
Candelario Arcega Aguirre, apodado anteriormente como “El Cande”, fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos junto a la exalcaldesa de Rosarito y actual diputada federal morenista, Hilda Araceli Brown Figueredo, y el empresario Jesús González Lomelí. Todos ellos, acusados de brindar soporte institucional y económico al Cártel de Sinaloa en Baja California. Su nombre figura en la lista de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, las cuales buscan desmantelar la red financiera de la organización criminal.
La historia pública de Arcega Aguirre comenzó en junio de 2009 cuando fue detenido en Ensenada junto a una veintena de personas; entre ellas, Fabián Ortega Piñón, “El Halcón de la Sierra” y posteriormente asesinado en Chihuahua en el año 2010. Según el Ejército Mexicano, bajo el mando del general Alfonso Duarte Mújica, “El Cande” responsable de producir y comercializar drogas sintéticas en ese entonces.
La captura ocurrió tras un operativo en el malecón, donde los implicados, a bordo del yate “María Alondra I”, intentaron destruir sus dispositivos de comunicación antes de ser trasladados a la Segunda Zona Militar en Tijuana.

Ese mismo año, el secuestro y asesinato de la modelo Adriana Ruiz Muñiz —quien, según versiones extraoficiales, habría alertado a las autoridades sobre la reunión en el yate— intensificó la violencia en la región. Aunque fue liberado y exonerado, Arcega Aguirre regresó a Rosarito y abrió negocios en transporte, mecánica y organización de eventos.
La red criminal actual: nexos con Los Mayos en Baja California
Su relación con el Cártel de Sinaloa se consolidó a través de la facción de “La Mayiza” y, en particular, con los hermanos Alfonso y René Arzate García, conocidos como “El Aquiles” y “La Rana” e identificados como operadores directos de Ismael “El Mayo” Zambada.
De acuerdo con las autoridades financieras norteamericanas, esta red ha controlado durante más de una década rutas de metanfetaminas, fentanilo y marihuana hacia California. Esto, a la par, ha logrado que se “laven” millones de dólares mediante negocios turísticos y de entretenimiento con apoyo de empresarios como González Lomelí y protección de operadores como “El Cande”.

Influencia política y contratos públicos: la “ceguera” en temas de seguridad en Rosarito
La relación personal de Arcega Aguirre con Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa y actual diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), habría facilitado la colocación de aliados en el gobierno municipal y la cobertura institucional de las operaciones de Los Arzate García.
Durante su administración, Arcega Aguirre y González Lomelí actuaron como intermediarios con la facción criminal al gestionar pagos de extorsión y asegurando protección del Departamento de Seguridad Pública del municipio. En el ámbito económico, Arcega Aguirre obtuvo contratos públicos durante la gestión de Brown Figueredo. A través de Grupo Karce, recibió adjudicaciones en 2023 para reparar vehículos oficiales.

El 23 de enero de 2024, la entonces alcaldesa firmó un contrato por más de 11.9 millones de pesos para adquirir ocho camionetas Dodge Ram para la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito, lo que benefició directamente a Arcega Aguirre como persona física sin que su empresa fuera concesionaria.
Violencia y controversia: las “narco-amenazas” desde 2016
El historial de Arcega Aguirre también incluye episodios de violencia. En junio de 2016, fue secuestrado por hombres armados en uno de sus salones de eventos y liberado una semana después tras un operativo policial, sin que se esclarecieran los motivos.
Su nombre ha aparecido en narcomantas atribuidas a grupos criminales, donde se le acusa de recibir protección de altos funcionarios estatales, reforzando la sombra que proyecta en la vida pública de Baja California.
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