Olga Sosa Ruiz y Vector Casa de Bolsa: un vínculo que genera sospechas en Tamaulipas de posible huachicol fiscal

Una serie de operaciones financieras por más de 60 millones de pesos realizadas por familiares de la senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Olga Patricia Sosa Ruiz, han despertado sospechas sobre el posible uso de recursos de origen ilícito en la campaña de Américo Villarreal Anaya rumbo a la gubernatura de Tamaulipas en 2022. Las transacciones, efectuadas por la madre y la tía de la legisladora a través de Vector Casa de Bolsa, coinciden temporalmente con el periodo electoral y han sido vinculadas a presunto esquema de financiamiento paralelo y, a la vez, a posibles cercanías con temas del llamado huachicol fiscal en la entidad.

De acuerdo con documentos obtenidos por el periodista especializado Óscar Balderas, María Lorena Ruiz Garza, tía de la senadora, realizó el 2 de mayo de 2022 una conversión de dólares a 1.5 millones a pesos mexicanos, equivalentes a 30.7 millones aproximadamente.

Tan solo 25 días antes, la madre de Sosa Ruiz, Olga Patricia Ruiz Garza, efectuó una operación idéntica por 30.5 millones de pesos. Ambas transacciones se concretaron en fechas cercanas a la jornada electoral que dio el triunfo a Villarreal Anaya en la entidad.

En entrevista con el periodista Luis Cárdenas en “Nación Criminal”, Balderas subrayó que la coincidencia en montos, fechas y vínculos familiares refuerza la hipótesis de un patrón de financiamiento no declarado: “La sospecha es que ese dinero se habría utilizado para empujar la elección a favor de Morena”, afirmó el experto en seguridad y narcotráfico.

De igual forma, la existencia de una segunda factura fortalece la narrativa de un esquema sistemático canalizado por la misma casa de bolsa, lo que sugiere una estrategia coordinada para inyectar recursos a la campaña sin dejar rastros oficiales.

Vector Casa de Bolsa, presidida honorariamente por el empresario Alfonso Romo —antiguo jefe de la Oficina de la Presidencia con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador—, ha sido señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una entidad vinculada a presunto lavado de dinero a grupos del narcotráfico mexicano como el Cártel de Sinaloa o el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Sobre esa línea, el titular del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, incluyó a Vector igualmente en una lista de instituciones bajo vigilancia por presunta participación en el blanqueo de capitales provenientes del contrabando de hidrocarburos, conocido comúnmente como el famoso huachicol fiscal.

Este señalamiento internacional añade una capa de gravedad al caso, pues implica que las operaciones financieras realizadas por los familiares de Sosa Ruiz podrían haber sido facilitadas por una institución con antecedentes de falta de verificación en el origen de los recursos.

La senadora Sosa Ruiz ha sido relacionada con Sergio Carmona, apodado “El Rey del Huachicol” y asesinado en 2021 en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Carmona fue señalado como operador de una red de contrabando de combustibles desde Estados Unidos al utilizar empresas fantasma y facturación falsa.

De acuerdo con reportes de inteligencia e investigaciones periodísticas recientes, Carmona habría financiado campañas, prestado aeronaves y entregado efectivo a figuras como Américo Villarreal y Mario Delgado. Además, según estipula el propio Óscar Balderas, gestionó la contratación del cantante Julión Álvarez para un cierre de campaña en Tampico. Todo esto a petición de la legisladora Sosa Ruiz.

El modus operandi descrito por las fuentes consiste en que empresarios vinculados al huachicol fiscal, en complicidad con autoridades corruptas, obtienen millones de dólares por el tráfico ilegal de combustibles. Estos fondos son convertidos a pesos mexicanos mediante instituciones financieras que omiten verificar el origen de los recursos.

Finalmente, y una vez blanqueados, los capitales se destinan al financiamiento de campañas electorales, lo que evidentemente genera compromisos políticos con redes criminales.

Olga Sosa Ruiz negó cualquier irregularidad. En declaraciones recientes, afirmó no ser titular ni beneficiaria de las cuentas bancarias mencionadas y aseguró que los recursos pertenecen legalmente a sus familiares.

Además, indicó que las operaciones se realizaron mediante cheques nominativos y contratos formales de intermediación bursátil. “No existió ningún uso electoral, transferencia irregular o triangulación de recursos”, sostuvo la legisladora.

Sin embargo, la cercanía de Tamaulipas con la frontera y la relevancia del huachicol fiscal en la región han intensificado el escrutinio. Las revelaciones han generado inquietud en el ámbito político, especialmente por sus posibles implicaciones para Morena y el gobierno estatal.