
La captura de Nazario Ramírez Ramírez, secretario del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Jalisco, expuso el alcance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dentro de estructuras sindicales y políticas del estado. Considerado uno de los operadores logísticos del grupo criminal, Ramírez habría utilizado su posición en el sector del transporte para coordinar actividades ilícitas y encubrir operaciones del cártel.
El 15 de octubre de 2025, fuerzas federales detuvieron a Ramírez durante un operativo en la colonia Jardines del Bosque, ubicada en la ciudad de Guadalajara. La acción, encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gobierno de Jalisco, concluyó con la detención de tres personas y el aseguramiento de armas, drogas y vehículos.
Ante esto, los agentes ejecutaron cuatro órdenes de cateo en inmuebles vinculados al CJNG, logrando la captura de Nazario Ramírez, Juan Martín Espinosa “N” y Jorge Octavio Quezada “N”. Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien definirá su situación jurídica en los próximos días.

Un líder sindical con doble rostro: transporte y financiamiento criminal
Nazario Ramírez era conocido en Jalisco como un dirigente influyente dentro del transporte afiliado a la CTM. Su figura pública estaba ligada a la gestión de rutas, permisos y negociaciones gremiales. Sin embargo, detrás de esa fachada sindical, las autoridades lo señalan como un operador del CJNG encargado de extorsiones, cobros de piso y distribución de droga.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que Ramírez coordinaba actividades ilícitas tanto en Jalisco como en Puebla, donde mantenía presencia en el municipio de Oriental. De acuerdo con la investigación, utilizaba sus vínculos gremiales para controlar rutas de transporte, lavar dinero y mover mercancía ilícita con cobertura sindical.
También se precisó que las acusaciones incluyen lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos contra la salud, lo que amplía el espectro de los cargos que enfrentará.
Evidencias y red criminal
Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos armas cortas, diez cargadores, 186 cartuchos útiles, un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina, dos computadoras portátiles, teléfonos celulares y cinco vehículos, uno de ellos blindado, según los medios citados.
Los equipos de cómputo habrían sido utilizados para coordinar las operaciones criminales y gestionar las finanzas de la red. La presencia de un vehículo blindado refuerza la tesis de que Ramírez gozaba de protección y recursos logísticos proporcionados por el CJNG.
Las investigaciones también apuntan a que Ramírez mantenía una estructura paralela dentro del sindicato, con la que controlaba rutas de transporte en Tlajomulco y municipios colindantes. Estas posiciones le permitieron facilitar el cobro de cuotas y extorsiones, así como ofrecer servicios de transporte al cártel bajo apariencia legal.
Reacciones y deslindes políticos: de Fidel Concha a Pablo Lemus
El caso cobró relevancia política luego de que circulara una fotografía del gobernador Pablo Lemus junto a Nazario Ramírez. En declaraciones hechas a la periodista Carmen Aristegui, el mandatario reconoció haber coincidido con el líder sindical en eventos públicos, pero negó cualquier vínculo de protección:

“Sé reconocer a las personas con las que he coincidido; si cometió un delito, tendrá que pagarlo.”
Lemus confirmó que Ramírez era considerado un objetivo prioritario del gabinete de seguridad federal y aseguró que su gobierno colabora con la FGR para deslindar responsabilidades.
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