FGR investiga a alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada

Según reportes, la Fiscalía General de la República (FGR) actualmente mantiene una investigación contra el alcalde morenista de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, en el estado de Baja California, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

De acuerdo al citatorio difundido, el funcionario fue citado este martes para asistir a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México. Sin embargo, no hay pruebas de que el alcalde haya salido de Tijuana para comparecer ante el Ministerio Público.

Además, se ha dado a conocer que dichas investigaciones son motivadas por presuntos vínculos de Ruiz con el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por fungir como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, señalado como enlace operativo entre el CJNG y la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La acusación formal contra Burgueño Ruiz se fundamenta en la presunta asignación directa de contratos millonarios del XXV Ayuntamiento de Tijuana a empresas vinculadas con figuras clave del crimen organizado, de acuerdo con la información publicada por Paco Zea.

Según señalan medios locales, durante el último año Ismael Burgueño habría utilizado el presupuesto del Ayuntamiento de Tijuana como una caja chica para su promoción personal, lo que, de acuerdo con la información de Francisco Zea, lo vincula de manera directa con Fernando Rafael Salgado Chávez, quien además organizó diversos eventos en la ciudad.

Cabe recalcar que la investigación de la Fiscalía General de la República continúa, y tanto Burgueño Ruiz como los otros implicados deberán comparecer en las próximas semanas para responder por los delitos que se les imputan. Cabe recalcar que hasta el momento el alcalde de Tijuana no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento respecto a las acusaciones.

El nombre de Fernando Salgado Chávez, empresario de origen ensenadense, ha pasado de ser un rumor en los círculos empresariales y políticos a convertirse en un tema central del debate público en la región. De acuerdo con medios locales, su ascenso se ha cimentado en una red de influencias que, según reconocidas fuentes periodísticas, le ha permitido ejercer un control significativo sobre la asignación de obras públicas en municipios clave como Tijuana, Rosarito y Ensenada.

La revista Zeta ha documentado la existencia de una estructura de funcionarios que, presuntamente, operan al servicio de intereses empresariales vinculados a Salgado Chávez. En este contexto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda volvió a ser mencionada en la polémica, luego de que, según lo reportado, celebró el Día del Padre en junio de 2024 en una residencia que publicó en su red social X (antes Twitter) y que, de acuerdo con registros, está a nombre de la empresa de Salgado.

Este hecho ha sido interpretado como un indicio de la cercanía entre el empresario y figuras del poder estatal.Durante la administración del exalcalde Armando Ayala en Ensenada, el papel de Salgado Chávez fue objeto de múltiples señalamientos, según lo expuesto por la periodista Adela Navarro Bello en el semanario Zeta.

Empresarios del sector construcción han señalado que proyectos de relevancia eran condicionados por Salgado, quien actuaba como un filtro informal capaz de definir qué obras avanzaban y cuáles quedaban relegadas. Esta dinámica, según los testimonios recogidos, consolidó su posición como operador clave en la región.