Así operaba la red de empresas fantasma de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

La reciente detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami, Florida, puso en el centro de la agenda pública la investigación sobre una de las mayores redes de empresas fantasma detectadas en el sector público mexicano, ligada al lavado de dinero y desvío de recursos por aproximadamente 3.000 millones de pesos.

Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el líder de este entramado financiero, eje de uno de los casos más relevantes de corrupción documentados desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La detención de Álvarez Puga ocurrió el sábado 24 de septiembre en Miami, Florida, aunque no se hizo pública hasta este lunes 27 de octubre.

El motivo directo fue una inconsistencia migratoria: no contaba con visa de trabajo, turista ni otro documento que avalara su estancia legal, por lo que las autoridades estadounidenses lo recluyeron en el centro de procesamiento de servicios de Krome North.

El empresario ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 con una visa de no migrante y contaba con autorización para permanecer en el país hasta el 13 de julio de ese año. En julio de 2021 salió hacia las Bahamas, pero no realizó su reingreso mediante el vuelo programado; en cambio, volvió a Estados Unidos por vía marítima el 10 de julio de 2021, sin ser inspeccionado por un oficial migratorio, lo que colocó su estancia en una situación irregular.

Posteriormente, el 11 de julio de 2022, Víctor Manuel Álvarez Puga presentó oficialmente una solicitud de asilo ante los servicios migratorios estadounidenses. Argumentó temer regresar a México debido a sus creencias políticas y a su pertenencia a un grupo social particular.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni el consulado de México en Miami han emitido un comunicado oficial o aclaración sobre el estatus del detenido, aun cuando la causa formal de su aprehensión es migratoria y no penal.

Álvarez Puga y Inés Gómez Mont son considerados prófugos de la justicia mexicana desde el 14 de octubre de 2021, fecha en la que el juez de control del Reclusorio Oriente libró órdenes de aprehensión en su contra por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La pareja huyó de México y desde entonces se mantuvo fuera del alcance de las autoridades.

Las investigaciones de las autoridades mexicanas apuntan a que Álvarez Puga y su hermano Alejandro crearon y gestionaron un complejo entramado de sociedades mediante su despacho Álvarez Puga & Asociados, con alcance en más de 40 ciudades del país.

Esta firma, con un perfil público de asesoría fiscal y legal, operó una estructura paralela dedicada a la constitución de compañías fachada, o “factureras”, cuya función era simular operaciones comerciales con organismos oficiales. El principal cliente de las empresas pantalla fue el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.

Las empresas factureras firmaban contratos que justificaban movimientos multimillonarios bajo el amparo de licitaciones públicas. Según la FGR, el despacho se encargó de formalizar empresas de papel sin actividades reales, personal o infraestructura propia.

A través de estos entes simulados, se emitieron comprobantes fiscales digitales a cambio de recursos públicos y, en múltiples ocasiones, el dinero se dispersó hacia cuentas ligadas a los principales involucrados.

La investigación oficial sostiene que la red encabezada por Álvarez Puga simuló transacciones con la finalidad de encubrir el desvío sistemático de fondos federales.

Entre 2016 y 2017, las empresas fachada realizaron cerca de 1.500 operaciones financieras, documentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Los recursos, que debían destinarse a la mejora de infraestructura penitenciaria o programas sociales, fueron canalizados a cuentas personales y de colaboradores, y se dispersaron a través de transferencias bancarias cuya complejidad dificultó el rastreo.

La Fiscalía señaló que el propio Álvarez Puga figuraba en la nómina de una de las compañías seleccionadas como proveedoras del Estado, por lo que parte de los recursos terminaron depositados de manera directa en sus cuentas y en las de su esposa, Inés Gómez Mont.

El modus operandi incluyó la expedición de facturas por servicios inexistentes, dispersión entre distintos bancos y simulación de actos de comercio. Los responsables del despacho estandarizaron la mecánica para reproducirla en diversos contratos, replicando el modelo en varias dependencias.

Además, la FGR detalló que se trianguló un total de aproximadamente 2.950 millones de pesos correspondientes a dos grandes contratos canalizados hacia seis empresas factureras.

Se piensa que del total de recursos implicados (3 mil millones de pesos), varios millones ingresaron directamente a las cuentas personales del matrimonio. El resto, según el expediente judicial, habría circulado por empresas operadas por prestanombres y cómplices, algunos de ellos servidores públicos y contratistas que ahora enfrentan cargos penales por su intervención en el sistema de defraudación.

Si bien la narrativa judicial ubica la responsabilidad directa de Álvarez Puga y Gómez Mont por fraudes de alrededor de 2.500 a 3.000 millones de pesos, estimaciones independientes especulan que el volumen real de operaciones y pérdidas para el Estado podría ser diez veces mayor, superando los 25.000 millones de pesos.

Mientras se resuelve el litigio migratorio en Estados Unidos, la defensa de Álvarez Puga cuenta con recursos legales aún disponibles para intentar prolongar su presencia en ese país y evitar la deportación; en paralelo, el Gobierno mexicano puede presentar solicitud formal para detención con fines de extradición, lo cual implicaría una eventual reclusión en una prisión federal estadounidense.

Al profundizar en las ramificaciones del caso, sobresale el nivel de vida que la pareja sostuvo fuera de México. Tras su salida en 2019, Álvarez Puga y Gómez Mont adquirieron propiedades en zonas exclusivas de Miami y Palm Beach, en particular una mansión que perteneció a la cantante Cher, con un valor superior a los 15 millones de dólares.

En paralelo, alquilaron departamentos en viviendas de lujo y fueron objeto de una demanda por falta de pago de renta en Art Plaza, donde la mensualidad ascendía a 2.800 dólares. Además, se identificaron inversiones inmobiliarias en Miami y Palm Beach por montos estimados en 11 millones de dólares.

La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía documentaron estos bienes como parte del posible producto del esquema de simulación fiscal operado por la red facturera.

En el ámbito familiar, la pareja fusionó a sus hijos de relaciones anteriores y tuvo dos más en común, Bosco y María. Inés Gómez Mont ya era madre de cuatro hijos —Inés, Diego, Javier y Bruno— fruto de su matrimonio con Javier Díaz Bravo, y Víctor Manuel tenía a su hijo Fran de su relación previa con Maricarmen López. Los siete hijos conviven en una familia numerosa. Esta composición familiar y su estilo de vida fueron recurrentes en redes sociales, donde mostraban viajes frecuentes y lujos.

Desde la emisión de la orden de aprehensión y la difusión mediática del caso, Inés Gómez Mont ha publicado mensajes en sus redes sociales afirmando su inocencia.

“Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada”, escribió en 2021.

Las investigaciones y procesos legales continúan en ambos países. El futuro judicial inmediato de Víctor Manuel Álvarez Puga y Inés Gómez Mont dependerá tanto del desenlace de la audiencia migratoria en Estados Unidos como de las actuaciones del las autoridades mexicanas.