín Zambada Ortiz: “El Sera”

Otro referente directo es Serafín Zambada Ortiz, quien fue detenido en 2013 y declarado culpable un año después por importación de cocaína y marihuana. Su condena fue considerada moderada frente a la dimensión del expediente, y su liberación temprana se atribuyó al valor de su testimonio para el gobierno estadounidense, que buscaba construir acusaciones de mayor alcance.

Jesús Vicente Zambada Niebla: “El Vicentillo”

Uno de los casos más influyentes fue el de Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, quien aceptó cargos en 2013 y se convirtió en testigo clave en procesos contra líderes del narcotráfico como el propio Guzmán Loera. Su cooperación tuvo efectos directos en juicios federales posteriores.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar: “El Chapito”

Finalmente, en esta misma línea se integra Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien fue detenido en 2005 pero liberado tres años después por inconsistencias en la causa penal. Aunque no pasó por un proceso de colaboración formal como otros descendientes, su antecedente judicial y posterior ascenso operativo lo colocan como uno de los ejemplos más ilustrativos del reacomodo generacional dentro del Cártel de Sinaloa.

Otros descendientes y cercanos bajo la misma ruta: Emma Coronel y otros

A estos nombres se suma una lista creciente de herederos de estructuras criminales que han adoptado la declaración de culpabilidad como mecanismo de supervivencia legal, con el objetivo de evitar condenas de por vida y negociar protecciones futuras. Entre ellos hay integrantes de cárteles con presencia en el Pacífico, frontera norte y corredor del Golfo, cuyos procesos avanzan con menor exposición mediática.

El nuevo tablero judicial y un nuevo rastreo a los restos del Cártel de Sinaloa y Los Chapitos

La declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López coloca a Estados Unidos frente a una pieza estratégica. Si su cooperación avanza, podría aportar datos sobre rutas, operadores, finanzas y redes de protección del Cártel de Sinaloa, así como información que permita presiones judiciales contra mandos activos.

Sin embargo, especialistas advierten que estos acuerdos no siempre conducen a un desmantelamiento completo: las estructuras criminales suelen fragmentarse, regenerarse o profesionalizar su operación para compensar pérdidas.

Así mismo, este modelo de cooperación judicial enfrenta igualmente las siguientes críticas y riesgos:

• Credibilidad de los datos entregados: la información facilitada puede ser imprecisa o interesada, lo que reduce su valor probatorio.
• Seguridad de testigos y familias: la cooperación suele exponer a los informantes y sus allegados a represalias violentas.
• Reconfiguración del crimen organizado: con los jefes presos, las estructuras pueden mutar, adaptarse o fragmentarse, generando nuevos cárteles.
• Incertidumbre sobre sentencias reales: aunque aceptan culpabilidad, la pena final dependerá de muchos factores, incluida su cooperación continua, pruebas, contexto legal y decisiones judiciales.